Voto, Tribunales Colegiados de Circuito
| Juez | Magistrado Daniel Sánchez Montalvo |
| Localizador | Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro XX, Mayo de 2013, Tomo 3, 1874 |
| Fecha de publicación | 01 Mayo 2013 |
| Fecha | 01 Mayo 2013 |
| Número de resolución | 479/2012 |
| Número de registro | 41083 |
| Materia | Derecho Penal |
Voto particular del Magistrado D.S.M.: Con la deferencia pertinente, el suscrito discrepo del sentido de la presente ejecutoria y dejo como voto particular las consideraciones que sostuve en el proyecto desechado en sesión de cuatro de octubre de dos mil doce, lo cual realizo en los términos siguientes: "Sexto. En suplencia de la queja deficiente prevista en la fracción II del artículo 76 Bis de la Ley de Amparo, dado que el quejoso es el reo, de oficio, este Tribunal Colegiado advierte que la sentencia reclamada es inconstitucional, en atención a lo siguiente: De los autos remitidos a este Tribunal Colegiado, los que de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2o., tienen pleno valor probatorio, por tratarse de documentos públicos, se desprenden los siguientes antecedentes: El dieciocho de marzo de dos mil nueve, con motivo de la querella presentada por ********** ********** ********** y otras nueve personas más, el agente del Ministerio Público de la Fiscalía de Distrito Selva, de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Chiapas, con residencia en P., dio inicio al acta administrativa que, en su oportunidad, originó la averiguación previa **********, en contra del quejoso y otros sujetos, por la probable comisión de los delitos de amenazas, despojo y daños (fojas 3 a la 7, tomo I, de las copias certificadas de la causa de origen). Integrada que fue la indagatoria, mediante determinación de doce de mayo de dos mil nueve, el fiscal investigador la consignó ante el órgano jurisdiccional y ejerció acción penal en contra del quejoso y demás indiciados, por la probable comisión de los mencionados ilícitos (fojas 124 a la 148). Derivado de lo anterior, el J. del Ramo Penal del Distrito Judicial de Catazajá, con residencia en Catazajá, Chiapas, radicó la causa ********** (foja 149); el diecinueve de mayo emitió resolución donde estimó acreditados los ilícitos de que se trata, así como la probable responsabilidad del quejoso y demás coindiciados en su comisión; por lo que, libró en su contra la respectiva orden de aprehensión (fojas 153 a la 204). En contra de esa resolución, el aquí peticionario promovió juicio de amparo indirecto **********, que fue resuelto por el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chiapas, mediante fallo terminado de engrosar el cinco de febrero de dos mil diez, en el sentido de conceder el amparo para el efecto de que la autoridad dejara insubsistente el mandamiento de captura reclamado y estimara que no se acreditaron los delitos de despojo y robo, como tampoco la probable responsabilidad del quejoso en su comisión; por lo que, únicamente por estos dos ilícitos debía negar el mandamiento aprehensorio, dejando subsistente lo relativo a la demostración del delito de daños y la probable participación del peticionario en su comisión (fojas 247 a la 252). La orden de aprehensión fue ejecutada solamente por lo que hace al delito que quedó subsistente; por ende, el treinta y uno de agosto de dos mil diez, el J. de la causa le dictó auto de formal prisión al quejoso, al considerarlo probable responsable de la comisión del ilícito de daños (fojas 300 a la 310). Tramitado que fue el juicio, el once de enero de dos mil once, el J. dictó sentencia absolutoria al considerar que no se acreditó el requisito de procedibilidad de la querella por la parte ofendida contra el activo (fojas 630 a la 637, T.I., de la causa de origen). En desacuerdo con ese fallo, el fiscal adscrito interpuso recurso de apelación, que fue radicado con el número de toca **********, en la Sala Regional Colegiada Mixta, Zona 04, Pichucalco, del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en Pichucalco, Chiapas, la que emitió sentencia definitiva el veintiséis de mayo de dos mil once, en el sentido de declarar fundados los agravios, al estimar acreditado el requisito de procedibilidad, así como los elementos del delito de daños y la plena responsabilidad del quejoso en su comisión (fojas 41 a la 69 de ese cuaderno); determinación que constituye el acto ahora reclamado. De la reseña de antecedentes, emerge que al quejoso se le procesó y sentenció por el delito de daños, previsto en el artículo 312 del Código Penal para el Estado de Chiapas, el cual establece: ‘Artículo 312. Comete el delito de daño, el que por cualquier medio destruya o deteriore una cosa ajena o propia en perjuicio de otra. Al responsable del delito de daño se le impondrán las siguientes sanciones: I. Prisión hasta de seis meses, cuando el valor del daño no exceda de veinte veces el salario mínimo. II. Prisión de seis meses a dos años y de cincuenta a doscientos días multa, cuando el valor del daño exceda de veinte pero no de trescientas veces el salario mínimo o cuando no sea posible determinar su valor. III. Prisión de dos a cuatro años y multa de ciento cincuenta a cuatrocientos días de salario, cuando el valor del daño exceda de trescientas pero no de seiscientos cincuenta veces el salario mínimo. IV. Prisión de cuatro a diez años y multa de trescientos a setecientos días de salario, cuando el valor del daño sea superior de seiscientos cincuenta veces el salario mínimo. Este delito se perseguirá por querella del ofendido.’