La tortura en la investigación penal. Avances jurídicos y viejas prácticas
| Autor | María del Rosario Molina González - Lidia del Rocío Reyes Ramírez - María Teresa Gaxiola Sánchez |
| Cargo | Doctora en Derecho - Doctora en Derecho - Doctora en Derecho |
| Páginas | 99-115 |
La tortura en la investigación penal. Avances
jurídicos y viejas prácticas∗
María del Rosario Molina González∗∗
Lidia del Rocío Reyes Ramírez∗∗∗
María Teresa Gaxiola Sánchez∗∗∗∗
RESUMEN: La democratización y
legitimación de cualquier Estado Nación, de
sus instituciones, depende no del
reconocimiento discursivo o la amplitud de
catálogo de derechos humanos; sino del
respeto y la eficacia de los mismos, de su
oponibilidad frente a terceros,
de la
expectativa de no vulneración; o en su caso,
en la seguridad de su reparación en el caso
de su violación. En la justicia penal, no
obstante las reformas estructurales, la
inversión presupuestal, la implementación
de protocolos de actuación, los esfuerzos de
capacitación y profesionalización del
operador de la investigación penal, los
indicadores de violaciones por actos de
tortura y maltrato continúan en la práctica,
así documentada en lo nacional e
internacional, exponiendo al detenido a una
victimización institucional. El objetivo del
ABSTRACT: Democratization and
legitimacy of any nation and its
institutions, depends not of discursive
recognition or catalog amplitude of human
rights; but of respect and effectiveness
ofthem, their enforceability against third
parties, for infringement no expectation; or,
where appropriate, in the safety of repair in
the event of their violation. In criminal
justice, in spite of the structural reforms,
investment budget, implementing
protocols, efforts to train and
professionalize the operator of the criminal
investigation, indicators of violations by
acts of torture and abuse continue in
practice, well documented in the national
and international levels, exposing the
detainee to institutional victimization. The
purpose of this is paper to determine the
status of legal and jurisprudential progress
∗ Artículo recibido el 13 de enero de 2015 y aceptado para su publicación el 26 de febrero de 2015.
∗∗ Doctora en Derecho, Docente e Investigadora de la Universidad de Sonora, Unidad Regional Sur,
Departamento de Ciencias Sociales; Líder del CAEF “Dogmática Jurídica y Proceso Educativo.
Tendencias Actuales”. (UNISON-CA-165). Dirigir comunicaciones a: rmolina@navojoa.uson.mx
∗∗∗ Doctora en Derecho, Catedrática de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad
Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, Líder del grupo Disciplinar “Género y Feminismo”.
∗∗∗∗ Doctora en Derecho, Docente e Investigadora de la Universidad de Sonora, Unidad Regional
Sur, Departamento de Ciencias Sociales; Coordinadora Divisional de Prácticas Profesionales.
Letras Jurídicas ISSN 1665-1529 128 Núm. 31 (Enero-Junio 2015)
La tortura en la investigación penal. Avances
jurídicos y viejas prácticas
presente es determinar el estado de avance
normativo y jurisprudencial en materia de
tortura en México, sus posibles
implicaciones para la investigación penal y
la responsabilidad institucional.
Palabras clave: Tortura
, Investigación
Penal, Derechos Humanos, Control de la
Convencionalidad.
on torture in Mexico, its possible
implications for the criminal investigation
and institutional responsibility.
Keywords:
Torture, Criminal
Investigation, Human Rights, Control
Conventionality.
SUMARIO: 1. Contextualización conceptual; 2. Avances en la normativa
constitucional y convencional; 3. Criterios jurisprudenciales relevantes; Algunas
líneas de conclusión, Bibliografía
1. Contextualización conceptual
El problema de la tortura revela un proceso inacabado que prevalece en México
para erradicarla de la prácticas detentivas y de investigación; no obstante de los
avances discursivos, normativos y operativos, de la relevancia para la seguridad
jurídica personal y colectiva de los derechos fundamentales y bienes jurídicos
protegidos con su prohibición como la libertad, las garantías personales y jurídicas,
incluso la vida. El acto de tortura es consecuente, en el mayor de los casos, de una
detención arbitraria o ilegal, situación que de por sí expone al detenido, a
incomunicación, a tácticas violentas para la obtención de información y
confesiones, incluso de desapariciones forzadas, pues escudados en la guerra
contra el narcotráfico, el informe de la Human Right Watch precisa, en el informe
de 2014 para el capítulo México, que hay más de veintiséis mil desaparecidos o
extraviados de 2007 a 2013, calificándolo como un problema de “grave crisis
humanitaria” (HRW, 2014). Una herida abierta para el país, una deuda a los
derechos humanos, y donde el discurso de eficacia persecutora, no puede
encontrar justificante en desmedro de los derechos fundamentales.
El análisis pretende explorar las condiciones que prevalecen, y cómo, la
materialización de los esfuerzos normativos se soportan, precisamente en la
disminución de las brechas de tensión entre el discurso de la ley y la práctica de los
operadores, de justicia, en la prevalencia de los derechos fundamentales, la
desarticulación de investigaciones penales, en neutralizar probanzas obtenidas
como consecuencia de estos actos de tortura, bajo el concepto de prueba ilegal o
producto del árbol envenenado, de calificarla como detención ilegal, de un efectivo
control difuso de constitucionalidad y convencionalidad. Finalmente, de ocurrir,
vincular desde ese momento investigaciones penales a los autores de tales actos, y
materialice el control penal de los derechos humanos, anunciados desde el marco
constitucional.
Letras Jurídicas ISSN 1665-1529 129 Núm. 31 (Enero-Junio 2015)
Para continuar leyendo
Solicita tu prueba