Agenda Ciudadana / La política de la Iglesia: la Iglesia en la política
| Autor | Lorenzo Meyer |
Un problema más
Casi al momento mismo de surgir México como nación independiente, se empezó a agudizar un problema que había surgido en la última etapa de la época colonial: el conflicto de intereses entre la autoridad civil y la Iglesia Católica. El problema se agravaría hasta desembocar en guerra civil abierta y brutal para luego evolucionar en un modus vivendi entre el poder civil y el eclesiástico. En el siglo XX se volvió a repetir el ciclo y hoy, al inicio del siglo XXI, se ha vuelto a plantear el tema del papel de la jerarquía católica en el proceso político nacional. Y aunque son pocas las posibilidades de que la historia se vuelva a repetir con la intensidad del pasado, es mejor no tomar las cosas a la ligera y buscar una solución acorde con los tiempos.
Teniendo una agenda nacional tan cargada de temas que son, a la vez, relevantes y conflictivos, resulta cuando menos irritante que se añada uno más de manera casi gratuita: el del activismo político de la Iglesia Católica. El problema se ha venido incubando desde hace tiempo, pero se colocó en el primer plano por decisión de los dirigentes de la Iglesia Católica. Primero se dio la insistencia del cardenal Juan Sandoval Iñiguez de sostener sin pruebas adecuadas que el asesinato hace 10 años en el aeropuerto de Guadalajara de su antecesor, el cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo, fue resultado de una operación de Estado. Ya en esta dinámica, surgió el choque entre algunos partidos políticos y un puñado de obispos y párrocos a propósito de las declaraciones de estos últimos sobre cómo deben los electores católicos emitir su voto. Todo indica que la Iglesia continuará encontrando motivos para desafiar a quienes desearían marginarla de la esfera política, como en el pasado.
Para un observador externo, la situación descrita puede ser vista como un falso problema. Si México es ya una democracia política bona fide, ¿no es adecuado que los miembros de la jerarquía católica tengan ya los mismos derechos políticos que el resto de los mexicanos y sin importar esa especie de doble nacionalidad que les da su obediencia al Estado Vaticano? Por principio, la respuesta tendría que ser afirmativa, pues la democracia moderna rechaza discriminaciones por razones de raza, origen étnico, género, edad, preferencias sexuales, discapacidad, convicciones o creencias y convicciones religiosas. Además, desde una perspectiva exclusivamente cuantitativa, ¿qué diferencia significativa puede hacer en la correlación de fuerzas en un país de 100 millones de habitantes la plena participación política de los apenas 19 mil 195 ministros del culto católico en México, incluidos los...
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