¿AMLO juega al gato y el ratón con la industria minera?
| Fecha de publicación | 20 Abril 2023 |
Por Luis Miguel González
Las iniciativas de Leyes para reformar la minería tienen a los empresarios de ese sector en vilo. ¿Se discutirá en este mes o se irá hasta septiembre? ¿Tendrá cambios o se aprobará sin cambiar un punto ni una coma? ¿Hay espacio real para mejorar el marco normativo de una industria clave?
Estamos hablando de reformas que tocan la Ley Minera; la Ley de Aguas Nacionales y la Ley de Equilibrio Ecológico, entre otras. Implican un cambio profundo de la forma en que opera este sector que invirtió 5,000 millones de dólares en 2022. Aporta el 2.5% del PIB; genera alrededor de 400,000 empleos directos y paga alrededor de 70,000 millones de pesos en impuestos y derechos. La propuesta está en manos de los diputados de las comisiones de Energía y de Economía. Desde el Gobierno, el motor que impulsa la ley está en la Secretaría de Economía, donde se encuentra la Dirección General de Minas.
Son muchos cambios a una ley que está en vigencia desde 1992. Reducen la vigencia de las concesiones mineras desde los 50 años actuales hasta 15 años. Para obtener una concesión, las mineras están obligadas a obtener el consentimiento de los pueblos y comunidades donde se asienta la explotación minera. Se implementa una figura de concesión de agua para uso específico en minería, con lo que el uso de agua por parte de las mineras queda sujeto a disponibilidad y, además, estas empresas tendrán la obligación de medir y monitorear las aguas que descargan.
La propuesta fue presentada el 24 de marzo y desde el primer momento generó mucha preocupación en las empresas del sector minero y apoyo entusiasta entre grupos de defensa del medio ambiente. La industria advierte: Podrían perderse 9,000 millones de dólares de inversiones en el sector. Están en riesgo 23 proyectos que arrancarían entre 2023 y 2028, según la Cámara de la Industria Minera. Podría haber litigios y controversias en el marco del T-MEC, dado que los mayores inversionistas son empresas canadienses.
Los empresarios llaman la atención sobre el acortamiento de los tiempos de la concesión y la incertidumbre jurídica derivada de mayores riesgos medioambientales y de relación con las comunidades. Con 15 años, es muy difícil recuperar las cuantiosas inversiones que requieren las explotaciones mineras. La opción de renovar por otros 15 años, que contempla la ley no les parece suficiente. Argumentan que en otros países mineros las concesiones tienen vigencia por periodos más...
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