Ana Laura Magaloni Kerpel / Regresión autoritaria
| Autor | Ana Laura Magaloni Kerpel |
El diagnóstico es claro: México atraviesa una grave crisis de seguridad, con altas tasas de impunidad y con un sistema de procuración e impartición de justicia débil y corrupto. Según el fiscal general, el paquete de iniciativas que se filtró tiene por objeto resolver estos problemas. Una parte de esas iniciativas busca abandonar la ruta que había planteado la reforma constitucional de 2008. Dicha reforma pretendía transformar un sistema de justicia penal autoritario en uno que cumpliera con los principios de un régimen democrático: presunción de inocencia, debido proceso, transparencia, etcétera. En el paquete de iniciativas se contempla, por ejemplo, el arraigo para todo tipo de delitos o la posibilidad de que pruebas recabadas ilícitamente puedan ser válidas en juicio. Ello es propio de regímenes autoritarios. Valdría la pena entender por qué llegamos aquí y cómo resolver los graves y viejos problemas de nuestro sistema penal sin renunciar a la posibilidad de construir uno propio de una democracia constitucional.
La reforma de 2008 buscaba, entre otros objetivos, profesionalizar el trabajo de las procuradurías a través de elevar los controles judiciales a su actuación, así como a la calidad de las pruebas aportadas en el juicio. La apuesta era terminar con la tortura y la fabricación de culpables propias de la investigación criminal del viejo régimen y obligar al Ministerio Público y a la policía de investigación a hacer bien su trabajo. Ello, se creía, permitiría que el sistema de persecución criminal comenzara a desarrollar verdaderas capacidades investigativas y de acusación, sobre todo en delitos de alto impacto.
Nada de ello sucedió como estaba pensado. Calderón y Peña Nieto nunca le apostaron a la transformación del sistema penal. Tampoco lo hicieron los gobernadores, salvo honrosas excepciones. A la clase política, hasta ahora, le ha parecido profundamente amenazante renunciar al poder que les ha dado controlar políticamente la procuración de justicia. Por ello, la reforma de 2008 se quedó huérfana de liderazgos políticos que le apostaran a su implementación. El plazo de 8 años que establecía la Constitución para la implantación de la reforma transcurrió sin que nadie estableciera y liderara una ruta de navegación. Calderón guardó en el cajón la reforma y Peña Nieto, a dos años de que venciera el plazo constitucional, promovió la aprobación de un Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP) que sí hizo efectivo de un día a...
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