Alejandra Rangel / Legalizar

AutorAlejandra Rangel

Los numerosos debates y publicaciones en torno a la despenalización del aborto en el DF han mostrado la polarización total de la sociedad entre grupos sociales provenientes de distintas corrientes ideológicas: la Iglesia católica, los ultra conservadores, los partidos políticos, organizaciones ciudadanas, científicos e intelectuales, funcionarios y medios de comunicación, entre otros.

El gobierno de la Ciudad de México ha explicado que no pretende establecer el aborto per se, o la disputa por el cuerpo femenino, como lo han manejado muchos de los grupos mencionados, sino que intenta la construcción de una nueva racionalidad sustentada en hechos reales estadísticos acerca del número de abortos, muertes y abusos que se cometen en la clandestinidad. Para ello toma como base algunos datos del Consejo Nacional de Población (Conapo), que en 1995 contabilizó 110 mil abortos inducidos en todo el país, cifras que actualmente llegan, según otros estudios, a1 millón, pero debido a su naturaleza ilegal no es posible tener cifras confiables y tal vez nos encontramos ante un fenómeno de mayor magnitud.

Frente a estas realidades, la necesidad de legalizar la práctica del aborto es inminente al tratarse de un problema serio de salud pública, de una causa de muerte que atenta contra los grupos sociales más desfavorecidos, quienes no cuentan con los recursos suficientes para pagar médicos y clínicas competentes, o bien con medios para atenderse en el extranjero, como lo hacen las clases privilegiadas. Tan sólo una clínica privada en El Paso, Texas, reveló que el 35 por ciento de sus pacientes que solicitaban un aborto inducido eran mexicanas, lo cual representa a 560 mujeres al año (La Jornada, 31 de marzo, 2007).

Como punto importante debemos destacar que en los países donde la práctica del aborto es ilegal, el porcentaje de muertes es mayor. Asimismo, la mujer, una vez tomada la decisión, procede con o sin autorización legal. Es falso que al legalizarlo aumente su incidencia, el propósito es evitar el abuso y las condiciones inseguras, así como los riesgos que enfrentan las mujeres.

Asombra que ante tanta polémica, diversos grupos e instituciones se instalen como dueños de la verdad y con el derecho a exigir que todos piensen como ellos y, en muchos casos, utilizando la intimidación y violencia. Llama la atención la injerencia de la Iglesia católica en temas políticos que le conciernen al Estado; deberían aprender del Obispo auxiliar de Madrid, Alberto...

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