Se les viene encima el plazo para reforma

AutorEmigdio García

El plazo para modificar la Ley de Menores Infractores, que fue aprobada en diciembre pasado con deficiencias, se vence y los diputados que saldrán del Congreso local no han hecho nada para enmendarla.

Paula Ramírez España, Oficial asistente de las reformas legislativas e institucionales del Fondo de las Naciones Unidas para la infancia, dijo que la legislación no debe entrar en vigor en enero de 2007 porque se contrapone a lo estipulado en la Carta Magna.

"No debe entrar en vigor esta ley porque estamos detectando que no cumple a plenitud con lo establecido en el artículo 18 constitucional; lo ideal sería que Jalisco tendría que valorar si lo conveniente es adecuar ese ordenamiento a la constitución o incluso partir de una nueva propuesta", dijo.

Ramírez España precisó que el mes próximo expira el periodo adecuado para realizar las modificaciones a la nueva ley, y explicó algunas de las reflexiones que se deben tomar en cuenta.

"Hay un plazo en septiembre en donde se esperaría que Jalisco cuente ya mínimamente con una ley que prevea las disposiciones constitucionales, que contemple los derechos (de los menores) de ser juzgados con un proceso justo y en qué medida se puede lograr sin que implique un gasto imposible para el estado", comentó.

Miguel Valenzuela González, secretario de acuerdos del Juzgado Tercero Penal, quien obtuvo el grado de maestro en derecho con la tesis "Hacia Una Ley para la Justicia y Tratamiento del Menor Infractor en el Estado de Jalisco", explicó que la legislación aprobada puede quedar como letra muerta si no es modificada con prontitud, tal como sucedió con la Procuraduría Social creada en 1997 y que sólo existe en el papel.

"Existe una falta de planeación para llevar a cabo la ejecución de la ley para menores infractores, estamos a cinco meses de que termine este año y en enero tendría que estar en funciones el tribunal para menores infractores y siento que existe una falta de plática entre poderes para aterrizar este proyecto" explicó.

Valenzuela González precisó que no existe una proyección adecuada sobre la infraestructura para cumplir con la ley aprobada y que tampoco se ha establecido la distribución de los organismos jurisdiccionales.

"Cuántos tribunales juveniles va a necesitar el estado, si es uno por cada partido judicial o uno por cada municipio (...) esto es una cuestión de analizar datos estadísticos, Índices de criminalidad y las necesidades que se tienen, qué va a pasar con el Centro de Observación...

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