Soberanía energética en peligro
| Autor | Manuel Bartlett Díaz |
La "reforma energética" de 2008 significó un paso hacia la demolición de los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución, que establecen que la nación es la propietaria de los hidrocarburos y que éstos en exclusiva deben ser explotados por el Estado a través de sus organismos. Esta demolición programada se ejemplifica por recientes afirmaciones en la Woodrow Wilson de Joseph M. Dukert, analista cercano al gobierno de Estados Unidos, que señaló: "...el movimiento hacia la implementación de una cooperación energética de Norteamérica es como una escalera, podemos avanzar un poco, pero una vez que lo hacemos, es imposible regresarnos". Así, se ha penetrado en el control de los recursos energéticos de nuestro país, subordinándonos a una política energética hegemónica.
Enrique Peña Nieto se propone, en acuerdo con Estados Unidos, concluir este proceso a través de una reforma constitucional. Y el PAN adelanta su apoyo a este proyecto de eliminación de la soberanía energética, anunciando una iniciativa coincidente con las demandas hegemónicas, simulando no ser cola de Peña.
La estructura actual de Pemex, producto de la reforma de 2008, facilita el paso definitivo. El modelo privatizador y desnacionalizador de aquella "reforma energética" se resume en tres elementos: 1. Privatización de los objetivos de la industria energética nacional; 2. Privatización de sus estructuras; y, 3. Privatización de los instrumentos de operación.
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Los objetivos de la industria petrolera nacional, violando la Constitución, se privatizaron: las reformas asignaron a Pemex y a los nuevos organismos creados, características corporativas. Diluyen el carácter público de Pemex, homologando sus objetivos, y los de los organismos del sector, a los de las empresas privadas, cuya finalidad es extraer y vender petróleo con la mayor rapidez para "maximizar la ganancia", en lugar de que Pemex mantuviera su naturaleza pública para ser la palanca del desarrollo nacional. La reforma asumió los objetivos hegemónicos de los países del "Grupo de los 8" para asegurar que las reservas petroleras del mundo fluyan hacia ellos. Se adoptaron los propósitos del Informe Cheney de 2001, para la integración energética entre los socios del Tratado de Libre Comercio en beneficio de Norteamérica y explicitados en la Alianza para la Seguridad y Prosperidad de América del Norte (ASPAN) de 2005.
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Por privatización de estructuras aludimos a la privatización de la organización. La nueva Ley de Petróleos Mexicanos construyó un régimen de excepción jurídica. Pemex tiene una regulación de adquisiciones específica; creó un Consejo de Administración, cuyos "consejeros independientes" están regulados de forma distinta al resto de los servidores públicos -en materia de salarios, responsabilidades e inmunidades- y, entre sus fines está conducir a Pemex y organismos subsidiarios, "conforme a las mejores prácticas corporativas de la industria" -artículo 19 de la Ley de Pemex-. Esta estructura es para que el Estado y el gobierno pierdan el control sobre la industria petrolera y para que ésta se guíe por objetivos empresariales...
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