Ejecutoria num. P./J. 26/2009 de Suprema Corte de Justicia, Pleno

EmisorPleno
Número de ResoluciónP./J. 26/2009
Fecha de Publicación 1 de Mayo de 2009

CONTRADICCIÓN DE TESIS 17/2007-PL. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LA PRIMERA Y LA SEGUNDA SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN.

CONSIDERANDO:

PRIMERO

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal; 197 de la Ley de Amparo y 10, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo Plenario 5/2001, del veintiuno de junio de dos mil uno, en virtud de que los criterios discrepantes fueron sustentados por las S.s de este Alto Tribunal.

SEGUNDO

La presente denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, en términos del artículo 197 de la Ley de Amparo.

De acuerdo con dicho numeral, cuando se sustenten criterios contradictorios entre las S.s de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en asuntos que son de su competencia, la denuncia correspondiente ante este Alto Tribunal solamente puede plantearse por:

  1. Cualquiera de las S.s o por los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

  2. El procurador general de la República.

  3. Las partes que intervinieron en los juicios en que tales criterios contradictorios se hayan sustentado.

En la especie, como se dijo, la presente denuncia de posible contradicción de tesis fue formulada por un Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, adscrito a la Segunda S., por lo que se reitera su legitimación para tales efectos.

TERCERO

Como cuestión previa y con el propósito de estar en aptitud de determinar sobre la procedencia, así como sobre la existencia de la referida divergencia de criterios denunciada y, en su caso, resolverla, es preciso tener presente los criterios sustentados por las S.s que lo motivaron, por lo que a continuación se transcriben.

  1. La parte considerativa de la sentencia dictada por la Primera S. de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver el amparo directo en revisión 244/2006, es la siguiente:

    Corresponde ocuparnos del agravio sintetizado con el número 2), en el considerando anterior, en el que la quejosa recurrente asevera que la sentencia impugnada es ilegal, porque el Tribunal Colegiado declaró inoperante su argumento relativo a que el artículo 9o., párrafo quinto, de la Ley del Impuesto al Activo, vigente en dos mil tres, violaba la garantía de proporcionalidad tributaria, al estimar que no especificó cuáles fueron sus razonamientos y porqué dicho precepto legal es violatorio de la garantía que invoca, lo cual asevera es erróneo, porque ella sí expresó razonamientos tendientes a sostener que dicho precepto legal es inconstitucional. El agravio antes referido deviene inoperante, en atención a que el quinto párrafo del artículo 9o. de la Ley del Impuesto al Activo, vigente en dos mil tres, no se le aplicó a la quejosa, hoy recurrente, y por ende, su contenido no le depara perjuicio jurídico alguno ... Del oficio número 330-SAT-III-4-a-04-08107, de fecha veintisiete de julio de dos mil cuatro, emitido por el Subadministrador de Servicios ‘4’ de la Administración de Servicios ‘B’, de la Administración Central de Recaudación de Grandes Contribuyentes, dependiente del Servicio de Administración Tributaria, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través del cual, se autorizó en una parte y negó en otra, la devolución del importe solicitado por la hoy quejosa recurrente, por concepto de impuesto sobre la renta correspondiente al ejercicio de dos mil tres (oficio cuya nulidad demandó en el juicio fiscal del que derivó el amparo en revisión que nos ocupa) (fojas de la 48 a 54 del expediente del juicio de nulidad número 36241/04-17-10-5); se advierte que la autoridad administrativa citada no aplicó ningún precepto legal de la Ley del Impuesto al Activo, vigente en dos mil tres ... Por otra parte, la S. responsable al emitir la sentencia reclamada en el juicio de amparo del que deriva esta instancia, tampoco aplicó a la quejosa recurrente el artículo 9o., párrafo quinto, de la Ley del Impuesto al Activo, vigente en dos mil tres, toda vez que de su contenido íntegro, se desprende que su análisis se basó fundamentalmente en el artículo 17, fracciones VI, último párrafo y VII, de la Ley de Ingresos vigente en dos mil tres, por haber sido planteada la litis en torno a ese numeral, y si bien hizo mención a la Ley del Impuesto al Activo, vigente en dos mil tres, fue respecto al artículo 9o., primer párrafo y fracción I, al contestar un agravio propuesto por la promovente de ese juicio de nulidad (hoy quejosa recurrente), pero no se refirió al párrafo quinto del numeral 9o. de la Ley del Impuesto al Activo, vigente en dos mil tres, que la quejosa tilda de inconstitucional en su demanda de garantías. Por consiguiente, como se aprecia de lo reseñado, no se le aplicó a la quejosa recurrente el contenido del quinto párrafo de la Ley del Impuesto al Activo, vigente en dos mil tres, puesto que la negativa para devolverle el impuesto sobre la renta enterado en el ejercicio de dos mil tres, se basó en el artículo 17, fracciones VII, inciso a), segundo párrafo, de la Ley de Ingresos vigente en dos mil tres, al estimar la autoridad administrativa y la S. responsable, que el estímulo fiscal previsto en dicha norma se actualizó al acreditar el impuesto especial sobre producción y servicios contra los pagos provisionales del impuesto sobre la renta, por lo que la promovente, hoy quejosa recurrente, ya no tenía derecho a la devolución solicitada... En esas condiciones, el contenido del quinto párrafo del artículo 9o. de la Ley del Impuesto al Activo, vigente en dos mil tres, no le fue aplicado a la quejosa recurrente, y por ende, no le deparó perjuicio jurídico alguno, deviniendo en inoperantes sus argumentos en los que combate su inconstitucionalidad, tal como lo estimó el Tribunal Colegiado, aunque por diversas razones a las expuestas por éste.

