Alarma intervención de plantas en Venezuela

AutorOctavio Pineda

REFORMA/VENEZUELA

Sin ser un fenómeno generalizado, las recientes intervenciones estatales de plantas industriales en Venezuela, consideradas ociosas por las autoridades, han comenzado a arrojar un manto de incertidumbre sobre el respeto a la propiedad privada y a las libertades económicas del empresariado.

El Presidente Hugo Chávez, invocando su llamado socialismo del siglo 21, había advertido que todas las empresas cerradas o subutilizadas serían susceptibles de ser expropiadas para ponerlas a producir.

En ese momento, el Mandatario llamó a los empresarios a sumarse a su iniciativa de dar a las empresas una vocación social y comunitaria, dejando de lado el enfoque netamente capitalista.

En semanas recientes la advertencia se empezó a cumplir, pero sin disipar el temor de que las expropiaciones pudieran ocurrir sin un diálogo previo y en violación del debido proceso.

En el estado Barinas, el Ministro de Agricultura y Tierras, Antonio Albarrán, ordenó la intervención estatal de Polar, la principal empresa de alimentos y bebidas de Venezuela; mientras que en el estado de Monagas, el Gobernador José Gregorio Briceño instruyó la toma de una planta procesadora de tomate de la multinacional Heinz.

En ambos casos, las autoridades alegaron subutilización de las instalaciones y recurrieron al uso de la fuerza pública para resguardarlas.

Además de apelar ambas empresas al diálogo con el Gobierno, Polar interpuso un amparo ante el Tribunal Supremo de Justicia.

Luego de intensas negociaciones, las autoridades y las compañías afectadas alcanzaron un acuerdo para finalizar las tomas.

No obstante, dichas intervenciones generaron rechazo y preocupación por parte del gremio empresarial venezolano, aglutinado en la poderosa Fedecámaras, y otras organizaciones sectoriales como la Cámara Venezolana de la Industria de Alimentos (Cavidea) y la Alianza Agroalimentaria.

"Lo que más nos preocupa es la intervención de unas instalaciones industriales sin que haya mediado el único proceso que lo permite, la expropiación, que establece la Constitución y requiere una sentencia firme y un justiprecio para los afectados", aseguró vía telefónica a REFORMA Eduardo Gómez, presidente de Conindustria, gremio industrial venezolano.

"Con ésto se está violando un precepto constitucional, que es el derecho a la propiedad privada", subrayó Gómez.

Otros líderes gremiales coincidieron en que las tomas generan inseguridad jurídica y desalientan la inversión foránea.

El Ministro de...

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