Aguardan juicio final
| Autor | Alejandro Pairone |
EL NORTE / Argentina
La dictadura militar concluyó en Argentina hace 20 años, pero sus secuelas aún forman parte de la realidad cotidiana, en una sociedad herida que todavía se pregunta por el destino de sus 30 mil desaparecidos y aprovecha cualquier espacio de justicia.
Tras décadas de impunidad, el debate se reabrió nuevamente en Buenos Aires ante la posibilidad de que en el corto plazo la Suprema Corte de Justicia revise la constitucionalidad de dos leyes que desde 1987 impiden el juzgamiento de militares y civiles por la represión ilegal.
Se trata de las Leyes de Punto Final y Obediencia Debida, sancionadas por el ex Presidente Raúl Alfonsín, en 1986 y 1987, respectivamente. La primera buscaba impedir el inicio de juicios por la represión. La segunda estableció que los delitos por represión "no son punibles por haber obrado en virtud de obediencia debida y bajo coerción".
Pero ambas normas fueron derogadas por el Parlamento en 1999 y más tarde declaradas inconstitucionales por dos jueces federales de primera instancia y un Tribunal de Alzada, en el 2001. Eso permitió la reapertura de procesos paralizados en 1987.
La calificación de las leyes está hoy en manos de la corte, donde la mayoría se inclina por su validez constitucional. El Máximo Tribunal, con una composición diferente de la actual, había avalado las normas en 1987. Pero desde entonces, la búsqueda de Justicia por parte de la sociedad argentina forzó cambios políticos y doctrinarios que llevaron nuevamente el tema a la corte.
El ex fiscal federal Julio César Strassera, quien entre 1983 y 1988, fue el acusador del histórico proceso que condenó a las Juntas Militares, consideró "poco probable" que la corte se contradiga a sí misma tras haber sentado jurisprudencia en 1987.
En diálogo con EL NORTE, Strassera descartó que un pronunciamiento favorable a la continuidad de los procesos genere complicaciones judiciales, ya que "no se abrirían nuevos procesos, sino que continuarían los que están en marcha y los que fueron paralizados" en 1987.
De reiniciarse, esos juicios afectarían, según cálculos extraoficiales confiables, a unos mil 180 militares y 200 civiles involucrados en secuestros, torturas y asesinatos.
Si la corte ratifica su precedente de 1987, paralizará juicios reabiertos desde el 2001, cuando jueces de primera instancia rechazaron las leyes de impunidad. Entonces, la alternativa será la Justicia en el exterior.
En ningún caso serán afectados los juicios abiertos por el...
Para continuar leyendo
Solicita tu prueba