    Al resolver el amparo directo en revisión 1092/2006, la Primera S. sostuvo lo siguiente:

    CUARTO. Como cuestión previa es necesario determinar si en el caso se satisfacen los requisitos de procedencia del recurso de revisión, de conformidad con lo previsto en los artículos 107, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; cuarto transitorio del decreto de reformas a ésta, de diez de junio de mil novecientos noventa y nueve, en vigor a partir del día doce siguiente; 83, fracción V y 93 de la Ley de Amparo; 10, fracción III y 21 fracciones III, incisos a) y b), y XI de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y en términos de lo previsto en el Acuerdo General 5/1999, emitido por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en especial en el punto primero, fracciones I y II. El artículo 107, fracción IX de la Constitución General de la República, establece lo siguiente: (se transcribe). La exposición de motivos de la reforma constitucional a la disposición transcrita, publicada en el Diario Oficial de la Federación el once de junio de mil novecientos noventa y nueve, señala que las facultades discrecionales que se otorgan a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para resolver sobre su competencia o sobre la procedencia de las instancias planteadas ante ella dentro del juicio de amparo, entre otras respecto del recurso de revisión interpuesto contra sentencias dictadas por los Tribunales Colegiados de Circuito, tiene por objeto que el Alto Tribunal deje de conocer de aquellos asuntos en los que no deba entrar al fondo para fijar un criterio de importancia y trascendencia, con lo cual la reforma pretende fortalecer el carácter de máximo órgano jurisdiccional de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en congruencia del carácter uni-instancial del amparo directo, a fin de que por excepción se abra y resuelva la segunda instancia sólo en aquellos casos que resulte imprescindible la intervención del Alto Tribunal. Con base en lo anterior el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió el Acuerdo 5/1999, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintidós de junio de mil novecientos noventa y nueve, cuyo punto primero establece que para la procedencia del recurso de revisión, en amparo directo, se requiere que en la sentencia recurrida se haya hecho pronunciamiento sobre la constitucionalidad de una ley, tratado internacional o reglamento, o se establezca la interpretación directa de un precepto constitucional, o que habiéndose planteado alguna de esas cuestiones en la sentencia de amparo se haya omitido su estudio, y que el problema de constitucionalidad pudiera entrañar la fijación de un criterio jurídico de importancia y trascendencia a juicio de la S. respectiva. En relación con el segundo requisito el propio punto primero del mismo acuerdo señala que por regla general se entenderá que no se surten los requisitos de importancia y trascendencia cuando exista jurisprudencia sobre el problema de constitucionalidad hecho valer en la demanda de garantías, y cuando no se hayan expresado agravios o, en su caso, cuando éstos resulten ineficaces, inoperantes, inatendibles o insuficientes y no haya que suplir la deficiencia de la queja, o en casos análogos. En el orden expuesto debe examinarse si el presente recurso de revisión reúne los requisitos de procedibilidad antes especificados, debiendo hacer notar que los recurrentes alegan que en la demanda de amparo directo se cuestionó al artículo 410 del Código Procesal Civil del Estado de Coahuila -respecto del que no existe pronunciamiento de este Alto Tribunal respecto de su constitucionalidad- y que en la sentencia recurrida no existe decisión sobre esa cuestión, siendo esa precisamente la materia de la revisión. En tal virtud debe concluirse que el recurso de revisión es procedente y que su materia consistirá en determinar si en sus conceptos de violación el quejoso realizó un planteamiento de inconstitucionalidad para, en su caso, hacer el análisis respectivo. QUINTO. Los agravios esgrimidos por el quejoso ahora recurrente, son infundados y la determinación del Tribunal Colegiado que conoció el asunto en la primera instancia, en el sentido de que no existe un verdadero planteamiento de constitucionalidad que deba ser abordado por un Tribunal Federal debe confirmarse, conclusión a la que se arriba en atención a las consideraciones que a continuación se expondrán. De la lectura íntegra de la demanda de amparo se desprende que los impetrantes de garantías argumentaron exclusivamente cuestiones de legalidad relativas a distintas supuestas violaciones procesales narradas en forma reiterada en quince conceptos de violación que se expusieron con argumentos amplísimos que se hicieron a lo largo de ciento ochenta páginas, sin que hubieran realizado un solo razonamiento que contuviera propiamente un planteamiento de inconstitucionalidad que deba analizarse en la vía constitucional directa, pues para ello forzosamente deben satisfacerse ciertas reglas esenciales y mínimas que no se cumplieron en el presente caso. Así las cosas, el Cuarto Tribunal Colegiado del Octavo Circuito atinadamente resolvió que el planteamiento de la supuesta inconstitucionalidad resultó inoperante, bajo la consideración esencial de que lo que los quejosos hacen valer en realidad es la aplicación indebida de la norma en cuestión, lo que hace imposible abordar su análisis a la luz del artículo 14 constitucional, que es el que supuestamente se hubiera vulnerado de haberse aplicado correctamente la norma en cuestión.

