Iniciativa parlamentaria que reforma los artículos 2o. y 10 de la Ley General de Cultura Física y Deporte, para obligar a los centros penitenciarios y reclusorios a incluir al deporte como un método para lograr la rehabilitación y reinserción a la sociedad de los reclusos en México., de 21 de Noviembre de 2013
Que reforma los artículos 2o. y 10 de la Ley General de Cultura Física y Deporte, a cargo de los diputados José Francisco Coronato Rodríguez y Gerardo Villanueva Albarrán, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
José Francisco Coronato Rodríguez y Gerardo Villanueva Albarrán, integrantes de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración del pleno de esta asamblea iniciativa con proyecto de decreto que adiciona una fracción VI al artículo 2, y se recorren las demás, y un párrafo al artículo 10 de la Ley General de Cultura Física y Deporte, al tenor de la siguiente Exposición de Motivos
El actual sistema penitenciario mexicano ha demostrado su total ineficacia e incapacidad para readaptar, pues mientras más se endurecen las penas, mayor es el índice de reclusos reincidentes y menor la satisfacción en readaptación y reinserción de los miles de internos recluidos en los centros penitenciarios. Así, las cárceles se convierten en autenticas universidades del crimen.
Actualmente, la precariedad e ineficacia de los programas de readaptación social se han ido profundizando con el aumento desmedido de los reclusos; la corrupción parece haber aumentado; los recursos por recluso disminuyeron; el control interno de las cárceles está cada vez más en manos de pandillas y liderazgos de algunos reclusos; los programas de educación son poco efectivos, y la disociación es cada vez mayor.
El sistema penitenciario en el país está en crisis y requiere de una reconstrucción inmediata. De acuerdo con datos de la organización México Evalúa, Centro de Análisis y Políticas Públicas, las cárceles mexicanas en la actualidad no reinsertan ni rehabilitan, más bien arruinan vidas. Las 420 cárceles del país están sobrepobladas en promedio en 124 por ciento por ciento de su capacidad, es decir, conviven 242 mil prisioneros en espacios diseñados para 195 mil.
Los estados con las cárceles más sobrepobladas son Nayarit, que trabaja a una capacidad actual de 188 por ciento; el Distrito Federal, a 184 por ciento; y Jalisco, a 176 por ciento.
Incluso, tres prisiones de alta capacidad en la Ciudad de México superan su ocupación en más de 200 por ciento: los reclusorios preventivos sur (274.17 por ciento), oriente (225.87) y norte (217.65).
En la cárcel distrital de Tepeaca, Puebla, la sobrepoblación llega a 400 por ciento: en ella conviven 266 internos en un espacio diseñado para 46. Este tipo de hacinamiento, es contrario a las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos, de la Organización de las Naciones Unidas.
Lo que parece explicar la política penitenciaria en México es "la justicia retributiva y desproporcionada", la aprobación de sentencias cada vez más extensas sin dejar espacio a la posibilidad de la reinserción; por lo que a escala nacional la reincidencia es de 15.5 por ciento y hay estados en donde es de más de 20 por ciento, "lo que indica que los centros penitenciarios no están siendo eficaces ni eficientes en su labor de reinserción social.
El segundo párrafo del artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala:
El sistema penitenciario se organizará sobre la base del trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte, como medios para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir, observando los beneficios que para él prevé la ley.
Sin embargo, ninguno de los principios torales de la reinserción social se cumple, por lo que los internos lejos están de contar con estos servicios, y en consecuencia hacer una realidad la rehabilitación social.
El sistema penitenciario se encuentra en una profunda crisis originada por la saturación de sus penales y reclusorios, lo que incapacita al sistema para lograr la reinserción social de los inculpados.
Hay incumplimiento de estándares básicos en todos los niveles del sistema de procuración, administración de justicia y de reinserción social. En cada una de las instancias, desde la aprehensión del detenido hasta su confinamiento en la prisión, existe una alarmante falta de apego a estándares mínimos del debido proceso, que minan la credibilidad del sistema de justicia penal en su conjunto.
Un aspecto de suma importancia en la readaptación social de los sentenciados radica en que en los que los centros penitenciarios no establecen políticas ni programas que contribuyan a la recuperación y tratamiento de las personas en estado de...
Para continuar leyendo
Solicita tu prueba