Acuerdo legislativo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo, mediante el cual atendiendo sus facultades constitucionales, convoque a los poderes Judicial y Legislativo a la formalización de muna firme solicitud al Gobierno Federal a fin de que fortalezcan de manera urgente los trabajos coordinados de inteligencia, preventivos y combate a la delincuencia en el Estado de Jalisco.(F.8749)
| Número de Iniciativa | 3150/LXIII |
| Fecha de registro | 18 Agosto 2023 |
| Autor de la iniciativa | Noroña Quezada Hortensia María Luisa |
| Tipo de proyecto | Iniciativa de Acuerdo Legislativo |
| Sesión | Legislatura LXII |
| Etapa | Junta de Coordinación Política |
GOBIERNO
DE IALTSCO
PODER
LEGISLATIVO
SECRETAR¡A
DEL CONGRESO
NI,MERO
DEPENDENCIA
La suscrita, Diputada Hortensia María Luisa Noroña
Quezada, integrante del Grupo Parlamentario del Partido
Revolucionario lnstitucional de la Sexagésima Tercera
Legislatura, con las facultades que me otorga la
Constitución Política en su artículo 28 fracción I y lo propio
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo en sus artículos
26 fracciónXl, 27 fracción l, y 139, ambos ordenamientos
del Estado de Jalisco, someto a la elevada consideración
de este Honorable Pleno, lniciativa de Acuerdo
Legislativo, al tenor de los siguientes:
CONSIDERANDOS
La seguridad pública, establece la Constitución nacional,
es una función del Estado a cargo de la Federación, las
entidades federativas y los Municipios, tiene los objetivos
y metas de salvaguardar la vida, las libertades, la
integridad y el patrimonio de las personas, así como
contribuir a la generación y preservación del orden público
y la paz social.
Además, refiere que el Ministerio Público y las
instituciones policiales de los tres órdenes de gobierno
deberán coordinarse entre sí para cumplir los fines de la
seguridad pública y conformarán el Sistema Nacional de
Seguridad Pública.
Mandata que las instituciones policiales se regirán por una
doctrina policial fundada en el servicio a la sociedad, la
disciplina, el respeto a los derechos humanos y al imperio
de la ley.
Sobre lo referido se aplica, entonces, que los ámbitos de
gobierno son instituciones obligadas a ser garantes de los
derechos de las personas, êh este caso, para la
prevención, la investigación y la prosecución de los
delitos. Es decir, estos tres elementos obligatoriamente se
deben cumplir, atendiendo sus propias facultades y
atribuciones, de manera transversal y coordinada
institucionalmente y concertada con la sociedad.
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