    Al resolver el amparo directo en revisión 1228/2006, la misma S. señaló lo que a continuación se transcribe:

    Los agravios de la quejosa recurrente sintetizados en el punto 3 del considerando tercero de la presente ejecutoria, en los que medularmente aduce que el Tribunal Colegiado resolvió negar el amparo a partir de argumentos irrelevantes, como el supuesto consentimiento, sin entrar al análisis de la constitucional propuesta del artículo 49, fracción I, de la Ley Federal de Derechos, y que no se trata de un acto consentido, son sustancialmente fundados y suficientes para revocar la sentencia recurrida por lo siguiente: Conforme a los artículos 107, fracción IX, constitucional y 83, fracción V, de la Ley de Amparo, 10, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como del Punto Primero del Acuerdo Plenario 5/1999, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintidós de junio de mil novecientos noventa y nueve, tratándose de sentencias dictadas en amparos directos por los Tribunales Colegiados de Circuito, por regla general, no procede el recurso de revisión, y sólo por excepción éste será procedente: 1. Cuando habiéndose impugnado en la demanda de garantías la inconstitucionalidad de una Ley Federal, L., del Distrito Federal o de un Tratado Internacional, la sentencia decida u omita decidir sobre tales materias. 2. Cuando en los conceptos de violación se haya planteado la interpretación directa de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en las sentencias se decida u omita decidir sobre esta cuestión. Resulta aplicable a lo antes considerado la jurisprudencia del Tribunal Pleno siguiente: (se transcribe). En consecuencia, es procedente el presente recurso de revisión, toda vez que en la demanda de amparo se observa que la parte quejosa planteó la inconstitucionalidad del artículo 49, fracción I, de la Ley Federal de Derechos, cuyo estudio omitió el Tribunal Colegiado del conocimiento por considerar inoperantes los conceptos de violación, con base en el argumento de que la parte quejosa lo consintió al no haberlo combatido dentro de los plazos legales cuando llevó a cabo los diversos pagos por concepto de trámite aduanero a que se refiere dicho artículo, ya que la invocación del mismo en el oficio por el que se le negó la devolución del pago de lo indebido, no constituyó aplicación en su perjuicio. Sin embargo, contrario a lo aducido por el Tribunal Colegiado, de acuerdo con los diferentes criterios jurisprudenciales que la Suprema Corte ha sostenido, cuando las autoridades fiscales resuelven las consultas que les formulen los particulares y a éstas les recae un oficio por medio del cual se desahoga una consulta y concluye que el quejoso se encuentra dentro de la hipótesis legal que prevé el precepto tildado de inconstitucional en el juicio de amparo, o como en el caso, se solicitó la devolución de los pagos realizados por concepto de derechos de trámite aduanero durante el período comprendido de enero de mil novecientos noventa y siete a noviembre de dos mil dos, tal respuesta negativa, constituye acto de aplicación de dicha norma, luego entonces es suficiente la presentación del oficio que responde a la consulta o negativa a devolver la cantidad solicitada para tener por acreditado el acto de aplicación y el interés jurídico para reclamar la resolución y la ley aplicada. Por lo tanto, con la finalidad de no violar el principio de supremacía constitucional y aplicar los criterios jurisprudenciales que declaran la inconstitucionalidad de preceptos legales, el Tribunal Colegiado debió suplir la deficiencia de la queja, en términos de la fracción I del artículo 76 Bis de la Ley de Amparo, lo que implica que la jurisprudencia por la que se declara inconstitucional una ley o norma general pueda tener aplicación a casos diversos a los que motivaron su emisión, aun cuando no se haya invocado por la quejosa. En efecto, esta Primera S. de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión de tres de mayo de dos mil seis, aprobó la jurisprudencia número 1a./J. 33/2006, en la que ya se pronunció en relación con el numeral de referencia, declarando su inconstitucionalidad, por violar los principios de proporcionalidad y equidad tributaria, misma que es del tenor literal siguiente: (se transcribe). En el caso es aplicable dicha tesis de jurisprudencia, porque de las constancias de autos se advierte que el artículo 49, fracción I, de la Ley Federal de Derechos, declarado inconstitucional en la jurisprudencia de mérito fue aplicado a la quejosa recurrente en el acto de origen, consistente en el oficio número 330-SAT-III-4-001659, de fecha tres de marzo de dos mil tres, por el que se le negó la devolución de la cantidad solicitada el diecinueve de diciembre de dos mil dos, por concepto de derechos de trámite aduanero durante el período comprendido del primero de enero de mil novecientos noventa y siete a noviembre de dos mil dos ... En consecuencia, en el caso se satisface el presupuesto necesario para que proceda la aplicación de la jurisprudencia de esta Primera S. de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la que se declaró inconstitucional el artículo 49, fracción I, de la Ley Federal de Derechos vigente desde el primero de enero de mil novecientos noventa y nueve al treinta y uno de diciembre de dos mil cuatro, por contravenir las garantías de proporcionalidad y equidad tributaria, por haberse acreditado en autos su aplicación en perjuicio de la quejosa, en la resolución recaída a solicitud de devolución de cantidades pagadas con anterioridad ... En ese orden de ideas, en suplencia de la queja deficiente, lo procedente es aplicar al caso la tesis de jurisprudencia transcrita previamente, en la cual se declaró la inconstitucionalidad del artículo 49, fracción I, de la Ley Federal de Derechos vigente desde el primero de enero de mil novecientos noventa y nueve al treinta uno de diciembre de dos mil cuatro, y, en consecuencia, se concede a la quejosa la protección de la Justicia Federal solicitada, a fin de que el Pleno de la S. Superior responsable deje sin efectos la sentencia reclamada y emita una nueva en la que, atendiendo a los lineamientos de este fallo, declare la nulidad de la resolución recaída a la solicitud de devolución formulada por la quejosa, en la que se aplicó el precepto cuestionado.

