Vertiente Social

AutorJosé Galindo Rodríguez
Páginas71-92
71
EL SURGIMIENTO DE LAS ONG INTERNACIONALES
Y LA SOCIEDAD CIVIL EN MÉXICO
La evolución histórica de los derechos humanos no podría explicarse sin
la participación de individuos que, de manera conjunta, se han enfrentado
a las estructuras de poder para exigir las prerrogativas que les correspon-
den y defender los valores universales de la libertad e igualdad en sus
distintas facetas.
El activismo social que surge en distintas partes del mundo al término
de la Primera Guerra Mundial, con organizaciones como el Instituto Ame-
ricano de Derecho Internacional, el Instituto Internacional de Derecho o la
Academia Diplomática Internacional, mostraría el cambio de la sociedad en
torno a los derechos humanos, que comenzaría a articularse para defender
sus intereses, realizando aportaciones fundamentales al derecho interna-
cional. Del mismo modo, tiempo después el trabajo realizado por René
Cassin y Alejandro Lempkin sirvió para concretar las bases de los juicios
de Nüremberg en 1945, cuya importancia radicó en que fue posible juzgar
a un individuo de una nacionalidad específica en un tribunal internacional
y castigarlo bajo los ordenamientos jurídicos de los países en los cuales
hubiera cometido delitos.
Lo anterior contribuiría para que, tanto la ONU como la OEA, reconocie-
ran la importancia de la participación de la sociedad civil en sus futuras
labores e incluyeran el tema de los derechos humanos en sus respectivas
agendas.147 Derivado de ello, con las bases jurídicas que aportó la Declara-
147 En opinión de John P. Humphrey, director de la División de Derechos Humanos de la
ONU en 1945, la labor de cabildeo que las ONG realizaron para incluir los derechos humanos
en la agenda del organismo, no tiene paralelo en la historia y gracias a este esfuerzo la Carta
de la ONU agregó este tema. Asimismo, consideró que las aportaciones realizadas por las de-
legaciones latinoamericanas de Panamá y Chile en torno a este mismo tema fue ampliamente
destacada. John P. Humphrey, citado por Alicia Ely Yamin, 2006, p. 53.
Capítulo 3
Vertiente social
José Galindo Rodríguez72
ción Universal de los Derechos Humanos de 1948, el crecimiento de las
ONG vinculadas con la ONU fue sorprendente, como se puede observar en
el cuadro 3.148
CUADRO 3
EVOLUCIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LAS ONG REGISTRADAS ANTE LA ONU
Año General Especial Registro Total
1948 13 26 1 40
1968 17 78 85 180
1992 18 297 409 724
1993 40 334 410 784
1994 40 334 410 784
1995 65 406 415 886
1996 76 468 497 1,041
1997 85 582 517 1,184
1998 100 742 663 1,505
1999 111 918 909 1,938
2000 122 1048 880 2,050
2001 124 1132 895 2,151
2002 131 1197 906 2,234
2003 131 1316 903 2,350
2004 134 1474 923 2,531
2005 136 1639 944 2,119
2006 137 1780 952 2,869
2007 139 1958 955 3,052
2008 140 2073 970 3,183
2009 141 2168 980 3,289
Fuente: Página oficial de las Naciones Unidas:
En 1948, Naciones Unidas tenía registradas 40 ONG; en 1968, el núme-
ro de organizaciones ascendió a 180, y en 1992 había llegado a 724. Sin
embargo, el mayor incremento se dio a partir de esta fecha, pues en la
actualidad se tiene un registro de 3 289 ONG en todo el mundo.149
Este incremento tan notable se debió en gran parte a la importancia que
estas organizaciones fueron tomando al convertirse en líderes de opinión,
148 En sus inicios la participación de las ONG, se limitó a las labores del Consejo Económi-
co y Social (ECOSOC), el responsable de la protección de los derechos humanos. De forma
gradual, empezaron a tomar parte en las sesiones deliberativas de otros puntos de acuerdo
de competencia del ECOSOC, y en las actividades de información, educación y de carácter ope-
rativo de las Naciones Unidas. Véase página ofi cial de las Naciones Unidas:
un.org/esa/coordination/ngo>
149 Idem.
Vertiente social 73
a nivel internacional, en los temas de su competencia. Tal fue el caso, por
ejemplo, de Amnistía Internacional o Human Rights Watch. La competen-
cia de las ONG ha sido sumamente variada: desde asociaciones pro derechos
humanos, hasta organizaciones enfocadas en escuelas, empresas, me-
dios de comunicación, organizaciones de comercio, profesionales y religio-
sas, y sindicatos de distintas ramas de la industria, entre otras.
Durante los primeros años del conflicto entre la extinta URSS y Estados
Unidos, las ONG provenientes de países comunistas fueron rechazadas en
los países capitalistas y viceversa, por considerarlas agentes ideológicos
que buscaban influir a través de su trabajo en las sociedades del bloque
opuesto. Al mismo tiempo, en la década de los sesenta la situación econó-
mica en algunas regiones del mundo puso sobre la mesa las condiciones
de atraso en que vivía su población, como en África subsahariana. Lo
anterior motivó que la canalización de recursos para impulsar nuevos
proyectos emanados de organismos multilaterales como la ONU, bajo el con-
cepto de “desarrollo”, involucrara a las ONG. Los resultados alcanzados
con la participación de éstas, fueron tan satisfactorios que a partir de en-
tonces cobraron mayor interés dentro de los planes a este nivel.
En los años setenta se combinaron algunos factores que, para autores
como Margaret Keck y Kathryn Sikkink, fueron detonantes para el de-
sarrollo de la red de ONG, sobre todo en América Latina. Entre éstos desta-
can el golpe de Estado en Chile y el periodo que ellos consideran de “disten-
sión” de la Guerra Fría, que motivaría a que se diera un escenario propicio
para que el tema de los derechos humanos tomara nueva fuerza. 150 El golpe
de Estado en Chile sería un parteaguas para el desarrollo de ONG en Lati-
noamérica por dos razones: Chile era la democracia más antigua del con-
tinente americano, lo cual llamaba ampliamente la atención y, además, en
ese país se habían establecido miembros que posteriormente integrarían
ONG, y que darían fe de los acontecimientos divulgándolos al resto del mun-
do. Entre éstos podemos citar a José Zalaquett Daher, abogado chileno más
tarde presidente de Amnistía Internacional, o a Arieh Neier, estratega de-
dicado a recaudar fondos para Americas Watch.
