Iniciativa parlamentaria que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta y del Código Fiscal de la Federación, para abolir los privilegios fiscales de las grandes empresas y de instituciones finacieras., de 13 de Octubre de 2009
QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, A CARGO DE LA DIPUTADA IFIGENIA MARTÍNEZ Y HERNÁNDEZ Y SUSCRITA POR LOS DIPUTADOS JAIME FERNANDO CÁRDENAS GRACIA, MARIO ALBERTO DI COSTANZO ARMENTA Y ADÁN AUGUSTO LÓPEZ HERNÁNDEZ, DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS DEL PT, Y DEL PRD
Los suscritos, diputados a la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, Ifigenia Martínez y Hernández, Jaime Fernando Cárdenas Gracia, Mario Alberto di Costanzo Armenta, y el senador Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario. del PT, así como el diputado Adán Augusto López Hernández del PRD, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 55, fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración del pleno de la Cámara de Diputados el siguiente proyecto de decreto para abolir los privilegios fiscales de las grandes empresas y de instituciones financieras, bajo la siguiente
Exposición de Motivos
La economía mexicana atraviesa por una de las peores crisis de su historia, se estima que durante el presenta año la contracción del producto interno bruto (PIB) será de 7 por ciento.
En la actualidad existen casi 3 millones de desempleados y más de 12 millones de mexicanos se encuentran subempleados, existe una pérdida de al menos 44 por ciento en el poder adquisitivo de las familias y el número de personas en pobreza alimentaria se ha incrementado en seis millones durante los dos últimos años.
Ante estos lamentables resultados, es evidente que el gobierno federal no ha sabido enfrentar la crisis económica internacional, pues las medidas hasta ahora aplicadas sólo han protegido los intereses de un grupo selecto de personas y empresas, en detrimento de la sociedad en su conjunto.
Las necesidades de la economía nacional tanto en materia de desarrollo social como en infraestructura económica e inversión, son muy superiores a la actual recaudación de impuestos; por tanto, deben cubrirse en una parte significativa con ingresos petroleros, que representan la venta de un activo no renovable.
Bajo el pretexto de corregir la situación antes descrita, el gobierno federal ha propuesto incrementar la mayoría de los impuestos que cobra la Federación, así como la creación de un nuevo gravamen denominado "contribución, para el combate a la pobreza", el cual será de 2 por ciento y se aplicará sobre todas las ventas de bienes y servicios, incluyendo los alimentos y las medicinas, de manera adicional al 15 por ciento del Impuesto al Valor Agregado (IVA).
También propone incrementos en la tasa del impuesto especial sobre producción y servicios para cigarros y bebidas alcohólicas, juegos y sorteos, y a las telecomunicaciones, así como a los impuestos sobre la renta (ISR) y sobre depósitos en efectivo.
La propuesta incluye también alzas en los precios de las gasolinas, gas natural y tarifas eléctricas.
En este sentido, resulta obvio que la propuesta del Ejecutivo federal significa un duro golpe a la mayoría de la población, en virtud de que, por un lado, los salarios han perdido al menos 44 por ciento de su poder de compra hasta el mes de junio del presente año; aunado al desempleo y subempleo crecientes, resulta irracional e injusto incrementar la carga fiscal de las personas físicas o los precios de bienes y servicios públicos.
Más aún si tomamos en cuenta los resultados de la más reciente Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares: entre 2006 y 2008, el porcentaje de personas en condición de pobreza alimentaria a nivel nacional aumentó de 13.8 por ciento a 18.2 por ciento (6 millones de personas).
Estos incrementos también afectan a las empresas que verán más dañada su competitividad y sus posibilidades de recuperación, sobre todo como consecuencia del alza en gasolinas, energía eléctrica, gas y del impuesto a las telecomunicaciones.
Esta estrategia es contraria a lo que hacen otros países, que han bajado impuestos para fomentar el consumo: Estados Unidos de América, Argentina y Brasil, por ejemplo.
Es pertinente señalar que la propuesta del Ejecutivo federal deja intactos privilegios fiscales como los regímenes preferenciales para las grandes empresas; el régimen de consolidación fiscal; la depreciación de activos fijos y del costo de adquisición de los terrenos; las operaciones en la bolsa de valores, así como los donativos y campañas de redondeo, por lo que el pago del ISR no necesariamente se incrementará por efecto de una mayor tasa impositiva.
Por ello, la mayor parte de lo que piensa recaudar, 91 mil 784.4 millones de pesos, provendrán del consumo directo o indirecto de los agentes económicos (53.4 por ciento).