  2. Por su parte la Segunda S. de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al fallar el amparo directo en revisión número 511/2007, adujo lo siguiente:

    PRIMERO. Debe examinarse como problema fundamental, si el presente recurso es procedente. Para ello, se toma en consideración que el artículo 107, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece lo siguiente: (se transcribe). La exposición de motivos de la reforma constitucional al artículo 107, fracción IX, publicada en el Diario Oficial de la Federación el once de junio de mil novecientos noventa y nueve, señala que las facultades discrecionales que se otorgan a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para resolver sobre su competencia o sobre la procedencia de las instancias planteadas ante ella dentro del juicio de amparo, entre otras respecto del recurso de revisión interpuesto contra sentencias dictadas por los Tribunales Colegiados de Circuito, tiene por objeto que este Alto Tribunal deje de conocer de aquellos asuntos en los que no deba entrar al fondo para fijar, sobre el problema constitucional que se debate, un criterio de importancia y trascendencia, con lo cual la reforma pretende fortalecer el carácter de máximo órgano jurisdiccional de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en congruencia del carácter uni-instancial del amparo directo, a fin de que por excepción se abra y resuelva la segunda instancia, sólo en los asuntos que resulte imprescindible la intervención de este Alto Tribunal. Con base en lo anterior, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió el Acuerdo 5/1999, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintidós de junio de mil novecientos noventa y nueve, cuyo punto primero establece que para la procedencia del recurso de revisión en amparo directo se requiere que se reúnan los siguientes supuestos: a) Que en la sentencia recurrida se haya hechopronunciamiento sobre la constitucionalidad de una ley, tratado internacional o reglamento, o se establezca la interpretación directa de un precepto constitucional, o que, habiéndose planteado alguna de esas cuestiones en la demanda de amparo, se haya omitido su estudio, y b) Que el problema de constitucionalidad entrañe la fijación de un criterio jurídico de importancia y trascendencia, a juicio de la S. respectiva. El primero de los requisitos de procedencia del recurso de revisión, establece tres hipótesis por las cuales se puede permitir la impugnación de una resolución emitida en un juicio de garantías directo: 1) Cuando se haya hecho pronunciamiento sobre la constitucionalidad de una ley. 2) Cuando se establezca la interpretación directa de un precepto constitucional, y 3) Cuando en el amparo se omita el estudio de constitucionalidad de una ley o la interpretación directa de un precepto constitucional, que se haya propuesto. En el caso concreto, de las constancias de autos se advierte que la empresa quejosa, ahora recurrente, en su demanda de garantías planteó la inconstitucionalidad del artículo 52 del Código Fiscal de la Federación. Sobre el tema, el Tribunal Colegiado que conoció del juicio de garantías, determinó, en esencia, considerar ineficaz el único argumento de violación que opuso la quejosa para demostrar la inconstitucionalidad del precepto citado, dado que no precisó cuáles son los procedimientos y formalidades que, según su dicho, se incumplen, con lo que faltó a su obligación de precisar la lesión o agravio que le causa la norma. De lo anterior se advierte que el Tribunal Colegiado del conocimiento declaró ineficaz el concepto de violación que hizo valer la empresa quejosa respecto de la inconstitucionalidad que planteó, en razón de que, es de estricto derecho el amparo contra leyes fiscales y, por tanto, no estuvo en aptitud de entrar al estudio de constitucionalidad del mismo. Ahora bien, la anterior determinación no constituye un pronunciamiento de constitucionalidad respecto del artículo 52 del Código Fiscal de la Federación, en virtud de que únicamente se refiere a los razonamientos jurídicos que le impidieron entrar al estudio del tema, es decir, son argumentos por los cuales dicho órgano jurisdiccional justificó su decisión de no examinar la constitucionalidad de la ley combatida, determinación que no es susceptible de ser impugnada a través de recurso alguno, pues es una sentencia definitiva, emitida por un órgano terminal. Lo anterior, se justifica en razón de que el recurso de revisión contra las ejecutorias dictadas en amparo directo por los Tribunales Colegiados es procedente únicamente cuando en ellas se realizó un pronunciamiento de constitucionalidad, no así para recurrir las determinaciones por las cuales dicho órgano jurisdiccional se declaró impedido para hacerlo. En similares términos se pronunció esta Segunda S. de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver, por unanimidad de cinco votos, el amparo directo en revisión 81/2007, en sesión de veintiocho de febrero de dos mil siete, en la que se determinó lo siguiente: (se transcribe). A mayor abundamiento, no pasa inadvertido para esta S. que la parte recurrente controvirtió la decisión del Tribunal Colegiado de considerar ineficaz el argumento tendente a demostrar la inconstitucionalidad del artículo reclamado, señalando en sus razonamientos de agravio que sí expresó en qué consistían las violaciones de formalidad, esto es, porque existen algunos contribuyentes que se encuentran obligados a dictaminar sus estados financieros para efectos fiscales; por ello, las autoridades están obligadas a revisarlos previo al inicio de cualquiera de las facultades de comprobación a que se refiere el artículo 42, fracciones I, II y III, del Código Fiscal de la Federación, lo que pudiera ser fundado; sin embargo, realizar su estudio sería violar el artículo 107, fracción IX, de la Constitución, en cuanto establece que cuando proceda la revisión en amparo directo la materia del recurso deberá limitarse ‘exclusivamente a la decisión de las cuestiones propiamente de constitucionalidad’, lo que no ocurre sobre un pronunciamiento de ineficacia de conceptos de violación. En consecuencia, al no existir en la sentencia recurrida pronunciamiento alguno de inconstitucionalidad o interpretación directa de un precepto constitucional, procede desechar el presente recurso de revisión.

CUARTO

En forma previa al estudio de fondo del asunto, es necesario determinar si entre los criterios sustentados por las S.s de este Tribunal Pleno existe contradicción. Para ello, debe tenerse presente el contenido de la siguiente tesis jurisprudencial, emitida por el Pleno de este Máximo Tribunal, que en este caso es aplicable por identidad de razón.

"CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA. De conformidad con lo que establecen los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo, cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o la S. que corresponda deben decidir cuál tesis ha de prevalecer. Ahora bien, se entiende que existen tesis contradictorias cuando concurren los siguientes supuestos: a) que al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes; b) que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; y, c) que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos."

