Autos, votos y corrupción
Los últimos dos procesos para elegir presidente de la República han estado precedidos por regularizaciones de vehículos ilegales. Este año la situación se repite.
El número de autos extranjeros que circulan en el país de manera ilegal oscila entre 1 millón y medio hasta 3 millones. Ni las secretarías de Hacienda y Comercio, ni Aduanas, ni las organizaciones campesinas saben con precisión cuántos son.
Son vehículos traídos por paisanos que trabajan en Estados Unidos y que cuando vienen de visita los dejan con sus familiares. Constituyen el patrimonio principal para miles de migrantes. Se les utiliza en labores del campo, como el transporte de granos. Sirven también para trasladar gente por caminos de terracería, a lugares alejados o zonas aisladas. Se les prefiere porque resulta más fácil y barata su adquisición en el vecino país y su posterior traslado a México.
La situación irregular de estos vehículos ha sido aprovechada por organizaciones campesinas -ligadas principalmente al PRI y en menor medida al PRD- para ganar militancia, la cual se traduce en fuentes de ingreso y votos potenciales en épocas de comicios. Para defender a los dueños de estas unidades, dichas agrupaciones se movilizan y ocupan con frecuencia instalaciones gubernamentales.
La situación de los llamados autos "chocolate" -palabra derivada de "chueco", ilegal- también ha causado polémica entre el presidente de la República y representantes del Poder Legislativo.
Este año surgieron dos medidas para tratar de resolver el problema. La primera fue el decreto firmado el 13 de marzo por el presidente Ernesto Zedillo para la importación definitiva de pick ups de dos a tres toneladas de peso, de modelos de una antigüedad de 10 años y anteriores.
Otra medida fue la iniciativa del diputado panista Felipe de Jesús Preciado Coronado, aprobada el 25 de abril en la Cámara de Diputados y "congelada" en el Senado cuatro días después. Pretendía regularizar además de todas las Pick ups, los vehículos Sedán y camionetas Van cuyos modelos fueran 1992 y anteriores.
La industria de automotores ha protestado por ambas propuestas. Arturo Avila, representante jurídico de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores, argumenta que el decreto, aunque se le llame de "importación definitiva", es una regularización disfrazada. Señala que por cada dos vehículos regularizados se pierde un empleo. En su opinión, la medida obedece más a fines electorales. "Son cuatro millones de votos". Acusa a...
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