Aprueban juicios orales para menores infractores
| Autor | Claudia García |
A menos de un mes de que venza el plazo legal para que los Estados legislen en favor de los menores infractores, el Congreso local aprobó ayer en comisiones una homologación a la Constitución federal y un nuevo sistema de justicia para adolescentes, que permite la implementación de juicios orales.
El Congreso federal aprobó una reforma constitucional, vigente desde marzo pasado, que obliga a los Diputados locales de todo el país a adecuar su normatividad local en un plazo máximo de seis meses, que concluye el 12 de septiembre próximo.
La disposición establece, entre otras normas, que el internamiento de menores infractores se utilizará sólo como medida extrema y por el tiempo más breve posible.
Ayer, dentro de la Comisión de Legislación del Congreso de Nuevo León, los integrantes aprobaron la homologación del artículo 17 de la Constitución local al 18 de la federal, reformas a seis leyes y la creación de la Ley de Justicia para Adolescentes Infractores.
El documento establece que sólo quienes tengan 14 años o más podrán ser privados de su libertad y únicamente por los delitos más graves.
El dictamen que sería aprobado hoy en el pleno del Congreso plantea sustituir al Consejo Estatal para Menores -que detiene, investiga, juzga y aplica sanciones- por el Centro de Internamiento y de Readaptación de Adolescentes Infractores, que se encargará exclusivamente de aplicar y dar seguimiento a las sentencias.
También propone sanciones alternas como servicio comunitario, restauración a la víctima, obligación de inscribirse en una escuela y otras.
Los casos serían manejados por Ministerios Públicos, Defensores de Oficio y Jueces especializados, dentro del formato de los juicios orales.
El dictamen propone aumentar de 12 a 14 la cantidad de Magistrados del Tribunal Superior de Justicia, ante la carga de trabajo que aumentaría tras la reforma.
El documento incluye también cambios a las leyes Orgánicas del Poder Judicial y de la Administración Pública del Estado, de la Defensoría de Oficio, de Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes y de Acceso a la Información Pública, además de al Código Penal.
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