Para los años ochenta, los cambios estructurales del capitalismo ten-
dentes a implementar un nuevo modelo económico, le dieron aún más
importancia al rol de las ONG como agentes de cambio en este nuevo entor-
no. El giro hacia el neoliberalismo, impulsado por Ronald Reagan y Marga-
ret Thatcher, dio como resultado una mayor concentración del ingreso y
150 Margaret Keck y Kathryn Sikkink, pp. 129-139.
José Galindo Rodríguez74
motivó una división de las ONG en dos grupos: de los países ricos o del
norte, y de los países con menores ingresos, o del sur. Se consideró que la
labor que llevaban a cabo las predominantes ONG del norte buscaba influir
o intervenir en cuestiones políticas o económicas de los entornos particu-
lares de las naciones del sur. Esto se reflejó en un incremento de organi-
zaciones muy importante en otras regiones. Según datos de la ONU, entre
1980 y 1989 se registraron 209 ONG, un 19 por ciento más que en la década
anterior, gran parte de las mismas situadas en África, Latinoamérica,
Oriente Medio y Europa del Este.151 Esta situación se agudizó debido a los
actos represivos que ocurrieron en países de estas zonas como Uganda,
Argentina, Uruguay, Grecia y Chile, lo que dio paso a la coalición de los
grupos sociales locales con las organizaciones internacionales. Entre 1983
y 1993 se duplicó el número de ONG en todo el mundo (ver cuadro 3).152
LA SOCIEDAD CIVIL EN MÉXICO: FORMAS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
A pesar de que históricamente se han dado distintas acepciones al concep-
to de sociedad civil, podemos decir que éste se refiere a: “Las distintas
formas de asociación de personas en grupos para resolver un problema en
común […] éste puede comprender según el sentido en el que se utilice:
asociaciones voluntarias, organizaciones no lucrativas, de caridad, uniones
laborales, asociaciones profesionales.”153
Estas ideas nos acercan en buena medida a la transformación de la
sociedad civil en México, en las distintas etapas históricas que a continua-
ción revisaremos brevemente.
Según autores como Gustavo Verduzco, podemos identificar las prime-
ras formas de participación ciudadana en México en la época colonial. El mal
trato que, en ocasiones, recibían los indígenas por parte de españoles, así
como las condiciones particulares de este grupo poblacional, despertó el
interés de algunos laicos que formaron “grupos solidarios” para apoyar des-
de el interior de las cofradías y hermandades católicas aspectos como la
educación y salud de los indígenas, sentando un precedente de esta forma
de participación ciudadana.154 Este impulso solidario se combinó con la divi-
sión del trabajo que se desarrolló gradualmente en la Nueva España, para
151 Ibidem.
152 Ibidem.
153 Alberto Olvera, 1999, pp. 34 y ss.
154 Gustavo Verduzco, 2005, pp. 367 y ss.
Vertiente social 75
conformar las primeras asociaciones gremiales, identificadas por Alberto
Olvera como uno de los tipos básicos de asociacionismo civil que vincula la
solidaridad de clase con los intereses mercantiles.155 Más adelante, la serie
de luchas que se registraron en el país para alcanzar la independencia, no
hicieron posible mantener las organizaciones anteriores. Sin embargo, la
asociación sindical que resurgió a partir de la segunda mitad del siglo XIX y
que se fortaleció durante el porfiriato, fue un factor importante en el desa-
rrollo de la sociedad civil en México en los años posteriores.156
Algunos movimientos campesinos que se registraron en la época por-
firiana, fueron encauzados por el fenómeno del caudillismo hacia diversas
acciones que se manifestaron durante la Revolución mexicana. La protesta
generalizada de estos movimientos fue la necesidad de tierras para el tra-
bajo y subsistencia de los campesinos, las cuales generalmente estaban
monopolizadas por latifundistas y terratenientes.157
Posteriormente, ya durante los gobiernos de Obregón y Calles, se inte-
graron organizaciones sociales que intentaron hacer efectiva la promesa
revolucionaria del reparto agrario, conocidas como “clubes agraristas”.
Éstas surgieron inicialmente en el México central y, posteriormente, apare-
cieron las Ligas Campesinas en todo el país, con el propósito de poner fin
a los grupos de terratenientes que prevalecían.
La tendencia anticlerical de los gobiernos posrevolucionarios que
pretendieron restringir la difusión del catolicismo y sus prácticas, confor-
mó otra vertiente importante en la evolución de la sociedad civil en Méxi-
co, como lo fue la católica y que se manifestó desde diversas formas de
“asociacionismo social”, hasta conformar algunas de las organizaciones
de la sociedad civil de fines del siglo XX. A lo largo del tiempo, la relación
Estado-Iglesia pasó de una situación perseguida (1920-1930), a una mar-
ginada (1930-1940), y a otra más tolerada (1940-1960) hasta que fue bus-
cada y solicitada a partir del gobierno de Díaz Ordaz. No obstante, en la
155 Alberto Olvera, 1999.
156 Después de la conformación del Gran Círculo de Obreros de México en 1872, se fun-
daron dos organizaciones que serían las protagonistas de las huelgas de Cananea y Río
Blanco en 1906 y 1907, respectivamente: la Confederación de Asociaciones de Trabajadores
de los Estados Unidos Mexicanos y el Gran Círculo de Obreros Libres. Esta última agrupaba
sindicatos importantes que serían punta de lanza de los movimientos obreros de los años
siguientes, como la Orden Suprema de Trabajadores Ferrocarrileros Mexicanos, la Unión de
Mecánicos Mexicanos, la Sociedad de Hermanos Caldereros Mexicanos, la Unión Liberal
Humanidad y el Gran Círculo de Obreros Libres. Alberto Trueba y Graham Fernández, “El
sindicalismo en México”, en Anuario mexicano de la historia del derecho, 2002, pp. 37 y ss.
157 Eric Wolf y E.C. Hansen, “Caudillo Politics: a structural analysis”, citado por Raymun-
dus Thomas, 1994.
José Galindo Rodríguez76
opinión de algunos autores, no se puede hablar de una relación totalmen-
te armónica.158
En este sentido, el Secretariado Social Mexicano, fundado en 1923, tuvo
un papel central pues impulsó los conceptos de participación social y de-
mocracia. Si bien inicialmente estuvo fuertemente vinculado con el Episco-
pado Mexicano y se encaminaba a defender la práctica del catolicismo, a lo
largo de los años se transformaría gradualmente a medida en que los laicos
fueron rompiendo el vínculo institucional con la Iglesia.159
Todo lo anterior dio paso a la formación de las primeras organizaciones
civiles posrevolucionarias vinculadas a la Iglesia, como las cooperativas de
ahorro y crédito, de producción y de consumo, que ante las maniobras
corporativas del Estado empezaron a integrar las demandas e intereses de
los sectores obrero, campesino, empresarial y profesional, buscando do-
tarlos por este medio de instrumentos de organización y mejoramiento
social y económico.
La Iglesia católica también influiría en la creación de organizaciones
sindicales, como la Confederación Nacional Católica del Trabajo (CNCT) en
1920, que defendería la práctica del catolicismo de sus miembros, aunque
por las persecuciones del gobierno no prosperó mucho entre los trabaja-
dores.160 En el terreno educativo se integró la Unión de Padres de Familia
en 1917, creada con el propósito de salvaguardar a la educación de la inje-
rencia del gobierno, el cual inicialmente trató de eliminar cualquier influen-
cia religiosa y, más tarde, buscó infundir algunos principios ligados con
tendencias socialistas.161
Con este acercamiento observamos algunos elementos importantes
para entender la evolución de la organización civil en las décadas siguien-
tes. Dicha evolución ha sido resultado del enfrentamiento y la constante
crítica al sistema político por parte de la sociedad, que a lo largo del tiempo
ha llegado a tener mayor injerencia en las decisiones gubernamentales.
158 Pablo González Casanova y Héctor Aguilar Camín, 1985, pp. 245 y ss.
159 “Semillas”, entrevista con Manuel Canto, director general de la ONG, 1 de abril de 2008.
160 Jorge Robles, “Historia del Secretariado Mexicano”, ensayo publicado en la página
ofi cial del Frente Auténtico del Trabajo.
