Avanza propuesta de anticorrupción
MÉXICO, D.F., febrero 19 (EL UNIVERSAL).- La propuesta trabajada en conjunto por el PAN, PRD y la Red por la rendición de Cuentas, sobre la creación del Sistema Nacional Anticorrupción, señala que el Presidente de la República es considerado servidor público, y por lo tanto podría ser acusado de conflicto de interés, violaciones a la Constitución, a las leyes federales; así como por el manejo y aplicación indebidos de fondos y recursos federales, delitos cometidos por servidores públicos.
Asienta que serán responsables por violaciones a la Constitución y a las leyes federales, delitos cometidos por servidores públicos, así como por el manejo indebido de fondos y recursos federales y delitos graves del orden común.
Los servidores públicos estarán obligados a presentar, bajo protesta de decir verdad, su declaración patrimonial y de impuestos, así como la declaración detallada de sus intereses particulares, las que serán debidamente registradas y publicadas por la autoridad correspondiente, detalla el texto.
Determina que la comisión de delitos por parte de cualquier servidor público será sancionado por la ley general penal; recibirá sanciones administrativas por actos u omisiones; acreedores a suspensiones, destitución e inhabilitación, además de sanciones económicas; y la confiscación de bienes por los delitos de corrupción, enriquecimiento ilícito e inexplicable.
El documento, que se presentará en la Comisión de Puntos Constitucionales, otorga autonomía técnica y de gestión a la Auditoria Superior de la Federación (ASF), para decidir sobre su organización interna, funcionamiento y resoluciones, en los términos de la ley.
La Cámara Baja evaluará el desempeño de la ASF, dado que la función de fiscalización será ejercida bajo los principios de legalidad, definitividad, imparcialidad y confiabilidad, y podrá hacer visitas domiciliarias para exigir la exhibición de libros, papeles o archivos.
La Auditoría y sus homólogos en las entidades federativas podrán perseguir ante dichos tribunales a los particulares que incurran en hechos vinculados con faltas administrativas graves, resalta.
La propuesta ciudadana respaldada por las dos fuerzas políticas busca instituir un Tribunal Federal de Justicia Administrativa, responsable de imponer las sanciones; un Comité Coordinador y uno de Participación Ciudadana.
Además de facultar al Congreso para a emitir las leyes generales en materia de corrupción, enriquecimiento ilícito e inexplicable; la ley...
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