Apuestan invasores a juicio inmobiliario
| Autor | Samuel Adam |
La familia Fernández Hernández enfrenta una batalla legal para retener la propiedad de un edificio en Azcapotzalco, que por ahora controla una agrupación defensora de la vivienda.
Hace 13 años, Lourdes Hernández Bernal recibió como herencia de madre Ernestina Bernal un edificio de cinco departamentos en Avenida Central 242, en la Colonia Pro Hogar.
En uno de estos departamentos, Hernández Bernal vivía con su esposo y los otros cuatro estaban en renta desde años atrás, pero nunca escrituró la propiedad a su nombre.
Cuatro años después, Lourdes sufrió un paro cardiaco que le dejó parálisis en toda la parte derecha de su cuerpo y cara, además de quitarle la facultad de hablar, por lo que se mudó con su esposo Arturo Fernández a Querétaro, dejando los demás departamentos en renta para pagar su tratamiento.
El edificio, valuado en 3 millones 700 mil pesos por una inmobiliaria, fue ofrecido a los inquilinos a través de una carta oferta para que pudieran comprarlo, ya que pagaban de mil 800 a dos mil 700 pesos por alquiler.
"A finales de mayo, vecinos de la propiedad me marcan y me dicen que los inquilinos acaban de poner una manta de una asociación", comenta en entrevista Lourdes Fernández Hernández, hija de la heredera.
La manta presumía los logos de Movimiento Nacional por la Esperanza, organización encabezada por el perredista René Bejarano, y del Bloque Urbano Popular (BUP), que depende de dicha organización.
Desde entonces, los ocupantes dejaron de pagar la renta a la heredera para realizar cuotas a la agrupación, según informaron a los propietarios.
"Este inmueble está protegido y resguardado por el Bloque Urbano Popular. Vivienda sí, desalojo no!!! Respeten nuestro derecho al tanto", luce en la manta colgada afuera de la propiedad, con los logos además de la CDMX y del Instituto de Vivienda (Invi).
Los miembros del BUP ofrecieron pagar el edificio en un millón 750 mil pesos, con un enganche de 400 mil pesos y el resto después de entregar toda la documentación, con recursos que, se supone, el Invi brindaría.
Según la denuncia impuesta en un Ministerio Público de la Delegación Azcapotzalco en junio por Pablo Fernández Hernández, hijo y apoderado legal de la dueña, él mismo verificó que existieran créditos en el Invi, donde le dijeron que no sería hasta 2017 cuando se entregaran nuevos créditos.
Gabriel Mayorga, quien se presenta como coordinador nacional del BUP en la manta y asegura manejar una agenda de 180 predios, negó que la agrupación...
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