161 El sector educativo estuvo inmerso en la infl uencia socialista del México posrevolucio-
nario, pues a través de esta vía se buscaba transmitir la cultura de la Revolución y fue un tema
fundamental desde las administraciones de Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles. Narciso
Bassols, secretario de Educación Pública (1931-1934), fi ncó las bases para el proyecto carde-
nista de darle un enfoque socialista a la educación, con el propósito de lograr paulatinamente
el mejoramiento económico de los sectores populares, sobre todo en las escuelas rurales.
David L. Raby, 1974.
Vertiente social 77
LA SOCIEDAD CIVIL FRENTE AL AUTORITARISMO PRIISTA
En el escenario en que estaba inmerso el país durante la administración de
Lázaro Cárdenas, se llevaron a cabo importantes reformas que darían una
fuerza notable al partido triunfante de la Revolución. Con el propósito de
darle solidez al proyecto revolucionario, en 1938 Cárdenas transformó el
Partido Nacional Revolucionario (PNR), fundado en 1929, en el Partido de la
Revolución Mexicana (PRM). A través de esta iniciativa, además de reagrupar
a las fuerzas políticas existentes, consolidó dos estrategias importantes de
su gobierno: la expropiación petrolera que tenía fuertes implicaciones obre-
ro-sindicales y la reforma agraria, con lo cual concilió ampliamente intere-
ses con los sectores obrero y campesino, permitiéndole establecer las bases
del sistema corporativista que identificó al PRM y posteriormente al PRI.
Haciendo un recuento, debido a la fuerza que tomaron las asociaciones
sindicales posrevolucionarias tanto obreras como campesinas, los sindica-
tos de distintas partes de la República fueron integrados a una organización
nacional más estructurada, lo que dio origen a la Confederación Regional
Obrera Mexicana (CROM) en 1918,162 cuyo primer líder sindical fue Luis N.
Morones y, en acuerdo con el gobierno, inició una serie de prácticas para
debilitar la fuerza que había alcanzado el movimiento obrero independiente.
Debido a la influencia que la CROM tenía en las juntas de Conciliación y Arbi-
traje, logró reducir el número de huelgas a través de negociaciones que en
ocasiones resultaban en detrimento de los intereses de los trabajadores.
Asimismo, cuando alguno de estos movimientos se le escapaba de las ma-
nos, declaraba ilegal la huelga, los obreros eran despedidos y los “rompe-
huelgas moronistas” ocupaban las instalaciones haciendo uso incluso de
la fuerza. De este modo, paulatinamente se fue menguando la autonomía
sindical y se conformaron otras asociaciones del mismo carácter, como la
Confederación Nacional Campesina (CNC, 1938) y la Confederación de Tra-
bajadores Mexicanos (CTM, 1936). Los excesos cometidos por los dirigentes
de la CROM y su falta de compromiso con las demandas laborales, incidieron
en la formación de diversos movimientos con el propósito de mantener un
sindicalismo independiente que cumpliera sus funciones. De esta forma, en
1921 se da la integración de la Confederación General de Trabajadores (CGT),
el principal propulsor del movimiento obrero-campesino independiente.
Entre 1924 y 1929 se registró el movimiento obrero más representativo
de la década, con la realización de huelgas en los sectores económicos más
162 José Manuel Lastra L., 2002.
José Galindo Rodríguez78
importantes como el petrolero, el eléctrico y el textil. Lo anterior produjo
una gran incertidumbre entre los empresarios, que los llevó a organizarse
en un frente común que les permitiera negociar más favorablemente con
el gobierno. Como resultado de estos esfuerzos, en 1929 se creó la Confe-
deración Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) como un sindicato
patronal, el cual entre sus objetivos iniciales tenía el enfrentar de mejor
manera la iniciativa gubernamental de crear la Ley Federal del Trabajo.163
Posteriormente, la coyuntura internacional previa al inicio de la Segun-
da Guerra Mundial hacía inminente la necesidad de estabilizar el agitado
clima social y armonizar las relaciones del Estado con los diversos secto-
res. Asimismo, se vislumbraba un cambio en el proceso económico nacio-
nal, tendente a alcanzar la modernización del país y en el cual el sector
industrial tendría un papel central. Aunque la economía mexicana durante
los años treinta experimentó un fuerte proceso de sustitución de importa-
ciones manufactureras, esta estrategia se consolidó y fortaleció en los años
cuarenta, y fue la base del desarrollo en las décadas siguientes. Este es-
fuerzo se dio paralelamente en varios países latinoamericanos.164
El impulso que los sucesores de Cárdenas otorgaron a la moderniza-
ción, repercutiría gradualmente en un rezago en la reforma agraria privile-
giada por aquél, pues los recursos asignados anteriormente al campo se
redireccionarían al sector industrial, en aras de motivar a los empresarios
a invertir. Asimismo, a través de los sindicatos cooptados por el gobierno,
continuaría el control de las demandas obreras. De igual manera, el monto
destinado al gasto social se fue haciendo insuficiente en la medida que el
gobierno priorizaba el proceso de industrialización, mientras que la pobla-
ción crecía a un ritmo cada vez mayor.
En 1954, durante el periodo de Adolfo Ruiz Cortines, se registró una
devaluación económica165 que provocó malestar en algunos sectores del
país, y que al combinarse con el lento avance del reparto agrario, el creci-
miento de la clase media urbana y los resultados de las estrategias corpo-
rativas del gobierno, desembocaría en el surgimiento de los primeros mo-
vimientos sociales que enfrentaban al autoritarismo del régimen.
163 Esta fue una de las tantas organizaciones empresariales que se crearon en el siglo XX.
En conjunto con la Concamin (1918) y la Canacintra (1941), entre otras, representa el vínculo
con el cual los empresarios participaron dentro del corporativismo estatal.
164 Para profundizar en el tema véase Raúl Prebisch, 1987.
165 El objetivo primordial de los regímenes de Manuel Ávila Camacho, Miguel Alemán y
Adolfo Ruiz Cortines fue el crecimiento de la industria. Los rasgos socialistas del cardenismo
se fueron perdiendo paulatinamente y en cambio se agudizó el caracter capitalista de la eco-
nomía del país. Aurora Loyo, 1975, pp. 349-362.
Vertiente social 79
Estos movimientos iniciaron hacia la segunda mitad de la década de
los cincuenta, siendo los más representativos los relativos a la organiza-
ción sindical ferrocarrilera de 1958 y 1959; y de maestros y médicos en
los años sesenta. Estos movimientos defendían la democracia interna, la
dignificación, la autonomía sindical, el aumento salarial, y otras cuestiones
laborales.
De manera general, podemos decir que los movimientos sindicales
locales demandaban mejoras económicas, en tanto que los sindicatos na-
cionales impugnaban el charrismo (líderes espurios) y, como en el caso del
ferrocarrilero, demandaban el respeto al voto en la sucesión presiden-
cial.166 Estas muestras de descontento fueron reprimidas por el gobierno,
y dieron inicio a un periodo que caracterizaría al régimen mexicano por el
uso de la fuerza para contener las manifestaciones y expresiones críticas
de la sociedad, con el consiguiente autoritarismo y atropello de los dere-
chos establecidos en la Constitución. A pesar de esto, la idea de democracia
contenida en las demandas sindicales empezaría a permear entre la socie-
dad tanto en la esfera rural como en la urbana.167
Al observar las dimensiones que podían alcanzar estos movimientos,
el gobierno redobló su estrategia de cooptación, integrando a la nómina
pública a los líderes disidentes, de distintas formas, a fin de tener el control
de estas insurrecciones.