Según se advierte de la jurisprudencia transcrita, para que exista contradicción de tesis deben reunirse los siguientes elementos:

  1. Que al resolver los planteamientos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios discrepantes.

  2. Que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, en los razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias.

  3. Que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos.

Ahora bien, de las ejecutorias pronunciadas por las S.s de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, respectivamente se advierte que la Primera S. al resolver los amparos directos en revisión números 244/2006, 1092/2006 y 1228/2006, consideró procedente el recurso de revisión en amparo directo, al considerar que se reunían los requisitos establecidos en los artículos 107, fracción IX y 83, fracción V, de la Ley de Amparo, 10, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como del punto primero del Acuerdo Plenario 5/1999, pues al haberse declarado inoperantes los conceptos de violación que en materia de constitucionalidad se plantearon se omitió su estudio.

Derivado de lo anterior, la Primera S. determinó entrar al estudio de los agravios en los que se combatieron las consideraciones de los cuerpos colegiados correspondientes, por medio de las cuales declararon inoperantes o ineficaces los conceptos de violación que hicieron valer las quejosas en cada caso, respecto de la inconstitucionalidad que plantearon.

Por otra parte, la Segunda S. de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo directo en revisión 511/2007, consideró que es improcedente el recurso de revisión en amparo directo, tratándose de agravios por medio de los que se combate la inoperancia o ineficacia declarada por el cuerpo colegiado correspondiente, en relación con un concepto de violación de constitucionalidad que hizo valer la parte quejosa, toda vez que de lo contrario se estaría violando el artículo 107, fracción IX, de la Constitución, en cuanto establece que cuando proceda la revisión en amparo directo la materia del recurso deberá limitarse "exclusivamente a la decisión de las cuestiones propiamente de constitucionalidad", lo que no ocurre sobre un pronunciamiento de ineficacia de conceptos de violación.

En tales condiciones, resulta manifiesta la divergencia de criterios denunciada, en virtud de que ambos órganos colegiados se pronunciaron en torno a la procedencia o no del recurso de revisión en amparo directo, ante una calificativa de inoperancia, ineficacia o insuficiencia realizada por el Tribunal Colegiado de los conceptos de violación en los que se hubiere efectuado un planteamiento de constitucionalidad.

Sobre el referido tópico, las S.s de este Alto Tribunal arribaron a conclusiones diversas, pues mientras que la primera determinó que el recurso de revisión en amparo directo es procedente al actualizarse uno de los supuestos previstos en el artículo 107, fracción IX, de la Carta Magna, para analizar si se hubiera omitido o no correctamente el estudio de la constitucionalidad planteada; la segunda consideró que no era así, al estarse ante un estudio de legalidad, lo que violaría lo dispuesto por el artículo constitucional referido.

Lo anterior pone de manifiesto la existencia de la contradicción de tesis denunciada en los términos que han quedado precisados.

QUINTO

Con la finalidad de establecer el criterio de este Tribunal Pleno, en primer término es preciso considerar lo señalado en la exposición de motivos de la reforma a la fracción IX del artículo 107 constitucional, para posteriormente analizar los preceptos aplicables.

En la iniciativa presentada por el presidente de la República, el once de junio de mil novecientos noventa y nueve, se señaló:

La Suprema Corte de Justicia como tribunal constitucional. ... Por otra parte, con el mismo espíritu se somete a su alta consideración la reforma a la fracción IX del artículo 107 constitucional. En este caso, se trata de que la Suprema Corte de Justicia conozca de la revisión en amparo directo únicamente cuando las resoluciones pronunciadas por los Tribunales Colegiados decidan sobre la inconstitucionalidad de una ley o establezcan la interpretación directa de un precepto de la Constitución, cuya resolución entrañe, a juicio de la propia Corte, la fijación de un criterio de importancia y trascendencia. Nuevamente se trata de una reforma encaminada a lograr que la Suprema Corte pueda encargarse de los asuntos que por su relevancia requieren la intervención del máximo órgano jurisdiccional del país. Esta reforma fortalece el carácter final de la Suprema Corte de Justicia y es congruente con el carácter uni-instancial del amparo directo. Cabe recordar que la procedencia de este último, conocido también como amparo en casación o de legalidad, supone que el afectado dispuso de dos instancias jurisdiccionales previas y, en algunos casos, de un recurso administrativo, para hacer valer todos sus derechos. En consecuencia, la propuesta no va en demérito alguno de los medios de defensa que nuestro orden jurídico tradicionalmente ha previsto en favor de los ciudadanos y, por el contrario, permitirá a la Suprema Corte continuar contando con un mecanismo de revisión cuando las circunstancias exijan la fijación de un criterio de importancia y trascendencia que oriente la interpretación y aplicación de las normas jurídicas.

En el dictamen de la Cámara de Senadores de fecha veintisiete de abril de mil novecientos noventa y nueve, se señaló lo siguiente:

En cuanto a la fracción IX del artículo 107 constitucional, la iniciativa explica que con dicha reforma se pretende que la Suprema Corte de Justicia conozca de la revisión en amparo directo solamente cuando las resoluciones pronunciadas por los Tribunales Colegiados decidan sobre la inconstitucionalidad de una ley o establezcan la interpretación directa de un precepto constitucional, cuya resolución signifique, a consideración de la propia Corte, la fijación de un criterio de importancia y trascendencia. ... Fortalecimiento de la función jurisdiccional de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La Suprema Corte de Justicia de la Nación es parte fundamental de nuestro Poder Judicial al ser el más Alto Tribunal del país y eje de nuestro sistema de impartición de justicia que garantiza la vigencia de nuestra Constitución y de nuestro sistema jurídico. Las decisiones de índole jurídico que toma la Suprema Corte de Justicia afectan aspectos esenciales de nuestra vida pública, son y han sido de vital interés para los mexicanos al decidir temas que han afectado a millones de ellos, de ahí la importancia de fortalecer el funcionamiento del órgano cúspide de nuestros sistema judicial, porque su actuación finalmente impacta en los importantes aspectos sociales políticos o económicos de nuestra comunidad. La actividad que realiza la Corte es de vital importancia para la solución de problemas trascendentales del país, en los casos que han ameritado interés para la sociedad y en los que ha ejercido la facultad de atracción que le otorga la ley. De esta forma, la Corte en su actividad ha rendido frutos y ha tenido gran relevancia y trascendencia para la vida nacional, en su papel protector de nuestra Ley Suprema. Hoy es exigencia de los mexicanos que contemos con un máximo órgano jurisdiccional que tenga más y mejores medios que aseguren el buen cumplimiento de nuestro orden jurídico previsto en favor de los ciudadanos. Los legisladores tenemos el compromiso con los ciudadanos que nos eligieron para representar sus intereses supremos, de realizar las reformas que exija la realidad del país para contar con una Suprema Corte de Justicia que dé certidumbre en la aplicación de nuestro orden jurídico fundamental, fortaleciendo así su objetivo final que es impartir justicia. Nuestra rica tradición constitucional y jurídica ha permitido que el derecho no sea únicamente un instrumento al servicio de la paz y la convivencia, sino también al servicio del cambio que se exige en nuestro días, en ello se debe insertar a la Corte para que deje constancia de su papel de impartición de justicia para el México de hoy. ... A través de dichos recursos y en el ejercicio de su competencia, la Corte cumple su misión, política y jurídica de interpretar y aplicar la Constitución y las leyes del Congreso, en todas las controversias del orden jurídico. El objeto de este sistema es que la Suprema Corte sólo se ocupe de las grandes cuestiones constitucionales y federales que se susciten en el país, dejando la resolución definitiva de todos los demás asuntos secundarios a los tribunales federales inferiores y a los estatales. ...

De la exposición de motivos antes transcrita se advierte el énfasis -que el Constituyente hizo- a la función de la Suprema Corte de Justicia de la Nación como eje de nuestro sistema de impartición de justicia al ser el Máximo Tribunal.

En esa línea de ideas, para salvaguardar el derecho de los individuos a que el Máximo Tribunal sea el que se pronuncie respecto de los planteamientos de constitucionalidad que resulten de importancia y trascendencia, se reformó el artículo 107, fracción IX, constitucional, estableciendo así el supuesto por virtud del cual este Alto Tribunal puede conocer de forma excepcional el recurso de revisión en amparo directo.

Con ello se pretendía hacer de la Suprema Corte de Justicia de la Nación un órgano que dé certidumbre en la aplicación de nuestro orden jurídico fundamental, toda vez que la interpretación definitiva de la propia Constitución corresponde a ésta, por tanto es menester que sea la que en última instancia salvaguarde la Ley Fundamental.

Precisado lo anterior, se atenderá al contenido del artículo 107, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que señala:

"Artículo 107. Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes:

"...

"IX. Las resoluciones que en materia de amparo directo pronuncien los Tribunales Colegiados de Circuito no admiten recurso alguno, a menos que decidan sobre la inconstitucionalidad de una ley o establezcan la interpretación directa de un precepto de la Constitución cuya resolución, a juicio de la Suprema Corte de Justicia y conforme a acuerdos generales, entrañe la fijación de un criterio de importancia y trascendencia. Sólo en esa hipótesis procederá la revisión ante la Suprema Corte de Justicia, limitándose la materia del recurso exclusivamente a la decisión de las cuestiones propiamente constitucionales."

Del precepto transcrito se advierte que tratándose de amparo directo, la regla general es que "no admite recurso alguno", pero tiene las siguientes excepciones, a saber:

  1. Que se decida en las resoluciones recurridas sobre la inconstitucionalidad de una ley;

  2. Que se establezca la interpretación directa de un precepto de la Constitución, y

  3. Que la resolución, conforme a acuerdos generales, entrañe la fijación de un criterio de importancia y trascendencia.

De tal manera, el precepto en cuestión establece que la procedencia del amparo directo en revisión está sujeta a que se compruebe la existencia de una decisión sobre la constitucionalidad de una ley, o bien, la interpretación directa de un precepto constitucional, pero que ello entrañe la fijación de un criterio de importancia y trascendencia de conformidad con los acuerdos generales.

Por su parte, los artículos 83, fracción V, 91, fracción I y 93 de la Ley de Amparo, señalan lo siguiente:

"Artículo 83. Procede el recurso de revisión:

"...

"V. Contra las resoluciones que en materia de amparo directo pronuncien los Tribunales Colegiados de Circuito, cuando decidan sobre la constitucionalidad de leyes federales o locales, tratados internacionales, reglamentos expedidos por el presidente de la República de acuerdo con la fracción I del artículo 89 constitucional y reglamentos de leyes locales expedidos por los gobernadores de los Estados, o cuando establezcan la interpretación directa de un precepto de la Constitución. La materia del recurso se limitará, exclusivamente, a la decisión de las cuestiones propiamente constitucionales, sin poder comprender otras."

"Artículo 91. El Tribunal en Pleno, las S.s de la Suprema Corte de Justicia o los Tribunales Colegiados de Circuito, al conocer de los asuntos en revisión, observarán las siguientes reglas:

"I.E. los agravios alegados contra la resolución recurrida y, cuando estimen que son fundados, deberán considerar los conceptos de violación cuyo estudio omitió el juzgador. ..."

