Admite PRI imprecisiones en 3 de 3, pero se mantiene a IP
Horacio Jiménez, Sandra Hernández y Ariadna García
CIUDAD DE MÉXICO, junio 18 (EL UNIVERSAL).- A menos de 24 horas de haber aprobado el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), el grupo parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados anunció que está dispuesto a modificar el artículo 32 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas para dejar claro que los beneficiarios de una beca del Conacyt o de algún programa social o los empleados de alguna empresa que le trabaje al gobierno no son sujetos obligados a presentar sus declaraciones fiscal, patrimonial y de interés.
De manera paralela, el presidente de la Cámara de Diputados, el perredista Jesús Zambrano, pidió al presidente Enrique Peña Nieto que haga uso de su facultad y vete la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que contiene la Ley 3 de 3 para servidores públicos acotada y que también obliga a los empresarios a que presenten sus declaraciones patrimoniales, de interés y fiscal.
En entrevista, Zambrano Grijalva dijo que no puede expresar su molestia y rechazo con las decisiones que se tomaron este jueves por la noche en donde las minutas fueron avaladas y enviadas al Ejecutivo.
Ojalá que el Presidente de la República haga uso de su derecho de veto, como lo conocemos coloquialmente, el derecho del Ejecutivo a observar una ley o un conjunto de leyes y que, por lo tanto, no las decrete. Es algo que empezaron a plantear las organizaciones de la sociedad civil, una parte del sector empresarial y están, a mi juicio, en lo correcto, declaró.
El líder nacional del PAN, Ricardo Anaya, auguró una serie de amparos en contra de la Ley de Responsabilidades Administrativas, que obliga a particulares que tienen negocios con la administración pública a hacer su declaración patrimonial, fiscal y de interés y publicitarla.
Si bien es cierto, destacó Anaya Cortés, que la corrupción suele involucrar a un político y a un particular, esta decisión legislativa no se basa en reflexión seria alguna.
La idea de hacer obligatoria la declaración 3 de 3 para los ciudadanos no está basada en ninguna reflexión seria, ni en experiencias internacionales. Lo que busca es que se activen amparos en contra de la ley y así frenar el ímpetu de la exigencia ciudadana hacia la clase política, expresó Anaya a través de un comunicado.
Dijo que la redacción del incisoB del artículo 32 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas pretende descarrilar el movimiento cívico en favor de la Ley 3 de...
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