La impunidad y corrupción del gobierno motivarían diversas críticas de
algunos círculos sociales, sobre todo de aquéllos vinculados con la izquier-
da, lo que fortaleció la posición política de grupos como la del Partido Comu-
nista Mexicano (PCM). Un aspecto importante del entorno internacional que
contribuiría a fomentar esta solidez fue el triunfo de la Revolución cubana
(1959), que dio un nuevo aire a gran parte de las corrientes de izquierda en
el mundo. Ante este escenario, en México se integraría en 1961 el Movimien-
to de Liberación Nacional: una organización cívica que reunió tanto a orga-
nizaciones sindicales, campesinas y civiles, como a activistas independientes
para reclamar al gobierno el respeto a los derechos políticos y democráticos,
la libertad de presos políticos, el cumplimiento de una reforma agraria y la
articulación de una defensa de la isla caribeña. Cabe decir que este movi-
miento fue encabezado por el ex presidente Lázaro Cárdenas.
El fallido intento de invasión estadounidense a Cuba entre el 15 y 19 de
abril de 1961, despertó aún más el sentimiento de solidaridad hacia aquel
país por parte de los sectores populares, magisteriales y estudiantiles de
166 José Luis Reyna, 1974.
167 Ibidem.
José Galindo Rodríguez80
México y se realizaron mítines en gran parte del territorio, lo cual llevó al
gobierno de Adolfo López Mateos a disolverlos con bombas de gas lacrimó-
geno y granaderos. La reacción ante esto fue la intensificación de diversos
movimientos sociales tanto urbanos como rurales, que gradualmente mos-
trarían un cambio en el comportamiento de la sociedad civil, influida también
por otro acontecimiento internacional como lo fue la guerra de Vietnam.168
El rechazo hacia el sistema establecido, y hacia instituciones que no habían
podido mantener el orden y la paz, hacían evidente la necesidad de un
cambio y una mayor participación ciudadana en los aspectos políticos a
través del reconocimiento de estos derechos.
En el caso de México, los movimientos acaecidos desde 1958,169 provo-
caron, en parte, una fractura del sistema corporativo en cuanto al control
sindical, que se conjugaría para la década siguiente con la influencia en
distintos estados de la República del Movimiento de Liberación Nacional
que penetró sobre todo en sectores que no estaban cooptados por el gobier-
no, como el estudiantil.170 Gran parte de los estudiantes que acudían a las
escuelas de educación media superior y superior de todo el país, se verían
influidos por los cuestionamientos al autoritarismo y poder indiscutible del
Estado, surgidos de los movimientos mencionados, que diseminarían por
todo el país el concepto de democracia y participación ciudadana.171
De forma paralela, durante la década de los sesenta, el nuevo enfoque
social que buscó dar la Iglesia a sus prácticas permeó la labor desarrollada
por organismos católicos como el Secretariado Mexicano, que para 1965
asesoraba a 27 agrupaciones intermedias y a 33 secretariados pastorales
diocesanos en aspectos sociales como educación y vivienda.
Derivado de lo anterior, los años sesenta se caracterizarían por una cre-
ciente toma de conciencia política y mayor participación de los ciudadanos en
tareas sociales; surgieron entonces las primeras organizaciones de la sociedad
civil (OSC), sin fines de lucro, algunas de ellas inspiradas en la Iglesia católica,
pero separadas orgánicamente de ella, con un enfoque de carácter social.172
168 En la opinión de Lucía Álvarez el movimiento pacifi sta que se llevó a cabo en todo el
mundo hacia fi nales de los años sesenta, reprobando los excesos de las grandes potencias,
fue el elemento central que detonó los movimientos juveniles que se dieron en varias partes
del mundo, cuya demanda central era el reconocimiento de los derechos políticos de los ciu-
dadanos. Entrevista con la doctora Lucía Álvarez, profesora de la Facultad de Ciencias Políti-
cas y Sociales de la UNAM, el 26 de marzo de 2008.
169 Véase Anexo, cuadro A, punto 56 S.
170 Rafael Reygadas, 1998.
171 Lucía Álvarez, 1997.
172 Entre éstas destacan: el Instituto Mexicano de Estudios Sociales (IMES, 1959); el Frente
Auténtico del Trabajo (FAT, 1960); el Instituto Mexicano de Desarrollo Comunitario en Guada-
Vertiente social 81
Un ejemplo de lo anterior fue el Centro Nacional de Comunicación
Social (CENCOS), que inició sus actividades en 1964 y se estableció como
asociación civil el 23 de abril de 1965. CENCOS constituyó un canal de
denuncia de distintos actos de represión e injusticia practicados a diversos
sectores de la población, y fue creado por José Álvarez Icaza. Este Centro
fungió, en un principio, como vocero del Episcopado Mexicano, compromi-
so que terminaría después de que la jerarquía católica le quitara este reco-
nocimiento a raíz del apego de Álvarez Icaza al movimiento estudiantil de
1968. Para algunos analistas como Sergio Aguayo, CENCOS constituiría “la
mejor expresión de la no violencia y el laboratorio en el cual se ensayaron
los métodos que han caracterizado al movimiento mexicano de los dere-
chos humanos”.173 Fue significativa su labor de comunicación en un tiempo
difícil para la libertad de expresión en nuestro país, siendo importante su
contribución, si bien desde una óptica cristiana, en la actividad de promo-
ción de los derechos humanos en México.174
Como ya hemos señalado, uno de los acontecimientos de mayor impac-
to para la transformación de la sociedad civil fue la movilización estudian-
til iniciada en julio de 1968, que culminaría en los sucesos del 2 de octubre
del mismo año.175 El Estado utilizaría todo su poder para enfrentar a una
sociedad cambiante, que exigía una relación distinta con el gobierno, lla-
mando su atención hacia las demandas de carácter político que se venían
planteando desde la década anterior.176
Otro acontecimiento que influiría en la transformación de la socie-
dad civil mexicana fue el Concilio Vaticano II (1962-1965), del cual ema-
lajara (1963); la Fundación Mexicana para el Desarrollo Rural (1963); el Centro de Promoción
y Desarrollo Popular (CPDP, 1964); el Centro Operacional de Vivienda y Poblamiento (COPEVI,
1965); el Centro de Desarrollo Popular (1966); Desarrollo Social para Mexicanos Indígenas
(1969) y el Centro Nacional de Comunicación Social (CENCOS, 1964). Rafael Reygadas, op. cit.
173 Sergio Aguayo, 2009.
174 Es importante señalar que uno de los rasgos del concepto de sociedad civil parte de
que su actuación se inscribe dentro del marco legal establecido. Por lo anterior, la mayoría
de estas organizaciones fueron fundadas como asociaciones civiles (AC), las cuales serían
reconocidas por el Código Civil atendiendo el artículo 9o. de la Constitución Mexicana, relativo
al derecho de asociación.
175 Ramón Ramírez comenta que las principales corrientes políticas que existían en ese
momento estuvieron representadas en el mismo: comunistas, demócrata-cristianos, trotskis-
tas, liga espartaquista, maoístas, guevaristas, socialistas, y otros grupos de menor signifi cado
e importancia política. Ramón Ramírez, 1969, pp. 56-65.
