Voto num. 78/2008 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala

EmisorPrimera Sala
Número de Resolución78/2008
LocalizacionNovena Época. Primera Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.
Fecha de Publicación 1 de Marzo de 2009

Voto particular que formula la señora M.O.S.C. de G.V. en la controversia constitucional 78/2008, promovida por el Municipio de Tlalquiltenango, Estado de Morelos.

En el presente asunto, el Municipio actor solicitó la declaración de invalidez de la omisión en que incurrió el Consejo Nacional de Seguridad Pública de cumplir con lo dispuesto en la fracción I del artículo 9 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación, para el ejercicio fiscal dos mil ocho, publicado en el Diario Oficial de la Federación el trece de diciembre de dos mil siete, específicamente, de su exclusión del régimen de concurrencia en materia de seguridad pública previsto en el artículo 21 constitucional, porque en su opinión se le priva de la atribución de disponer de recursos para la atención de la problemática de seguridad pública en su territorio.

El numeral del referido instrumento presupuestal señalaba:

"El Consejo Nacional de Seguridad Pública promoverá que el 20% de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad pública de los Estados y del Distrito Federal se distribuyan a los Municipios conforme a criterios que integren el número de habitantes y el avance en la aplicación del Programa Estatal de Seguridad Pública en materia de profesionalización, equipamiento, modernización tecnológica e infraestructura."

En este sentido, el Municipio actor estimó que el término "promover" empleado en el presupuesto de egresos de la Federación no tiene fines declarativos, sino vinculantes, buscando conseguir el objetivo de realizar esa transferencia de recursos a los Municipios.

La decisión mayoritaria de los integrantes de la Primera Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, fue que la previsión contenida en el Presupuesto Federal no es vinculante para el Consejo Nacional de Seguridad Pública, esto es, que está en aptitud de "promover" o no la mencionada distribución; interpretación con la cual no coincido por virtud de lo siguiente:

A mi parecer, con la decisión adoptada por la mayoría, por un lado, se limita la participación del Municipio en el Sistema Nacional de Seguridad Pública, porque le impide obtener un ingreso extra para abatir las necesidades que tenga en la materia, lo que a su vez, en mi concepto, hace nugatorias las previsiones contenidas al respecto en el artículo 21 de la Constitución Federal y, por otro, a mi juicio, no existe razón para que la autoridad que tiene a cargo la propuesta de distribución de los recursos que integran el fondo mencionado tenga una facultad discrecional sobre el particular, máxime si los recursos que lo integran ya se encuentran debidamente presupuestados para el efecto de que sean distribuidos entre los Municipios.

Lo anterior, en virtud de que el artículo 21 de la Constitución Federal prevé la existencia de un sistema de coordinación en materia de seguridad pública en el que intervendrán la Federación, los Estados, el Distrito Federal y los Municipios, de donde podemos derivar que en la función de seguridad pública participan activamente esos niveles de gobierno, cada uno en su correspondiente ámbito de competencia; asimismo, para efectos de la distribución de los recursos económicos que se requieran para ese fin, en la Ley de Coordinación Fiscal se instituye el Fondo de Aportaciones para la Seguridad pública de los Estados y del Distrito Federal.

Dicho Sistema Nacional de Seguridad Pública a mi parecer es absoluto, es decir, abarca tanto las obligaciones como las prerrogativas necesarias para su desarrollo, a fin de hacer vigente el sistema de coordinación en la materia, lo cual, debe abarcar, necesariamente, los recursos económicos para ese fin.

Así, en mi opinión, si bien la Ley de Coordinación Fiscal no prevé la participación de los Municipios en el mecanismo del entero del fondo mencionado, lo cierto es que en el presupuesto de egresos de la Federación correspondiente se estableció la posibilidad de que los fondos mencionados deben suministrarse a los Municipios, lo cual, a mi parecer, modifica el esquema de distribución.

Consecuentemente, el mecanismo de distribución se debe adecuar a lo dispuesto en el presupuesto, a pesar de que las disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal establezcan que la distribución de los recursos económicos del "Fondo de Aportaciones para la Seguridad pública de los Estados y del Distrito Federal" -instituido en el presupuesto de egresos de la Federación- se realizará a través de la suscripción de convenios con las entidades federativas y la propuesta de distribución de esos fondos estará a cargo del consejo nacional, así como que la entrega material de los mismos corresponderá a la Secretaría de Hacienda, porque a mi juicio, la función de la norma adjetiva es permitir realizar el contenido de las normas sustantivas, no limitarlo.

Lo expuesto en este documento constituye el principal motivo por el cual en su momento voté en contra de la promoción mayoritaria.

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