La Auditoría Superior, sin ley
| Autor | Luis de Uriarte |
Creada para detectar irregularidades en el manejo de los recursos federales, la nueva Auditoría Superior de la Federación se encuentra maniatada: carece de una ley reglamentaria, por lo que es utilizada con fines partidistas; si descubre algún desfalco, sólo puede emitir observaciones; y, además, está imposibilitada para emprender acciones en contra de funcionarios corruptos.
No obstante, el titular del organismo, Gregorio Guerrero, confía en que en los próximos meses sea aprobada en el Senado la ley reglamentaria que le permitirá cumplir con los objetivos para los que fue creado.
El órgano de fiscalización entró en funciones desde el 1 de enero, y sustituye a la Contaduría Mayor de Hacienda, que está regulada por una ley que data de 1978.
Según Guerrero, no hay forma de saber si la corrupción en México ha aumentado o disminuido en los últimos años. Inclusive, reconoce que el aumento en la detección de irregularidades en el uso de recursos públicos no necesariamente significa que se reduzca la corrupción.
Intereses partidistas
-¿En términos generales cuáles son las diferencias entre la Contaduría Mayor de Hacienda y la Auditoría Superior de la Federación?
-Hay dos cosas que son muy importantes para nosotros. Primero, que nos dan autonomía. Aunque vamos a seguir en contacto con el Poder Legislativo, gozamos de autonomía técnica y de gestión. Actualmente la Comisión de Vigilancia y la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados nos indican determinadas revisiones que debemos hacer. Con la nueva ley vamos a decidir qué auditorías haremos. Actualmente nos hacen peticiones de auditorías con objetivos partidistas. Los priistas piden revisiones del gobierno de Guanajuato y los panistas de Tabasco. Pero con la autonomía las revisiones se harán pensando en los indicios que haya sobre irregularidades y no buscando un afán partidista. Otra diferencia importante es que ahorita solamente hacemos observaciones sobre las irregularidades que detectamos. No podemos fincarle responsabilidad a los funcionarios públicos que manejaron irregularmente los recursos. Con la nueva ley sí podremos hacerlo.
-¿Cuántas entidades tienen que vigilar?
-Podemos revisar las entidades que manejen recursos federales. A los tres poderes de la Unión, a los gobiernos federal, estatal y municipal, y a los entes autónomos como el IFE, la Comisión Nacional de Derechos Humanos o el Banco de México.
-¿Cuántas dependencias en total son las que la Auditoría deberá...
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