176 En opinión de Lucía Álvarez, lo más importante de este movimiento fue el reconoci-
miento del gobierno de que existía oposición política, lo cual fue un primer logro para la so-
ciedad en el proceso de construir un acercamiento entre el Estado y la sociedad. Entrevista
con la doctora Lucía Álvarez, 26 de marzo de 2008.
José Galindo Rodríguez82
nó una nueva doctrina social que se reflejó en el apoyo económico de la
Iglesia para la conformación de organizaciones civiles con un alto enfoque
social.177 Este suceso y la radicalización del movimiento estudiantil de 1968,
repercutieron en el desarrollo de dos vertientes importantes para el forta-
lecimiento de la ciudadanía en los años setenta: el movimiento católico que
a lo largo del tiempo vendría deslindándose de la Iglesia, y el estudiantil,
que incorporó a amplios sectores universitarios, algunos formando grupos
clandestinos dedicados al activismo político.178 Asimismo, se formarían
otros grupos de activismo político en la ciudad y en el campo. En el ámbito
capitalino destacan: el Frente Popular Independiente (FPI, integrado en
1973) y la Unión de Colonias Populares del Valle de México (UCP, en 1978).
Las tareas centrales de estos movimientos eran exigir a los gobiernos lo-
cales la construcción de más vivienda y servicios públicos.
La efervescencia social que se agudizó por los primeros síntomas de
agotamiento del desarrollo estabilizador que impactaron a la sociedad,
motivó un aparente cambio en la política del presidente Echeverría, quien
en un intento por ensayar mecanismos para recobrar el control social,
llevó a cabo distintos acercamientos con los estudiantes y manejó una po-
lítica populista para intentar reconciliarse con la sociedad, retomando el
discurso de antaño para convencer a la población de que el pacto revolu-
cionario seguía vigente. Sin embargo, debido a las hostilidades provocadas
por la actividad guerrillera, la autoridad presidencial fue cuestionada por
diversos grupos sociales. Por ejemplo, el círculo de empresarios de Nuevo
León culpó al gobierno del asesinato de Eugenio García Sada en septiem-
bre de 1973, adjudicado a la Liga 23 de Septiembre, por considerar que se
había “perdido el respeto por la autoridad”. Por lo anterior, a la par de las
estrategias mencionadas, el gobierno integró fuerzas policiacas especiales
y otras organizaciones que mantuvieron la represión de estos grupos de una
manera semidisfrazada.179
177 Lo anterior es importante, toda vez que implicaba un cambio en el papel que esta
institución desempeñaría como actor en el terreno de la asistencia social, que a partir del
triunfo de la Revolución había sido prácticamente monopolizada por el régimen.
178 “Semillas”, entrevista con Manuel Canto, director general de la ONG, 1 de abril de
2008.
179 “En 1973, la Liga Comunista 23 de Septiembre contaba con 3 000 militantes clan-
destinos en el DF, Guadalajara y Monterrey: era la estructura guerrillera más grande y
mejor articulada del país. A fi nes de 1974, 1 000 combatientes habían muerto asesinados
por la policía o el ejército, 600 estaban presos o desaparecidos y los demás resistían en
condiciones del todo adversas.” Javier Avilés, “Dónde está Jesús Piedra Ibarra”, 12 de
mayo de 2001.
Vertiente social 83
Como resultado de los atropellos que se acentuaron a partir de 1968,
Marie Claire Acosta menciona la formación de algunos grupos de la socie-
dad civil, integrados por escritores, periodistas y abogados, enfocados en
dar apoyo a los familiares de las víctimas, que se encontraban indefensos
ante la falta de respuesta del gobierno; sin embargo, la propia represión
impidió un registro oficial de los mismos.180 Estos esfuerzos se fueron ca-
nalizando a través de organizaciones como el Comité Pro Defensa de Pre-
sos, Perseguidos, Desaparecidos y Exiliados Políticos de México (Comité
Eureka), creado en 1977; la Unión de Padres con Hijos Desaparecidos de
Sinaloa, del mismo año; y la Asociación de Familiares y Amigos de Desapa-
recidos de México de 1979.181 La tarea principal de estas organizaciones
consistió en acompañar y dar asistencia a los familiares de las víctimas
para iniciar los procesos legales correspondientes, a fin de exigir al gobier-
no conocer su paradero y crear condiciones que evitaran abusos de quie-
nes detentaban el poder.182
Gracias a la labor de presión de estos grupos, el presidente López Por-
tillo se vería obligado a tomar una actitud distinta, incluso hacia los disi-
dentes políticos, flexibilizando su política para fortalecer al mismo tiempo
su imagen y devolverle legitimidad al régimen. Las acciones de su gobier-
no, que han sido consideradas por diversos analistas como José Antonio
Crespo, como trascendentes en el proceso de democratización en el país,
fueron: la reforma electoral de 1977, la promulgación de la Ley de Amnis-
tía de 1978 y la reforma al artículo 6o. constitucional respecto al derecho a
la información.
Encontramos en este tipo de expresiones un avance que definiría el
marco en el cual la propia sociedad interactuaría con el sistema, haciéndo-
se escuchar y proponiendo vías alternas para una adecuada protección de
los derechos, siendo esta presión social y sus efectos, temas centrales que
se discutirían en los debates legislativos que le dieron respaldo constitu-
cional a la CNDH.183
180 Marie Claire Acosta en Sergio Aguayo, 2000, p. 431.
181 A unos días del segundo informe presidencial de José López Portillo, en agosto de 1978
los integrantes del Comité Pro Defensa de Presos, Perseguidos, Desaparecidos y Exiliados
Políticos de México (Comité Eureka), realizaron su primera huelga de hambre en el atrio de
la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México, para exigir al gobierno de José López Por-
tillo la promulgación de una Ley de Amnistía para liberar a los centenares de presos políticos
recluidos en cárceles legales y clandestinas, así como el regreso al país de todos los que por
sufrir persecución, abandonaron la nación. Reclamaban 547 detenidos desaparecidos y su
lema fue: “No hay democracia con desaparecidos”.
182 Véase Anexo, cuadro A, punto 51 P.
183 Véase Anexo, cuadro A, punto 59 S.
José Galindo Rodríguez84
LATINOAMÉRICA EN EL DESARROLLO DE LAS ONG EN MÉXICO
Los difíciles periodos de las dictaduras latinoamericanas repercutieron en el
enfoque de las organizaciones sociales hacia los derechos humanos en dos
aspectos: en la influencia del ideario democrático y los derechos políticos de
los ciudadanos, y en la creación de nuevos organismos en México enfocados
específicamente en el tema de los derechos humanos.
Entre los primeros refugiados en llegar a México se encontraban los
centroamericanos: guatemaltecos, salvadoreños y nicaragüenses de
escasos recursos económicos, que en su mayoría fueron rechazados
por el gobierno mexicano, lo que a partir de 1979 derivó inicialmente en
un acercamiento de las organizaciones civiles y religiosas de tradición
católica para asistirlos. Estas organizaciones empezaron a establecer
mecanismos de ayuda y apoyo, e hicieron un trabajo de cabildeo para
influir en la postura gubernamental en torno a la figura del refugiado en
México.
