El sistema de mérito en la administración pública de cara al siglo XXI ¿Está el marco jurídico del municipio mexicano a la altura de los nuevos desafíos que enfrenta la administración pública municipal?
| Autor | Carlos Eduardo Hernández Pérez |
| Páginas | 175-185 |
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¿Está el marco jurídico del municipio mexicano a la altura de los nuevos desafíos que enfrenta la administración pública municipal del siglo XXI?
Para hablar del sistema de mérito en la administración pública es necesario, obviamente, considerar que el administrador público debe estar al servicio del administrado en una relación concreta de persona a persona, y su trabajo debe ser útil a la comunidad. Esta es la norma básica, el criterio fundamental para evaluar y juzgar su comportamiento.
El servidor público es el puente que comunica actitudes y soluciones de gobierno con necesidades y demandas sociales. Es también el modo en que los consensos se construyen, amplían y consolidan cuando los resultados de la acción gubernamental son positivos. Sin embargo, a través de él y cuando los gobiernos no consiguen los resultados deseados y esperados se pierden o disminuyen los consensos generales.
Por tal motivo debemos considerar que los intereses de la comunidad estén a cargo de sus mejores hombres y que su gobierno sea eficiente y suficiente, es una permanente y universal aspiración de los pueblos. Una necesidad tan obvia que el mérito personal de los funcionarios, particularmente de los altos mandos, se considera tan importante o de mayor significación que la estructura misma de los mecanismos administrativos dispuestos para facilitar el manejo de tales intereses.
Según lo demuestra la experiencia universal, un país puede ser llevado a la ruina, la postración material y aun moral en pocos diseños por ineficiencia de la conducción de los negocios públicos, del intervencionismo
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exagerado o de costoso, e innecesario e inútil crecimiento de la burocracia estatal.
Los motivos de esta ineficiencia difieren según el país de que se trate pero hay dos causas que creemos necesario destacar aquí como razón principal de los desaciertos en el manejo y preservación de los intereses del gobierno.
La primera se refiere a los gobernantes que frecuentemente olvidan que administrar un país es aplicar la Constitución, ponerla en acción, reconocer la existencia y el valor de sus ideales, su doctrina y los supuestos básicos previamente consentidos que es necesario realizar.
La segunda se relaciona directamente con la calidad, el mérito profesional y la motivación de los administradores que deben cuidar de dicha preservación y manejo.
En ese sentido nos dice el autor Ricardo Uvalle Berrones que “la misión de los gobiernos en la sociedad contemporánea es de importancia vital y creciente. Desarrollan tareas relacionadas con el mejoramiento, conservación y desarrollo de la vida pública y tienden, por cometido, a garantizar las comisiones objetivas que permiten a la sociedad desarrollarse como un cuerpo vigoroso y emprendedor”.2
En esta tesitura señalaremos que los gobiernos requieren modernizar sus procesos de gestión teniendo como punto de referencia las reacciones ciudadanas, democratizar a la administración pública, orientarla para que sea equitativa y eficaz y nutrirla de las ventajas del cambio organizacional, son requisitos a un nuevo servicio público.
Es más, un servicio público competente se preocupa por garantizar aspectos pilares fundamentales de la vida social: como la gobernabilidad, estabilidad institucional y participación ciudadana.
En tal virtud nos menciona Yolanda Cordero Nieves en su artículo “Un Sistema de Mérito”,3el concepto de mérito ha tenido dos énfasis predominantes, uno de equidad social y otro de pureza administrativa. A mediados del siglo XX, el concepto se institucionalizó como un principio central de la administración pública en varios países que buscaban la solución a los problemas de desigualdad y privilegios dentro de sus estructuras gubernamentales. El mérito puede definirse como una filosofía de administración enmarcada en las capacidades de las personas que ingresan o aspiran a ingresar al servicio público, cuya aplicación persigue desalentar el uso de
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criterios no relacionados con las ejecutorias profesionales de los empleados públicos o de los aspirantes a empleo.
Pero para que opere este sistema de mérito es necesario que abordemos brevemente el tema de la burocracia neutral, ¿por qué? Primero porque la burocracia debe ser neutral en materia política, entendiendo a este respecto por política la dirección partidaria, no en la forma y acción del gobierno según los preceptos de la ciencia de la administración y para ello es necesario actuar con el sentido de “idoneidad”, la cual es considerada como la actitud profesional que se exige a una persona para desempeñar su trabajo dentro de la administración pública pero investido de deberes tan importantes como el de secrecía, y fidelidad en cuanto a la actividad que desarrolla el funcionario para influir en el buen éxito de la política del estado.
De tal forma que uno de los aspectos más importantes del mérito es la garantía que le ofrece al empleado público y a la población que el empleado en un sistema de mérito y en una administración pública neutral sólo podrá ser removido del desempeño de su trabajo cuando se demuestre que ha faltado a los principios antes mencionados o una clara violación a alguna de las leyes o reglamentos que rigen al servicio público dentro de la administración pública.
De ahí que el sistema de mérito, entiéndase la carrera pública, es el medio del cual se vale un sistema inmerso en la dinámica y actividad de la administración pública para asegurar la continuidad y la pureza en el funcionamiento de las instituciones administrativas. Esto creemos se logra en gran parte cuando al servidor público de carrera se le otorga una seguridad de empleo o permanencia en su puesto, de tal forma que los cambios y vientos políticos que afectan con la salida de los gobernantes en turno no alteren ninguna forma su relación contractual con el gobierno; esto es, una de las premisas es que el sistema de mérito debe buscar una orientación hacia servir a la ciudadanía, servir al pueblo y no hacia los partidos políticos. (Como desafortunadamente lo hemos vivido en nuestro país y en los últimos años en el estado de Guanajuato cuando vergonzosamente se ha prescindido de funcionarios públicos que no comulguen con las ideas del partido gobernante o que sean renuentes a afiliarse a dicho partido.)
Ahora bien, ¿qué beneficios reporta la implantación de un sistema de mérito en la administración pública? Pues han sido aquellos en los que se implanta la sistematización de procesos de reclutamiento y selección; la clasificación de los puestos de trabajo en consideración a las habilidades, destrezas y requerimientos para el desempeño del trabajo; (con esas medidas en gran parte se logra erradicar la improvisación y el famoso “mil usos” a que por...
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