Superdelegados, sin sanción y en archivo
Montserrat Peralta
CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 8 (EL UNIVERSAL).- Promoción con fines electorales, irregularidades y faltas administrativas en el manejo de programas sociales son algunos motivos que aparecen en las denuncias contra los llamados superdelegados.
"Tenemos 102 denuncias que nos han llegado a la [Secretaría de la] Función Pública presentadas contra exdelegados del Bienestar y delegados. En este caso lo que puedo informar es que 24 de estas investigaciones ya han sido concluidas sin elementos, sin posibilidad de continuarlas, pero ocho ya están en proceso de responsabilidades", dijo la titular de esa dependencia, Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, durante la conferencia de prensa del Presidente de la República el 23 de enero de 2020.
Meses antes, en comparecencia ante la Cámara de Diputados, el 24 de octubre de 2019, señaló: "Estamos procesando 12 denuncias ya en contra de 10 delegados estatales de programas para el desarrollo (...) Hasta ahora las entidades federativas cuyos delegados han sido denunciados y están siendo investigados son: Aguascalientes, Chihuahua, Chiapas, Colima, Guanajuato, Puebla, San Luis Potosí, Sinaloa y Sonora."
Sin embargo, la secretaria respondió a este diario que sólo contaba con 97 denuncias y ninguna tiene sanción. De éstas, 86 están en trámite y las 11 restantes fueron concluidas para después ser archivadas por falta de elementos.
Este conteo fue entregado por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) en el proceso de un recurso de revisión, porque las secretarías de Bienestar y de la Función Pública no consideraban entregar parte de la información por estimar que debería ser confidencial.
En el documento en poder de EL UNIVERSAL se enlista el número de expedientes, entidad federativa, breve descripción de los hechos, estatus y sanción. El estado que tiene la mayor cantidad de denuncias ante la SFP es Colima, con 16; le sigue Aguascalientes, con 11; Oaxaca, con nueve; Tamaulipas, con siete, y Puebla y San Luis Potosí, con cinco cada una.
"Las oficinas de los superdelegados, como cualquier otra oficina gubernamental, son susceptibles de la Ley General de Transparencia. Lamentablemente, al tratarse de figuras que cumplen funciones de representación política más que administrativa, se abusa de su estatus político para no informar de forma regular ni proactiva a la sociedad a la que sirven", dijo en entrevista Eduardo Bohórquez, director de Transparencia Mexicana.
En noviembre de 2018, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó la creación, por unanimidad, de la figura de coordinadores...
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