Como se mencionó anteriormente, el Centro de Derechos Humanos
Fray Francisco de Vitoria, fundado en 1984, fue pionero en el movimiento
de promoción y defensa de los derechos humanos en México, y le siguie-
ron ese mismo año la Academia Mexicana de Derechos Humanos, y el
Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez en 1988.
Ahora bien, el Centro Fray Francisco de Vitoria fue constituido por
exiliados católicos salvadoreños y su principal tarea en aquella época fue
acoger a los refugiados de su país y proponer sus casos ante la ONU, para
que se les reconociera esta calidad en México. Por otra parte, el Centro
Agustín Pro Juárez se centró en la defensa de los derechos civiles y políti-
cos, y en la labor de los activistas que promovían diversas causas en torno
al tema social. Desde sus inicios, éste captó los casos de violaciones a los
derechos humanos, los documentó e inició los procesos legales correspon-
dientes para exigir el cumplimiento de los mismos ante las autoridades
gubernamentales y posteriormente los llevó ante los foros internacionales,
que se fortalecieron para fines de los años ochenta.184
La Academia Mexicana de los Derechos Humanos emerge del ámbito
universitario. Desde su fundación ha estado conformada por académicos,
activistas sociales, políticos e intelectuales de la trayectoria de Héctor Fix-
Zamudio, Marie Claire Acosta, Rodolfo Stavenhagen, Jorge Carpizo McGre-
gor, Sergio Aguayo y Gloria Ramírez, atendiendo de forma integral la proble-
184 Véase Anexo, cuadro A, punto 59 S.
Vertiente social 85
mática derivada de las violaciones a los derechos de las personas.185 Estas
tres organizaciones fueron identificadas dentro del concepto de ONG, pues es-
taban ligadas a un tema central de los nuevos programas de la agenda interna-
cional, como se empezó a considerar el relativo a los derechos humanos.
Además de los refugiados centroamericanos que inicialmente llegaron a
nuestro país, al final de la década de los setenta y principios de los ochenta,
llegó un flujo importante de sudamericanos, destacando en número los ar-
gentinos y chilenos, en calidad de exiliados políticos. Sus experiencias en
torno a la represión de la que fueron víctimas por expresar ideas distintas
a las de las dictaduras, contribuyó a reforzar conceptos vinculados con de-
mocracia, autonomía y participación ciudadana, que venían exigiéndose en
México desde los movimientos sindicales de finales de los años cincuenta.
En casi todos los casos, la incorporación de los exiliados a la sociedad
mexicana tuvo lugar fundamentalmente en el ámbito de la educación y la
cultura. A muchos exiliados de distintas nacionalidades, les resultó relati-
vamente fácil incorporarse como profesores e investigadores en diversas
instituciones de educación media superior y superior.186 Los intelectuales
sudamericanos profundizaron, ya instalados en los centros de enseñanza
nacionales, sus estudios sobre México y América Latina. Si bien esta región
era estudiada por varios especialistas mexicanos desde los años sesenta,
el análisis se enriqueció notablemente con las cátedras e investigaciones
de los que llegaron. Otros se incorporaron a la industria editorial, algunos
ejercieron el periodismo y varios más realizaron actividades artísticas y
culturales.
Según la opinión de Lucía Álvarez, la presencia de latinoamericanos de
diverso origen en los centros universitarios incidió, principalmente, en un
sentimiento de solidaridad hacia la problemática de los excesos de poder
185 Sus fundadores idearon explícitamente a la Academia como una institución que pudie-
ra servir de foro para la discusión de los derechos humanos en México, sin confrontar al
gobierno sobre asuntos específi cos. Entrevista a Rodolfo Stavenhagen, Buenos Aires, 26 de
octubre de 1992, citada por Margaret Keck y Kathryn Sikkink, 2000, p. 159.
186 En 1981, el entonces coordinador general de investigaciones de la Facultad de Ciencias
Políticas, Leopoldo González Aguayo, acerca de la incorporación de este tipo de extranjeros a
la Universidad Nacional Autónoma de México comentó: “Por una parte se aceptan masiva-
mente asilados sudamericanos y, por la otra, se hostiliza a quienes no se quiere tener en el
país, especialmente a los centroamericanos, que llegan a la frontera sur. Debido a un decreto
presidencial emitido en el sexenio pasado, la universidad tuvo que reconocer grados acadé-
micos basándose sólo en la palabra del asilado y llegamos a tener como maestros en el pos-
grado a personas que nunca terminaron una licenciatura. A cambio de eso, otros muchos
extranjeros, que estaban en la universidad y que habían probado su capacidad académica,
fueron hostilizados hasta que abandonaron el país”, Proceso, 8 de junio de 1981.
José Galindo Rodríguez86
que se daban en general en la región, y en una mayor toma de conciencia
sobre la realidad social y política latinoamericana.187 Al mismo tiempo, la
libertad de cátedra en los centros universitarios facilitó la transmisión de
estas ideas a los estudiantes, para impulsar su participación ciudadana e
incidir en la gestión pública en áreas prioritarias, como el respeto a los
derechos humanos.
LA EVOLUCIÓN DE LA SOCIEDAD CIVIL EN MÉXICO
El efecto de los acontecimientos anteriores se vería reflejado en la actitud
de la sociedad hacia la política del régimen, que intensificaría su reclamo
debido a la crisis económica de 1982 y mostraría diversos aspectos de la
corrupción gubernamental. En particular, los movimientos sociales empe-
zaron a ejercer mayor presión hacia el gobierno, derivada de este descon-
tento por el manejo inadecuado de la situación económica del país, en
donde el malestar social quedaba reflejado en sus demandas.
En este contexto, con el terremoto de 1985, la sociedad civil además de-
mostraría alta capacidad organizativa, al concentrarse en el restablecimiento
material y psicológico que este fenómeno generó. En este hecho fue evidente
la incapacidad de respuesta del gobierno ante la magnitud del problema.188
Proliferaron entonces las organizaciones de ayuda a damnificados, or-
ganizaciones de la sociedad civil destinadas a cuidar a niños huérfanos, a
personas lisiadas como consecuencia del sismo, y a discapacitados. Se for-
maron comités pro vivienda y de reconstrucción, así como de asistencia
social a grupos vulnerables. El sistema de protección civil con el que hoy
contamos, fue producto de la experiencia de los voluntarios que participa-
ron en el rescate de esa tragedia.
Lucía Álvarez y Miguel Canto consideran que este acontecimiento de-
terminó la articulación de grupos y organizaciones de la sociedad civil,
sobre todo de carácter urbano, que trabajaban de manera aislada y que
unieron esfuerzos e iniciaron un acercamiento más concreto con el gobier-
no a raíz del terremoto.
187 Entrevista con la doctora Lucía Álvarez, realizada el 26 de marzo de 2008.
188 Como consecuencia de este sismo, se descubrieron los cuerpos de varios prisione-
ros que aparentemente habían sido torturados en las ofi cinas del procurador del Distrito
Federal, lo cual provocó una gran indignación entre la sociedad mexicana. Este hecho tam-
bién fue documentado en el informe Human Rights in Mexico: A policy of impunity, que se
publicaría durante la administración del presidente Salinas. Margaret Keck y Kathryn Sik-
kink, 2000.
