Estado Mayor / Acaba la rabia

AutorCarlos Humberto Toledo

La madrugada de ese viernes 14 de enero en Almoloya de Juárez era -como todas- gélida. Somnolientos, aletargados, comenzando a salir de su sorpresa, ellos, -por peligrosos- los internos más conocidos del país, acostumbrados a vivir en la incertidumbre, rápidamente comprendieron. No tenían alternativas. Había que cooperar. Estaban "dados". Las fuerzas de seguridad del Estado mexicano -finalmente- retomaban el control de "La Palma". Veamos.

El Centro Federal de Readaptación Social Número 1, mejor conocido como "La Palma", como tal inició sus funciones en noviembre de 1991. Con 260 mil metros cuadrados de extensión total, 27 mil 900 de éstos cubren las instalaciones de reclusión en "La Palma". Sus manuales de seguridad -modelo francés- así como su reglamento presumían sus "infalibles" exigencias.

Algunos de sus principales sistemas de seguridad se componen de circuitos cerrados de televisión, alarmas varias, diversos controles de accesos, detectores de metal, de drogas, de explosivos, de radiocomunicación, de sensores de presencia y de telefonía. A los que ahí se encuentran recluidos, se les advertía la imposibilidad de participar en conspiraciones, agresiones físicas, amenazas o en la promoción de motines. A su interior, quedaba "estrictamente prohibido" el introducir armas, dinero, alimentos, teléfonos celulares, radios, instrumentos o sistemas de comunicación electrónica. O bien, bebidas alcohólicas, estupefacientes o cualquier clase de instrumento que pudiera afectar la seguridad del penal.

Con una capacidad para albergar una población de 724 internos, los que ahora en su interior se encuentran, ante tanta técnica procedimental y tecnología de última generación, absolutamente nada podrían hacer para alterar la vida diaria de ese Centro. En teoría.

La realidad era completamente otra. En donde nulificados plenamente debían estar, los capos mandaban. Al exterior ordenaban. De sus custodios se servían. De privilegios gozaban. De vidas disponían. Y es que la concentración de poder ahí encerrada es mezcla de tan alto octanaje que la explosión -en cualquier momento- resulta siempre inminente.

De ahí la excesiva necesidad de operar -por medio de una conjunción de fuerzas- una acción decisiva que devolviera a "La Palma" su carácter de penal de alta seguridad. Apoyados por unidades del Ejército mexicano, personal de la Policía Federal Preventiva, de la Procuraduría General de la República, custodios del reclusorio y visitadores de la Comisión...

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