Alertan: 'La justicia no se consulta'
| Autor | Víctor Fuentes |
Arturo Zaldívar pidió a los demás ministros "integrar la voz de todas las personas al debate público", y dos horas y media después, la Suprema Corte de Justicia autorizó la primera consulta popular que se realizará en México.
Todavía molesto, diez años después, por la derrota de su proyecto contra el gobierno de Felipe Calderón en el caso de la Guardería ABC, Zaldívar abrió el debate sobre la solicitud del Presidente López Obrador de someter a consulta la posibilidad de investigar a cinco ex presidentes, exigiendo a la Corte maximizar el derecho de los ciudadanos a participar.
"Lo que no podemos hacer es cerrar las puertas a la opinión ciudadana por temor a un escenario catastrófico de populismo penal. Los riesgos de una democracia débil o mal entendida no se solucionan clausurando los debates, la libertad de expresión o la participación ciudadana", dijo.
El ministro fijó el tono de la sesión por videoconferencia, insistiendo que la función de la Corte en este caso no era jurisdiccional ni técnica, sino política.
Pero ya en lo técnico, Zaldívar arregló el problema interpretando que la Constitución permite que el resultado de las consultas populares no sea vinculante para las autoridades, en particular las de procuración y administración de justicia, incluso si participa 40 por ciento del padrón electoral, que es el requisito para que generen obligaciones.
Alfredo Gutiérrez se sumó a la idea. La consulta sólo obligaría al Ejecutivo a "recopilar información" sobre hechos de los 30 años previos, para en su caso activar procesos judiciales, que no estarían sujetos al voto popular.
En cuanto a la presunción de inocencia de los ex presidentes, Zaldívar no encontró riesgo de estigmatizarlos, porque "son personalidades públicas que ocupan una dimensión política e histórica en nuestro país y, por tanto, se convierten en sujetos de interés para la deliberación pública".
Para Alberto Pérez Dayán y Yasmín Esquivel, la materia de la consulta es la responsabilidad de los servidores públicos, tema que sí puede ser sometido a voto popular, mientras que Juan Luis González Alcántara lo avaló por estar encaminado "al esclarecimiento de la verdad".
Margarita Ríos-Farjat, la ministra de más reciente ingreso, deploró que no se hubiera aprobado ni una sola consulta popular desde la reforma de 2012 que las creó.
Las respuestas más duras a la mayoría fueron de los ministros Norma Piña y Javier Laynez, que no ocultaron su molestia.
"Se pretende consultar si el...
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