Vertiente social 87
Entre las organizaciones que destacan podemos mencionar las si-
guientes:
– Promoción de Servicios de Salud y Educación Popular, AC (PRODUSSEP):
aunque surgió en 1983 como parte de un proceso de maduración del
Movimiento Nacional de Salud Popular aglutinando a grupos cam-
pesinos, comunidades indígenas, organizaciones urbano-populares
y trabajadores vinculados a la salud popular, gradualmente esta or-
ganización integró una red que comprendió grupos de Veracruz,
Morelos, Chiapas, Estado de México, Oaxaca, Distrito Federal y
otros estados. A partir de cierta experiencia común, fueron prestán-
dose servicios mutuos relativos a temas como nutrición, salud pre-
ventiva, información, recuperación de la medicina tradicional y
herbolaria, formación de promotores de salud y compra en común
de medicamentos básicos. Esta primera red se conformó como aso-
ciación civil y ofreció una alternativa que combinaba organizaciones
populares, comunidades y organizaciones civiles de promoción de la
salud. De esta forma, en 1985 prestó una asistencia activa tanto para
atender a las víctimas del terremoto, como en la organización de las
medidas preventivas para reducir el riesgo de que brotara alguna
epidemia u otro problema de insalubridad pública.189
Proyecto Interinstitucional para la Reconstrucción: se conformó de
febrero de 1986 a junio de 1987 por diversas organizaciones.190
Trabajó fundamentalmente en las colonias Morelos y Doctores, aten-
diendo las necesidades más urgentes: abasto popular, salud,
construcción de vivienda, comunicación y formación de promoto-
res y dirigentes.191
Después de esta experiencia, algunas de estas asociaciones decidieron
unirse a otro entramado de carácter nacional, conocido como la Red Mexi-
cana de Educación Popular, una red con lazos estrechos con el Consejo de
Educación de Adultos de América Latina (CEEAL) y en el que participaron
además, de manera sobresaliente, el Centro Popular de Capacitación Téc-
nica, AC, de Guanajuato; el Centro de Estudios Ecuménicos, AC; el Grupo
189 Véase Anexo cuadro A, punto 63 S.
190 Se integró como una red entre Enlace, Comunicación y Capacitación, AC; Servicio,
Desarrollo y Paz, AC; el Centro de Encuentros y Diálogos, AC; el Centro Operacional de Vi-
vienda y Poblamiento, AC; el Instituto de Comunicación y Educación Popular, AC; y la Asocia-
ción de Trabajadoras Sociales Mexicanas.
191 Rafael Reygadas, op. cit.
José Galindo Rodríguez88
de Educación Popular con Mujeres, AC, y el Instituto Mexicano de Desarro-
llo Comunitario, AC, de Guadalajara.
Lo anterior marcó un precedente en el enfoque de la sociedad civil,
dividiéndola en dos grandes temas de interés: la corriente democratizadora
y la que impulsaba el desarrollo y el bienestar. Para este momento, como
parte de la influencia que las ONG internacionales habían tomado en la opi-
nión pública al impulsar el reconocimiento y respeto de los gobiernos hacia
los puntos de su competencia, se empezó a generar una mayor especiali-
zación de las organizaciones civiles mexicanas, en áreas vinculadas a los
temas que venían desarrollando organismos internacionales como la ONU.
Los asuntos centrales se referían a la democracia, a los derechos humanos y
al medio ambiente, lo que rompía, hasta cierto punto, con los aspectos
tradicionales del reclamo de los movimientos sociales relativos a la vivien-
da, la salud y la educación. Las organizaciones civiles que se identificaron
con estos nuevos temas adoptaron gradualmente la denominación de
ONG con cierta implicación progresista, logrando paulatinamente una ma-
yor influencia en el gobierno.192
LAS ONG HASTA LA DÉCADA DE LOS NOVENTA
Para finales de los años ochenta se habían registrado profundos cambios
de carácter económico y político en el contexto internacional. La crisis del
Estado benefactor daría paso a un modelo que pretendió incorporar cam-
bios sustanciales tendentes a elevar la rentabilidad del capital bajo un enfo-
que de libre competencia: el neoliberalismo, impulsado en los años ochenta
esencialmente por Ronald Reagan y Margaret Thatcher. El nuevo modelo
económico planteaba la reducción de la participación del Estado en la eco-
nomía y su descentralización, reiterando su rol como guardián de la ley
para que todos los cambios prosperaran.
En el caso de México, ante la difícil situación económica por la que
atravesó el país a partir de 1982, el gobierno tuvo que recurrir al financia-
miento internacional, sujeto a condiciones económicas y reformas estruc-
turales en el sector público que facilitaran la adopción del modelo neolibe-
ral. Como aspectos centrales del mismo figuraban el tema de la democracia
y los derechos humanos, resaltando los de carácter civil y político, que
192 Sergio Aguayo y María Luisa Tarrés, “Las enigmáticas ONG: una caracterización”, estu-
dio presentado dentro del Informe para la Fundación Ford (extraído del documento de traba-
jo original proporcionado por la doctora María Luisa Tarrés).
Vertiente social 89
serían impulsados en el país durante las administraciones de Miguel de la
Madrid y Carlos Salinas de Gortari.193
Estas reformas se fueron identificando con el concepto de “gobernabi-
lidad” o “buen gobierno”, pues retomaban algunos rasgos identificados por
Huntington desde la década de los sesenta, y para fines de los ochenta se
combinarían con los planteamientos del Consenso de Washington de John
Williamson y del neoinstitucionalismo de Douglas North.194 De esta mane-
ra, la democracia, la rendición de cuentas (accountability), la reducción de
la corrupción, el respeto por los derechos humanos (particularmente de los
derechos individuales) y la participación ciudadana, al igual que las institu-
ciones responsables de su observancia, formaron parte gradualmente de
estas reformas.195 Ahora las demandas que históricamente había esgrimi-
do la sociedad civil para exigir la existencia de gobiernos democráticos
que rindieran cuentas, observaran la ley y sus instituciones, y promovie-
ran la participación de la sociedad en la gestión pública, formaban parte de
la agenda internacional y eran exigibles a los gobiernos de las economías
emergentes.
En la opinión de Lucía Álvarez, las ONG, en este modelo, tienen un papel
como “elementos, ajenos al gobierno que ayudan a la gestión y manejo de
las demandas populares”.196 En este esquema, las ONG progresistas empie-
zan a ganar terreno como interlocutoras con el gobierno mexicano al tra-
bajar en los temas centrales de la agenda internacional. Gran parte de su
labor consistió en abordar las demandas populares de temas relativos al
desarrollo, la democracia, y los derechos humanos desde distintos ángu-
los, cubriendo las demandas tradicionales de los aspectos de asistencia
social que el gobierno era ya incapaz de satisfacer.
Con base en sus áreas de trabajo, las ONG se organizaron por proyectos,
alentando la participación ciudadana en pro del bienestar general, siendo
más eficientes en la ejecución de presupuestos que las agencias guberna-
mentales. Entre los factores que explican el auge y la relevancia de las ONG
a nivel internacional, se encuentra la renovación de la agenda internacional
193 Véase Anexo cuadro A, punto 2 C.
194 Algunos estudiosos como John Williamson y Douglas North, recuperan el concepto
de “gobernanza” y empiezan a recalcular el impacto que la gestión del sector público tiene
para que los cambios económicos prosperen. En este sentido, la sociedad civil tiene un papel
central como motor de cambio y control de la gestión pública.