. De la parte final de tal precepto, se desprende que el ilícito de daños es perseguible por querella; lo que implica que, para que se cumpla con tal requisito de procedibilidad, deben atenderse las condiciones que para tal efecto se establecen en el Código de Procedimientos Penales de esta entidad federativa, que señala: ‘Artículo 266. Solo podrán perseguirse a petición de parte ofendida, los delitos que así determina el Código Penal o, en su caso, las leyes especiales. Será parte ofendida quien justifique ser el titular del derecho o del bien jurídicamente tutelado, que ha sido dañado. No será necesario la intervención de apoderado jurídico para la presentación de denuncia, la que podrá ser presentada por cualquier persona. En los casos de personas morales, podrán actuar por conducto de apoderado general para pleitos y cobranzas. Las querellas presentadas en representación de personas morales, se admitirán cuando el apoderado tenga un poder para pleitos y cobranzas, con cláusula especial para formular querella, sin que sea necesario acuerdo de ratificación del consejo de administración o de la asamblea de socios o accionistas, poder especial para el caso determinado, ni instrucciones concretas del mandante. Cuando se trate de personas físicas, las querellas podrán presentarse por sí o por conducto de apoderado con cláusula especial o instrucciones concretas de sus mandantes para el caso específico. Cuando la querella se presente por medio de apoderado, la personalidad de éste se deberá acreditar en el momento de presentar o ratificar la querella. En ningún caso el Ministerio Público ejercitará la acción penal sin que se encuentre plenamente acreditada la personalidad del querellante o del ofendido. Cuando el delito que se ponga en conocimiento de la autoridad sea de aquellos que se persiguen por querella, una vez recibida ésta y antes de practicar las primeras diligencias, el agente del Ministerio Público que la reciba tendrá la obligación de tomar las siguientes providencias: I.H. del conocimiento del querellante las sanciones a que se hace acreedor si se produce con falsedad; II. Asentar los datos generales para la identificación de la persona querellante; III. Comprobar la personalidad del querellante; IV. Cuando el querellante no sepa escribir o por cualquier motivo no formule su querella por escrito, el agente del Ministerio Público tendrá la obligación de levantar el acta correspondiente. El perdón que otorgue el querellante ante el Ministerio Público durante la averiguación previa, o ante el J. hasta antes de que cause ejecutoria la sentencia, surtirá sus efectos en los términos que previene el Código Penal.’. De tal precepto, se desprende que la querella solamente puede ser presentada por la parte ofendida, que es quien justifica ser el titular del derecho o del bien jurídicamente tutelado que ha sido afectado por la acción delictiva. Además que, en tratándose de personas morales (caso en estudio), dicho ente jurídico deberá actuar por conducto del o los individuos que tengan poder para pleitos y cobranzas, con cláusula especial para formular querella. Personalidad que se deberá acreditar en el momento de presentar o ratificar la querella. Que el fiscal investigador no podrá ejercer acción penal sin que se encuentre plenamente acreditada la personalidad del querellante o del ofendido. Por ende, dicho funcionario al recibir la querella y antes de practicar las primeras diligencias, deberá cumplir, entre otras condiciones, con asentar los datos generales para la identificación de la persona querellante; así como comprobar la personalidad de éste. Ahora bien, en el caso, la querella que dio origen a la averiguación previa **********, que a su vez generó la instauración de la causa penal **********, de donde emerge el acto reclamado, fue presentada el dieciocho de marzo de dos mil nueve, en los siguientes términos: ... ‘C. Fiscal del Ministerio Público en turno. Presente. ********** ********** **********, ********** ********** **********, ********** ********** **********, ********** ********** **********, ********** ********** **********, ********** ********** **********, ********** ********** **********, ********** ********** **********, ********** ********** ********** y ********** ********** **********, mayores de edad, por nuestro propio derecho, con domicilio legal en ********** ********** ********** ********** ********** **********, y con la finalidad que nos concede el artículo 71 del Código de Procedimientos Penales del Estado, designamos como nuestros representantes legales a los CC. Licenciados ********** ********** ********** y ********** ********** **********, a usted exponemos: Con fundamento en los...
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