Artículo 93. Cuando se trate de revisión de sentencias pronunciadas en materia de amparo directo por Tribunales Colegiados de Circuito, la Suprema Corte de Justicia únicamente resolverá sobre la constitucionalidad de la ley, tratado internacional o reglamento impugnados, o sobre la interpretación directa de un precepto de la Constitución Federal, en los términos del artículo 83, fracción V, de esta ley.

Del mismo modo, el artículo 10, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, señala:

"La Suprema Corte de Justicia conocerá, funcionando en Pleno:

"...

"III. Del recurso de revisión contra sentencias que en amparo directo pronuncien los Tribunales Colegiados de Circuito, cuando habiéndose impugnado la inconstitucionalidad de una ley federal, local, del Distrito Federal o de un tratado internacional, o cuando en los conceptos de violación se haya planteado la interpretación directa de un precepto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dichas sentencias decidan u omitan decidir sobre tales materias, debiendo limitarse en estos casos la materia del recurso a la decisión de las cuestiones propiamente constitucionales."

Ahora bien, el Pleno de la Suprema Corte, el veintiuno de junio de mil novecientos noventa y nueve, emitió el Acuerdo 5/1999 que "establece las bases generales para la procedencia ytramitación de los recursos de revisión en amparo directo", que señala lo siguiente:

Primero. Procedencia. I. El recurso de revisión es procedente contra las sentencias que en materia de amparo directo pronuncien los Tribunales Colegiados de Circuito, si se reúnen los supuestos siguientes: a) Si en ella se decide sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de una ley, tratado internacional o reglamento -federal o local-, o se establece la interpretación directa de un precepto constitucional; o bien, si en dichas sentencias se omite el estudio de las cuestiones acabadas de mencionar, cuando se hubieren planteado en la demanda de amparo.-b) Si el problema de constitucionalidad referido en el subinciso anterior, entraña la fijación de un criterio jurídico de importancia y trascendencia a juicio de la S. respectiva.-Se entenderá que un asunto es importante cuando de los conceptos de violación (o del planteamiento jurídico, si opera la suplencia de la queja deficiente), se vea que los argumentos (o derivaciones) son excepcionales o extraordinarios, esto es, de especial interés; y será trascendente cuando se aprecie la probabilidad de que la resolución que se pronuncie establezca un criterio que tenga efectos sobresalientes en la materia de constitucionalidad.-II. Por regla general, se entenderá que no se surten los requisitos de importancia y trascendencia cuando: a) Exista jurisprudencia sobre el tema de constitucionalidad planteado; b) Cuando no se hayan expresado agravios o cuando, habiéndose expresado, sean ineficaces, inoperantes, inatendibles o insuficientes, siempre que no se advierta queja deficiente que suplir; c) En los demás casos análogos a juicio de la S. correspondiente.-Segundo. Tramitación. I. En la revisión de amparos directos, el P. de la Suprema Corte o los de S., según les corresponda en términos de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, verificarán si el recurso fue formulado en tiempo y forma legales, y si en la sentencia se hizo un pronunciamiento sobre inconstitucionalidad de alguna ley, tratado internacional, reglamento federal o local, o la interpretación directa de algún precepto constitucional, o si en la demanda se hicieron planteamientos de esa naturaleza, aun cuando el Tribunal Colegiado de Circuito haya omitido el estudio de tales cuestiones. Si no se reúnen tales requisitos desechará de plano el recurso.-II. Si el P. de la Suprema Corte o los de S. consideran que sí se reúnen los requisitos mencionados en el inciso inmediato anterior, admitirán el recurso, especificando que ello es sin perjuicio del análisis posterior del requisito de importancia y trascendencia, y lo turnarán al Ministro que corresponda.-III. Si el Ministro ponente considera que se surten los requisitos de procedencia establecidos en el punto primero, inciso I, subincisos a) y b), de este Acuerdo, formulará el proyecto que someterá a la consideración del Pleno o de la S., según corresponda.-IV. Si el Ministro ponente estima que no se configuran los requisitos de procedencia establecidos en el inciso inmediato anterior, formulará un dictamen en tal sentido, proponiendo el desechamiento del recurso.-V. El dictamen de desechamiento será presentado por el ponente a la S. de su adscripción, y si fuera rechazado por mayoría de votos el mismo ponente deberá presentar proyecto de fondo ante la S. o el Pleno, según proceda, sin perjuicio de que el Pleno deseche el recurso por falta de importancia y trascendencia.-VI. Si el dictamen de rechazo es aprobado por mayoría de los Ministros de la S., el recurso será desechado y quedará firme la sentencia del Tribunal Colegiado de Circuito, al que se devolverán los autos de inmediato.-VII. Las determinaciones de la S. son irrecurribles.

De la interpretación sistemática de las normas constitucionales y legales referidas, así como del Acuerdo General del Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, que regulan la procedencia del recurso de revisión en amparo directo, se advierte que para que sea procedente un recurso de esa naturaleza, es indispensable que reúna los siguientes requisitos:

  1. Que se haya presentado oportunamente.

  2. Que en la demanda de amparo se haya planteado la inconstitucionalidad de una ley o la interpretación directa de un precepto de la Constitución y en la sentencia se haya omitido su estudio o en ella se contenga alguno de esos pronunciamientos.

  3. Que el problema de constitucionalidad referido entrañe la fijación de un criterio jurídico de importancia y trascendencia a juicio de la S. respectiva, lo que se establecerá tomando en cuenta los criterios especificados en el Acuerdo 5/1999 transcrito.

Así, el recurso de revisión en amparo directo es procedente cuando en la demanda de amparo se haya planteado la inconstitucionalidad de una ley o la interpretación directa de un precepto de la Constitución, que entrañe la fijación de un criterio de importancia y trascendencia, y en la resolución se haya omitido su estudio.