195 La exigencia social para eliminar la corrupción, que iba acorde con las prioridades de
los organismos fi nancieros internacionales, tendría infl uencia en el Plan de Renovación Moral,
implementado por Miguel de la Madrid durante su gobierno.
196 Entrevista con la doctora Lucía Álvarez, 26 de marzo de 2008.
José Galindo Rodríguez90
a partir de los años sesenta. Desde ese momento, gobiernos, organismos
y agencias financieras internacionales, identificaron a las ONG como inter-
locutores eficaces en el manejo de los recursos destinados a los proyectos
prioritarios para los mismos.197
Por lo anterior, los gobiernos tuvieron que canalizar a gran parte de
estas organizaciones, los fondos procedentes de organismos multilaterales
como la ONU, el FMI y el BM para sus proyectos específicos, a la vez que
recibían de manera independiente recursos de fundaciones privadas como
la Ford o la Heritage.198
Esto último generó polémicas al considerar que los respaldos financie-
ros implicaban cierto grado de influencia ideológica. Sin embargo, los re-
sultados obtenidos por ONG internacionales como Amnistía Internacional,
Human Rights Watch y Greenpeace en sus áreas de competencia eran re-
levantes.
Por ejemplo, en el caso de México, el Comité Eureka, la Unión de Padres
de Familia y Familiares de Desaparecidos, AC, y la Asociación de Familiares
y Amigos de Personas Desaparecidas, SC, a pesar de que habían llevado
durante muchos años una lucha social pacífica exigiendo informes al go-
bierno acerca del paradero de las víctimas y la búsqueda de amnistía para
los presos políticos, no obtuvieron resultados contundentes hasta media-
dos de los ochenta, cuando canalizaron los expedientes de las víctimas a
organizaciones como Amnistía Internacional y Human Rights Watch.199
Con este material, Americas Watch profundizó en la investigación de las
violaciones a los derechos humanos en México e integró el informe titula-
do: Human Rights in Mexico, A policy of impunity, donde se documentaron
diversos hechos de la “guerra sucia” en México, de los que el gobierno
había sido responsable.200 La noticia de su publicación fue un detonante
para la creación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en
nuestro país.
197 Para abundar en el tema véase Sergio Aguayo y María Luisa Tarrés, Las enigmáticas
ONG mexicanas, op. cit.
198 Se estima que a principios de los años noventa los países del norte estaban transfi riendo
unos 6,000 millones de dólares anuales para el desarrollo de las naciones del sur a través de las
ONG. Sergio Aguayo y María Luisa Tarrés, Las enigmáticas ONG mexicanas, op. cit.
199 Además de la canalización de estos casos a Amnistía Internacional y Human Rights
Watch, los grupos mexicanos estarían llevando procesos jurídicos a nivel internacional ante
las Comisiones de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y de la OEA, con el fi n de dar
seguimiento a los diversos casos que representaban. Derivado de lo anterior, la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos emitió una resolución al gobierno de Carlos Salinas
de Gortari para demandar la salvaguarda de los derechos humanos desde el Estado.
200 Véase Anexo, cuadro A, punto 48 P.
Vertiente social 91
En 1989 el presidente Salinas creó formalmente la Dirección General
de Derechos Humanos como organismo desconcentrado de la Secretaría de
Gobernación, e inició diversos acercamientos con las ONG, con el propósi-
to de conformar un escenario adecuado para la inserción de México en el
contexto global, en el que los aspectos relacionados con la democracia, la
participación ciudadana y los derechos humanos se convirtieron en una
condición, como lo reconociera en su discurso al crear, un año después,
la CNDH:
[…] defender los derechos humanos es entrar a la modernización. La nuestra es
una modernización para la libertad, se reconoce en nuestra historia y conjunta
las acciones de hoy para satisfacer los objetivos de siempre… en el mundo en el
que nos proponemos participar con mayor intensidad, la adhesión a los dere-
chos humanos ha sorprendido predicciones que veían en creencias, prácticas y
antagonismos muros intransitables a la voluntad de los pueblos. El apego a estos
derechos ha sido, sin duda, un poderoso motor del cambio que afecta a todas las
naciones y que permea profundamente a la opinión mundial […] 201
En este sentido, los puntos en el Consenso de Washington orientados
a consolidar la apertura comercial mediante instrumentos como el TLCAN,
influirían en la postura oficial mexicana para darle un cauce institucional a
la demanda de la sociedad civil en cuanto a la protección de los derechos
humanos.
El interés de tener relaciones comerciales más estrechas con un país
como México, que no contaba con un sistema democrático y en donde el
Estado no garantizaba los derechos humanos, ni tenía en su haber una
regulación ambiental adecuada, generó incertidumbre en ciertos sectores
de los países del norte de América, como grupos del Congreso de Estados
Unidos,202 del gobierno canadiense y de la sociedad civil de ambos. Es im-
portante mencionar que esto último fue relevante, ya que en las negocia-
ciones del TLCAN se exigía la participación de la sociedad civil como un re-
presentante de intereses de la población en general y su opinión sería
201 Extraído del discurso ofi cial pronunciado por el presidente Carlos Salinas de Gortari
en el evento de creación de la CNDH, el 5 de junio de 1990. Gaceta de la CNDH, agosto de 1990,
p. 3 y ss.
202 Los elementos en contra de este proceso se dieron, en el caso de Estados Unidos, en
los sectores más conservadores del Congreso que mantenían enfoques nacionalistas y des-
preciaban las prácticas de los organismos multilaterales. En el caso de México se manifestó
a través de un rechazo al proceso de globalización, en los grupos más conservadores del PRI
y el PRD. Raúl Benítez M. y Carlos Rodríguez Ulloa, “Seguridad y Fronteras en Norteamérica
del TLCAN”, Frontera Norte, Colegio de la Frontera Norte, enero-junio de 2006.
tomada en cuenta en este proceso. En este sentido, el tema de la mano de
obra y los derechos laborales empezaron a tener un lugar preponderante
para las ONG de los tres países.203 Cabe señalar que, si bien el TLCAN entraría
en vigor hasta 1994, fue de suma importancia que la CNDH hubiera sido
creada cuatro años antes, convirtiéndose en un instrumento del propio
gobierno para mostrar al exterior, durante el proceso de discusión del mis-
mo, que existía un organismo oficial de protección de los derechos huma-
nos en su territorio.204
Es importante mencionar que, aun cuando el surgimiento de la CNDH
fue producto, en parte, de la presión social tanto nacional como internacio-
nal, este organismo emanó directamente del Estado. En su origen, la Co-
misión no tendría un verdadero respaldo social al ser creada directamente
por Salinas sin haber contado con una participación real de la sociedad, lo
que generaría que más tarde tuvieran que darse los cambios jurídicos ne-
cesarios para fortalecer, en este aspecto, al organismo. Este tema se tocará
más adelante.
203 Debido a esto, ante las primeras señales de negociaciones, durante 1989 empezaron
las movilizaciones para incluir en las cláusulas del TLCAN temas relativos a la protección ofi cial
de los derechos humanos, esencialmente los laborales, y establecer condiciones similares que
defi nieran un estándar en los costos de la mano de obra y las condiciones de trabajo en los
tres países. Luis González Souza, 1993, pp. 123-133.
204 En el siguiente capítulo se tratará la infl uencia de las negociaciones del TLCAN desde
un enfoque económico.

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