Iniciativa parlamentaria que abroga la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Unica., de 1 de Octubre de 2009
QUE ABROGA LA LEY DEL IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA ÚNICA, A CARGO DEL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL GARCÍA GRANADOS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
El suscrito, diputado Miguel Ángel García Granados, somete a consideración de esta honorable asamblea iniciativa con proyecto de decreto por el que se abroga la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única, con el más firme propósito de alentar la competitividad de las micro, pequeñas y medianas empresas, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
En opinión de estudiosos del tema financiero, la economía del mundo ha caído en una de las peores crisis de las últimas décadas, con graves consecuencias para la conservación y generación de fuentes de empleo.
La recesión financiera registrada en los últimos meses se ha significado por la pérdida de fuentes de trabajo, con la consecuente baja en el poder adquisitivo de los consumidores, lo que a su vez es una de las causas directas del cierre de micro, pequeñas y medianas empresas (Pyme).
Incluso, el Banco de México pronostica para el presente año habrá una pérdida de entre 635 mil y 735 mil empleos formales, con una caída anual de 6.5 a 7.5 por ciento del producto interno bruto.
Todavía más, el propio Banco Central estima que al menos dos de cada diez empresas recortarán personal, debido, entre otras causas, a los incrementos de las materias primas y a la elevación de los costos de producción.
Frente a este panorama, el sector productivo del país, sobre todo el que agrupa a las micro, pequeñas y medianas empresas, ha demandado con urgencia a la autoridad gubernamental la instrumentación de medidas que alienten el crecimiento de éstas y, de esta manera, garantizar la conservación de las fuentes de trabajo.
Una de estas demandas es precisamente la eliminación de cargas tributarias que, en opinión del sector, desalientan la productividad, como lo es la aplicación de la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única (Ley del IETU), por cuyo efecto, los contribuyentes no sólo se han visto obligados a pagar más, sino que han tenido que incrementar sus costos de operación a partir de un aumento en sus controles administrativos y de capacitación para no caer en errores por la determinación del pago del gravamen del instrumento legal en referencia.
Sobre todo ahora que las circunstancias económicas del mundo y de México, en particular, son diametralmente contrarias a la realidad que se vivía en septiembre de 2007, cuando se aprobó el dictamen por el que fue aprobada la...
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