Ana Laura Magaloni / El nuevo procurador
| Autor | Ana Laura Magaloni |
Hoy inicia un nuevo gobierno y, con ello, el tic tac del reloj empieza a correr de forma acelerada para que el presidente Enrique Peña Nieto y su gabinete puedan darle rumbo y potencia a nuestro país. La designación de Jesús Murillo Karam (aunque falta la ratificación del Senado) como procurador general de la República es una muy buena noticia. Murillo Karam, durante la administración de Calderón, fue una pieza clave para que se aprobaran las reformas constitucionales más importantes del sexenio anterior: la reforma de acciones colectivas, la reforma de derechos humanos, la reforma de amparo y la reforma al sistema de procuración e impartición de justicia. Todas estas reformas fueron diseñadas y aprobadas en mancuerna PAN y PRI. A la cabeza de estos procesos de diseño y cabildeo político estuvieron Jesús Murillo Karam, por parte del PRI, y Fernando Gómez Mont, por parte de la administración panista de Felipe Calderón.
Falta mucho para que cada una de esas reformas sea operativa y despliegue todo su potencial transformador. Muchas de ellas aún no cuentan siquiera con leyes reglamentarias. No obstante, el común denominador de todas ellas es que tienen el propósito de construir los cimientos jurídicos de la ciudadanía y de fortalecer a la sociedad civil organizada, al dotarla de nuevos instrumentos legales para impulsar sus causas y lograr que las acciones de gobierno se hagan cargo de un gran abanico de demandas sociales.
A Murillo Karam le tocará implementar a nivel federal y liderar políticamente a nivel local la reforma penal. Estoy convencida de que la forma en que opera el sistema de procuración e impartición de justicia constituye una manera de medir la calidad y profundidad de una democracia. Uno de los objetivos centrales de cualquier régimen democrático es establecer un modo de ordenación de la vida colectiva en donde el ejercicio del poder esté limitado jurídica y políticamente. Ello permite que los ciudadanos cuenten con ámbitos reales para ejercer su libertad y sus derechos. No hay poder más amenazante para el ejercicio de los derechos ciudadanos que el que pueden ejercer los delincuentes violentos, por un lado, y las instituciones de seguridad, por el otro. Ambos, de formas distintas, tienen capacidad para ejercer coacción física en contra de los ciudadanos. Sin embargo, mientras que los delincuentes, por definición, lo hacen violando las leyes, en cambio, las Fuerzas Armadas y los policías deben ejercer la coacción conforme a la...
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