Y las víctimas siguen sin ley

AutorMarcela Turati

Partidos políticos, expertos, académicos y el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad afinan sus proyectos para entregarlos el próximo mes ante el Congreso a fin de que los legisladores tengan elementos para discutir y aprobar en los próximos meses una ley de atención a víctimas de la violencia que se vive en México.

Es el miedo el que los impulsa en esta carrera: temen que el sexenio calderonista, que ha fabricado decenas de miles de víctimas, termine sin una ley que defienda a los agraviados, una norma que especifique quiénes son y a qué tienen derecho. La ciudadanía también tiene derecho a saber quién debe atenderlos y cómo debe hacerlo.

Se afanan para que sus propuestas, así como las que presentaron hace varios meses los tres principales partidos -PRI, PAN y PRD- se incluyan en las discusiones legislativas en las próximas semanas y el calendario electoral de 2012 no las empantane.

Hasta ahora por lo menos son seis los proyectos: la propuesta ciudadana, que elaboran de manera conjunta la UNAM y el Movimiento por la Paz; el PAN y el PRI impulsan cada cual dos iniciativas, mientras que el PRD enar-bola una.

Además, personal del Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe) y expertos independientes contratados ex profeso elaboran otro documento que, de obtener el consenso de los participantes, sería presentado por la Procuraduría General de la República o la Presidencia de la República la segunda semana de noviembre.

Cada propuesta tiene sello propio y parte de un diagnóstico diferente: algunas se derivan de los testimonios de las víctimas y de escuchar a quienes las atienden; otras, de revisar leyes de otros países o de diagnósticos nacionales sobre los impactos de la violencia. Cada una, también, pone énfasis en delitos específicos.

Entrevistados por Proceso, varios de los participantes en la elaboración de los documentos difieren en algunos puntos sustantivos, como el de quién se encargará de atender a las víctimas:

Algunos sugieren dar más atribuciones al trabajo de la nueva Procuraduría Social de Atención a Víctimas de Delitos (Províctima) -creada sorpresivamente por decreto de Felipe Calderón, tal como lo publicó el Diario Oficial de la Federación el 6 de septiembre último-, otras piden dar nuevas atribuciones a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) o bien abrir una ventanilla que canalice las quejas ciudadanas de quienes han sido objeto de actos delictivos o violaciones a sus garantías individuales.

Y aun cuando organizaciones y familiares de víctimas del secuestro, como Isabel Miranda de Wallace, llevan años exigiendo leyes que protejan a quienes han padecido la delincuencia, no fue sino a partir de la irrupción del Movimiento por la Paz que encabeza Javier Sicilia cuando comenzaron a ser escuchados.

Ebullición social

Las propuestas son muestra del nivel de la indignación de amplios sectores sociales que sufren los embates...

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