Ana Laura Magaloni Kerpel / FGR: lo que está en juego

AutorAna Laura Magaloni Kerpel

El martes pasado, más de 200 representantes de organizaciones civiles, académicos, profesionistas y empresarios se dieron cita en el Ángel de la Independencia para mostrar la amplia demanda social que existe para que se reforme el Artículo 102 constitucional y sea viable la posibilidad de crear una Fiscalía General autónoma.

Ese mismo día, en la reunión plenaria del grupo parlamentario del PRI en el Senado, Enrique Ochoa hacía pública la posición de su partido para que el Procurador General, Raúl Cervantes, se convierta en el Fiscal General por nueve años.

Para ello necesitan aprobar la Ley Orgánica de la Fiscalía y el PRI sólo requiere el apoyo de algunos senadores y diputados de otros partidos. Espero que el PRI recapacite. Imponer a Cervantes de esa manera, sin abrir un proceso de designación con varios candidatos, en donde exista el escrutinio y debate público que ese cargo requiere, haría que la Fiscalía General naciera herida de muerte.

Lo que está en juego con la transición de la PGR a la FGR es la posibilidad de construir un nuevo modelo de gobernabilidad.

La procuración de justicia en México ha sido una forma de ejercer el poder. Venimos de un régimen político en donde la aplicación selectiva del castigo penal en función de los intereses políticos del Presidente en turno fue uno de los instrumentos más poderosos de gobernabilidad y de control político.

La Procuraduría sirvió para dar certeza a la élite de que ninguno de sus miembros, salvo que el Presidente lo ordenara, tendrían responsabilidades penales como consecuencia de sus actos. Con ello, la corrupción quedaba blindada. Sólo los detractores del poder iban a ser sancionados.

Este pacto implícito de impunidad, administrado por el Procurador en turno, funcionó, por varias décadas, para garantizar cooperación, lealtad y cohesión políticas en torno a la figura del Presidente.

El problema es que las condiciones que hacían funcionar ese modelo de gobernabilidad han desaparecido. Hace tiempo no existe un régimen político de partido hegemónico y la actividad delictiva del País se ha complejizado y agravado.

Ello hace que la Procuraduría ya no tenga la fuerza para producir ese tipo de gobernabilidad y sí en cambio tenga enormes costos preservar la vieja institución.

Necesitamos una Fiscalía que sea una amenaza creíble de castigo para todos, que no funcione con criterios políticos para decidir a quién se investiga y a quién se...

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