Ana Laura Magaloni / El botÃn
| Autor | Ana Laura Magaloni |
Veinte mil millones de pesos es lo que, según el consejero de la Judicatura Federal Luis María Aguilar, costará la implementación de la reforma penal en los tribunales federales. La cifra es tan absurda que genera suspicacias. ¿Qué significa, en términos políticos, que el Consejo de la Judicatura Federal afirme que la implementación de la reforma penal, sólo a nivel federal, costará 300 por ciento más que la reforma penal chilena? Veamos primero lo absurdo de la cifra, para después analizar sus implicaciones políticas.
Está claro que la reforma penal en México costará más que la chilena, dadas las dimensiones del país, la precariedad de algunas instituciones penales locales y las diferencias significativas en el tamaño de la población. Sin embargo, de lo que se trata es de evaluar cuánto puede costar la reforma penal en México utilizando como parámetro el costo de una reforma similar y exitosa como es el caso de la chilena.
La reforma penal en Chile, la cual se ha venido implementando desde el año 2000, ha costado 6 mil 800 millones de pesos. Con este dinero, Chile no sólo tuvo que llevar a cabo el conjunto de acciones que también se requieren en México para implementar la reforma, como son remodelar juzgados, capacitar al personal, elaborar una reingeniería de procesos, comprar el equipo que se necesita para grabar las audiencias, reorganizar la defensoría pública, etcétera. Los chilenos, a diferencia del caso de México, además tuvieron que construir desde cero la institución del Ministerio Público que antes de la reforma no existía. Ello explica que poco más la mitad de los recursos públicos, 3 mil 690 millones de pesos para ser exacta, se hayan destinado a infraestructura. Este año Chile termina con la implementación y los resultados están a la vista de todos.
Una manera de evaluar el posible costo en México de la reforma penal en el ámbito federal es comparando las cargas de trabajo de los juzgados penales federales mexicanos y las de los juzgados penales chilenos. De acuerdo con la estadística judicial oficial de ambos países, en 2007, en Chile ingresaron a los juzgados penales 484 mil 976 asuntos, mientras en México en los juzgados federales se iniciaron 47 mil 852 procesos penales. Es decir, la carga de trabajo de la judicatura federal mexicana en materia penal es 10 veces menor que la de los juzgados penales chilenos. ¿Cómo explicar entonces que la implementación de la reforma penal federal se calcule que va a costar 300 por ciento...
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