El uso de la fuerza en México
| Autor | Blanca Ivonne Olvera Lezama |
| Páginas | 4-11 |
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La violencia ya es parte de la cotidianidad en México. La mayoría de los ciudadanos al salir a las calles se encuentra con manifestaciones, marchas
y bloqueos que les impiden llegar
a tiempo a sus actividades, incluso en situaciones de emergencia, para asistir a un hospital o a realizar un trámite relevante. En el camino hay robos tanto en el transporte público, para despojar de sus pertenencias
a los ocupantes del taxi, pesero
o autobús, como en el transporte privado, cuando las personas detienen la marcha de su vehículo en un semáforo o incluso al transitar en vías rápidas como el Periférico en
la Ciudad de México y son asaltadas. Los delincuentes rompen cristales de las ventanas de los autos para despojar de bolsas, teléfonos celulares o relojes. Los robos ocurren en las casas habitación, en los restaurantes, en los parques, en las calles, en los centros comerciales
y en los cines, entre otros lugares. Las noticias que escuchamos en los medios de comunicación hablan de homicidios, secuestros, personas desaparecidas, enfrentamientos, la mayoría de los cuales están ligados al narcotráfico, y se tiene la percepción de que “la delincuencia organizada ha provocado el incremento de homicidios y las disputas por el control de las rutas para el trasiego de drogas, precursores químicos, armas y dinero; crea condiciones de crisis social en zonas de arraigo de organizaciones del narcotráfico. Todos estos fenómenos desestabilizadores del orden social, económico y político configuran un país que se dirige hacia la ingobernabilidad”.1
Para evitarse más complicaciones, las víctimas de estos delitos no denuncian.
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) realizó un estudio en el que se afirma que la llamada “cifra negra” alcanzó 93.7 por ciento, que implica la no denuncia de los delitos.2Y sin denuncia las autoridades no pueden realizar las investigaciones que conlleven las sanciones correspondientes para los infractores de la ley.
Para realizar todo tipo de delitos, los criminales utilizan armas de fuego que obtienen de manera ilegal. La secretaria de Relaciones Exteriores de México, Claudia Ruiz Massieu, señaló que las autoridades mexicanas han rastreado 70
por ciento de las armas de fuego decomisadas en el país hasta compradores o distribuidores en Estados Unidos. Añadió que 60 por ciento fueron fabricadas en ese país en comparación con 30 por ciento que son de manufactura europea y 10 por ciento del resto del mundo. Ruiz Massieu también hizo notar la facilidad con la que pueden comprarse armas en Estados Unidos
y destacó la existencia de más de
9,000 tiendas de armas y 23,000 licencias expedidas para ventas de armas en ferias de esta industria
y en internet tan sólo en los cuatro estados colindantes con México. Incluso los supermercados tienen inventarios de armas y es muy
fácil adquirirlas.3 Por otra parte, las armas de fuego ilegales que fluyen en el tráfico clandestino en México representan una cantidad mayor a las decomisadas. Un estudio de la Cámara de Diputados estima que hay 11 millones de armas ilegales en el país, la mayoría proveniente de Estados Unidos,4mientras que las armas de fuego legales ascienden a
2.8 millones, según la Secretaría de la Defensa Nacional.5Estas grandes cantidades de armas ilegales son utilizadas para delinquir, por lo que las autoridades encargadas de la seguridad pública se encuentran frente a un gran reto.
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El artículo 132 del Código Nacional de Procedimientos Penales, vigente a partir del 18 de junio de 2016,6se refiere a las obligaciones del policía en la investigación: “Se deberá regir bajo los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución”. La actuación de las policías ya no es limitante, sino participativa, bajo la conducción del Ministerio Público, con fundamento en el artículo 21 de nuestra Carta Magna, el cual establece que la policía no sólo actuará en la investigación en casos de flagrancia, sino como primer respondiente conforme al protocolo de actuación vigente a nivel nacional.
Lo anterior quiere decir que la policía tiene la atribución de recibir denuncias y reunir elementos de prueba en la escena del crimen, los cuales entregará a la Policía Ministerial para que, en conjunto con el Ministerio Público y los peritos correspondientes, integren una carpeta de investigación con el fin de determinar si existe o no responsabilidad penal. Esta investigación será libre y disciplinada por los principios de licitud y de libertad probatoria, así como de reserva y registro, sistematizándose como un procedimiento de obtención libre de información que ha sido conseguida sin vulnerar los derechos humanos de los ciudadanos.
En este sentido, el primer respondiente es el policía que tiene el primer contacto con el ciudadano que denuncia o con el hecho delictivo. El protocolo de actuación en comento contiene una serie de formatos que deben llenar los policías, como el “Informe del uso de la fuerza”, que tiene su fundamento en el artículo 132, fracción IV, del Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual señala que la obligación del policía es “impedir que se consumen delitos o que los hechos produzcan consecuencias ulteriores. Especialmente estará obligado a realizar todos los actos necesarios para evitar una acción real, actual o inminente
y sin derecho, en protección de bienes jurídicos de los gobernados a quienes tiene la obligación de proteger”. Dicho informe deberá ser requisitado debiendo registrarse los datos generales del evento en que se usó la fuerza, la fecha, el lugar, la hora, los nombres, la situación que originó dicho...
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