Así, por ejemplo, un asalariado o una persona física, tendrá un menor ingreso disponible debido a un mayor pago de ISR (2 por ciento más que no podrá eludir) y tendrá otro cargo adicional de 2 por ciento al consumo denominado "contribución para combatir la pobreza". Este último será independiente de su nivel de ingreso, puesto que sea rico o es pobre, tendrá que pagar esta contribución, que en términos prácticos es como pagar un IVA de 17 por ciento.
Lo anterior implica gravar más a quien menos tiene, convirtiendo estas medidas en regresivas, sobre todo en el caso de los alimentos y medicinas.
Además debemos de considerar que los aumentos en los energéticos provocarán incrementos en los precios de los artículos, afectando con ello a las personas más necesitadas y en vez de incrementar la actividad económica profundizara la crisis.
Para nosotros está claro que los rezagos que nuestro país enfrenta en materia de educación, salud, alimentación, infraestructura productiva, energía, seguridad social y vivienda, hacen urgente la necesidad de incrementar de manera eficaz y eficiente el gasto destinado a estos sectores.
Así, por ejemplo, nuestras importaciones de alimentos superan los 25 mil millones de dólares anualmente, en la actualidad importamos el 82 por ciento del arroz que consumimos, el 53 por ciento del trigo, el 35 por ciento de la carne de cerdo, el 27 por ciento del maíz y el 27 por ciento de la carne de res.
En el caso de salud, existen problemas de cobertura y de abasto de medicamentos, una muestra de ello se presentó durante la llamada "crisis de la influenza", la mayoría de las víctimas murieron a causa de la falta de atención oportuna, insuficiencia de las instituciones de salud pública y por la desnutrición de la población.
En materia de energía e infraestructura, baste señalar las cuantiosas importaciones de gasolina y productos petroquímicos, incluyendo fertilizantes, problemas de abasto de agua y de la infraestructura carretera.
En seguridad social, son patentes las raquíticas pensiones que reciben los jubilados y el problema de los ahorros de los trabajadores.
Por lo que se refiere a la educación, sólo el 20 por ciento de los jóvenes en edad escolar para educación media y superior está inscrito en alguna institución de educación pública.
Esta debilidad financiera a la que la hacienda pública está expuesta, ha generado múltiples presiones para ceder al capital privado diversas actividades estratégicas que son una obligación constitucional del Estado mexicano. Uno de ellos ha sido el sector energético en dónde debido a la falta de recursos se han cedido al capital privado importantes eslabones de la cadena productiva, perdiendo con ello la sinergia potencial entre diversas actividades industriales y comerciales que tiene cualquier empresa petrolera integrada, como lo es Pemex. El resultado de todo esto es una pérdida de valor económico para todos los mexicanos.
No podemos olvidar que la recaudación del ingreso tributario es muy baja y ha fluctuado en los últimos 20 años entre 10 y 11 por ciento del producto interno bruto; mientras que en otros países, incluso aquellos que se clasifican como en vías en .desarrollo, la recaudación supera el 15 por ciento y, en algunos casos, llega hasta el 20 por ciento.
Estas excepciones, calculadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en un 5 por ciento del PIB, han obedecido, entre otros factores, a múltiples beneficios fiscales otorgados a sectores económicos mediante exenciones o autorizaciones para diferir el pago de impuestos.
En concreto, en la Ley del Impuesto sobre la Renta se establecen regímenes de privilegio para determinados sectores empresariales de nuestro país, que los benefician de manera indebida en detrimento de una mejor recaudación federal y del principio constitucional de justicia fiscal, establecido en el artículo 31, fracción IV, de la Carta Magna.
Dichas facilidades datan de 1973, como es el caso del esquema de consolidación fiscal que, en su origen, se concibió como un sistema de incentivos para apoyar la capacidad de las empresas, pero con la condición de que no produjera un sacrificio fiscal o que, de producirlo, implicara un simple diferimiento en el pago del ISR, condición que se estableció claramente en el decreto que concede estímulos a las sociedades y unidades económicas que fomenten el desarrollo industrial y turístico del país, que se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el 20 de junio de 1973.
Ahora bien, cabe señalar que cuando se estableció este régimen preferencial se aplicaba al 100 por ciento de la participación accionaría en las sociedades. A partir de su incorporación a la Ley del Impuesto sobre la Renta, en el año de 1982, se efectuaron diversos cambios y adecuaciones a dicho régimen, sin que se hicieran modificaciones importantes y trascendentes al mismo durante casi 17 años. Fue hasta el año 1999 que se llevó a cabo una reforma radical, como parte de las medidas para fortalecer la capacidad recaudatoria del sistema tributario dentro del ámbito de combate a la evasión y elusión fiscal.
Entre las modificaciones mencionadas, destaca la limitación del diferimiento del...
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