Alertan a Michoacán de trato a detenidos

AutorCésar Martínez

Las diferentes instalaciones usadas por el Gobierno de Michoacán para la reclusión de personas presentan situaciones de riesgo que pueden derivar en tortura o maltrato, advierte un reporte de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

De acuerdo con el Informe 03/2016, dado a conocer ayer, la Comisión detectó deficiencias en las condiciones de ingreso y estancia en 8 prisiones, 6 agencias del ministerio público, un tutelar, un centro de arresto, tres albergues para menores y un hospital psiquiátrico de ese estado.

Por ejemplo, expone, en las cárceles de Apatzingán, Ario de Rosales, Morelia, Pátzcuaro, Uruapan, Zitácuaro y Charo persiste el autogobierno, el hacinamiento y la imposición de sanciones disciplinarias a los presos como el aislamiento por 24 horas y la restricción de comunicaciones telefónicas sin derecho a audiencia.

Además hace hincapié en las deficientes condiciones de mantenimiento e higiene en las celdas, la alimentación insuficiente y la carencia de áreas exclusivas para las mujeres.

El personal de la CNDH documenta que en las agencias del ministerio público y el separo de la Policía de Morelia no se proporciona alimento a las personas detenidas, tampoco hay un lugar exclusivo para alojar a mujeres y las instalaciones carecen de mantenimiento.

También evidencia que los exámenes médicos se practican frente a policías, lo que organizaciones civiles han señalado que puede inhibir la denuncia de la tortura.

La CNDH refiere que tanto el Centro de Integración para Adolescentes de Morelia como las casas hogares del DIF estatal -dos de ellas ubicadas en la capital del estado y una más en Tarímbaro- no cumplen con las normas internacionales referentes a brindar a los menores una estancia digna bajo condiciones de higiene y privacidad.

De igual forma reporta que en el hospital psiquiátrico "Dr. José Torres Orozco" se ubicó a cuatro personas internadas por orden judicial y que las instalaciones no reúnen las condiciones de seguridad para su alojamiento.

"La carencia de instalaciones adecuadas para el alojamiento de los usuarios que han cometido una conducta delictiva y que están sujetos a un procedimiento penal o cumpliendo una medida de tratamiento, pone en riesgo la seguridad de la citada unidad hospitalaria", sostiene el informe.

El ombudsman Luis Raúl González solicitó al Gobernador Silvano Aureoles designar a un funcionario que dé seguimiento a las...

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