Crea Veracruz delito de desaparición forzada
XALAPA, Ver., junio 10 (EL UNIVERSAL).- A propuesta del gobernador Javier Duarte de Ochoa, el Congreso de Veracruz creó los delitos de Desaparición Forzada de Personas y Engaño Telefónico, además autorizó la conformación de un Consejo Ciudadano de Seguridad Pública.
Durante sesión ordinaria del Poder Legislativo, los diputados locales aprobaron reformas al Código Penal, Código de Procedimientos Penales y al Sistema Estatal de Seguridad Pública para el Estado de Veracruz.
En principio, con 38 votos a favor y uno en contra del PT, se creó el delito de Desaparición Forzada de Personas, con lo cual se impondrá una sanción de hasta 30 años de prisión a los servidores públicos y ciudadanos que participen en la desaparición de personas, con el agravante si la víctima fallece o es periodista.
Con ello, Veracruz se suma a algunas entidades federativas que han tipificado el delito de Desaparición forzada de personas, entre ellas Aguascalientes, Baja California, Chihuahua, Chiapas, Campeche, Coahuila, Colima, Distrito Federal, Durango, Guerrero, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla y San Luis Potosí.
Con los cambios legales, se cometerá dicho delito cuando se compruebe que hay una acción de privar de la libertad a una persona; que sea cometido por un agente del Estado o un particular con autorización y apoyo; y una negativa de informar sobre el paradero de la víctima.
Y al servidor público que cometa el delito de desaparición forzada de persona, se le impondrá una pena de diez a treinta años de prisión y multa de mil a cuatro mil días de salario, además de la inhabilitación definitiva para ejercer la función pública.
El particular que cometa el delito de desaparición forzada de persona, con la ayuda de algún funcionario, se le impondrá una pena de diez a veinticinco años de prisión y multa de quinientos a dos mil días de salario.
En tanto, con tan solo 25 a favor del PRI, se aprobó una reforma para tipificar como delito el "engaño telefónico" y frenar de esa forma las llamadas de extorsión en contra de ciudadanos, cuyos casos se perseguirán de oficio.
Ahora se impondrá una pena de tres a diez años de prisión a quien haga llamadas telefónicas de extorsión.
Durante la votación se registraron dos sufragios en contra del PRD y Movimiento Ciudadano; y trece abstenciones del PAN, PT y del diputado priista Marco Antonio Del Ángel Arroyo.
La integrante de la Comisión de Justicia y Puntos Constitucionales, la panista Ana Ledezma, pidió que se analizara más...
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