Ahora, en el caso concreto y por encontrar íntima vinculación con el tema de contradicción, se impone analizar el alcance del presupuesto para la procedencia del recurso de revisión en amparo directo, consistente en la omisión en el estudio del planteamiento de constitucionalidad.

En efecto, dentro de los supuestos por los cuales el órgano colegiado omite realizar el estudio de un planteamiento de constitucionalidad, expuesto en la demanda de garantías, se encuentran las calificaciones de inoperante, ineficaz o insuficiente a un concepto de violación.

Ello es así, ya que si el Tribunal Colegiado considera que el concepto de violación resulta inoperante, ineficaz o insuficiente, ya sea por no advertir a su juicio un planteamiento de constitucionalidad o porque considere que no era procedente, ello sería suficiente para no pronunciarse respecto a la constitucionalidad.

Bajo esa tesitura, esto es, la calificación de un concepto de violación, en alguno de los sentidos señalados, derivará siempre de la apreciación que realice un órgano colegiado respecto del mismo, el cual, previo análisis determinará el impedimento técnico para el estudio de fondo de la cuestión de constitucionalidad.

Lo anterior es así, ya que ante una calificativa de inoperante, insuficiente e ineficaz, irremediablemente se impide el análisis de una cuestión de fondo, como lo sería el planteamiento de inconstitucionalidad de una ley federal, local, del Distrito Federal, de un tratado internacional, dejando a criterio del cuerpo colegiado, de que se trate, la correcta o incorrecta apreciación del concepto de violación; y por tanto, se estaría dejando al arbitrio del criterio de cada órgano colegiado el análisis de un planteamiento de constitucionalidad, sin que la Suprema Corte de Justicia de la Nación pudiera intervenir, incluso, cuando pueda derivar en un criterio de importancia y trascendencia.

Así las cosas, de resultar incorrecta la apreciación del órgano colegiado del concepto de violación -para entrar al estudio de la constitucionalidad planteada- se estaría dejando de advertir la finalidad del Constituyente al establecer como excepción el recurso de revisión en amparo directo, para que este Alto Tribunal esté en aptitud de analizar un planteamiento de constitucionalidad que derive en un criterio de importancia y trascendencia.

En ese contexto, no sería posible sostener que la Suprema Corte de Justicia de la Nación esté limitada al estudio de las cuestiones propiamente constitucionales que pudieran derivar en un criterio de importancia y trascendencia por una causa establecida por los Tribunales Colegiados.

De tal manera, que la omisión en el estudio de un concepto de violación no se constriñe a la interpretación de una inadvertencia del Tribunal Colegiado sobre su existencia -en el cual se hubiere planteado una cuestión de constitucionalidad que entrañe un criterio de importancia y trascendencia-, sino que implica una falta de pronunciamiento respecto del planteamiento de constitucionalidad, por virtud de una cuestión técnica que impidió su estudio.

Lo anterior es así, al considerar como se señaló con anterioridad en la presente ejecutoria, que la finalidad de la reforma al artículo 107, fracción IX, de la Constitución Federal, fue la de otorgar más y mejores medios a este Alto Tribunal que asegure el comportamiento de nuestro orden jurídico, para que conociera de los planteamientos de constitucionalidad que pudieran derivar en un criterio de importancia y trascendencia para el país.

En efecto, la excepción establecida para la procedencia del amparo directo en revisión fue para establecer un instrumento eficaz y útil para salvaguardar los derechos de los gobernados.

Así, la omisión en el estudio respectivo puede ocasionar a la parte quejosa un agravio no reparable en la instancia de revisión, ya que si en la demanda se planteó la inconstitucionalidad de alguna ley y al emitir su fallo el Tribunal Colegiado no realizó el análisis correspondiente al calificar el concepto de inoperante, insuficiente o ineficaz, se dejaría a la parte quejosa en estado de indefensión, pues no existiría la posibilidad de que en el recurso de revisión se analizara el planteamiento de constitucionalidad que entrañe la fijación de un criterio de importancia y trascendencia, por virtud de una apreciación de un Tribunal Colegiado de Circuito respecto a un concepto de violación, anulando así la potestad de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para ejercer el control constitucional que le corresponde sobre esta materia.

A lo anterior se suma que, de considerar lo contrario se llegaría al extremo de que se salvaguardaría el derecho del gobernado de que este Alto Tribunal se pronuncie respecto a la constitucionalidad de una ley, si el órgano colegiado transgrede los principios de exhaustividad y congruencia previstos en los artículos 77 y 78 de la Ley de Amparo, en el supuesto de que soslaye por completo el concepto de violación en el que se hubiere efectuado un planteamiento de constitucionalidad, y no así en el caso en que lo hubiese atendido pero que a su juicio resultara inoperante, insuficiente o ineficaz para entrar al estudio, esto es, se otorgaría mayor seguridad jurídica a un gobernado si el órgano colegiado al estudiar el amparo directo, omite el estudio por completo del concepto de violación, a que lo atienda de alguna manera calificándolo de inoperante, insuficiente e ineficaz.

Lo anterior es así, ya que en el caso de omisión total en el estudio del planteamiento de constitucionalidad no existe duda alguna en que sería procedente el recurso de revisión, y si cuando el Tribunal Colegiado tiene una apreciación del mismo.

En esos términos, aun cuando la omisión del estudio del planteamiento de constitucionalidad se hubiere derivado por la apreciación del Tribunal Colegiado de Circuito del concepto de violación al calificarlo como inoperante, ineficaz o inatendible, lo que derivaría en un previo estudio de este Alto Tribunal respecto de lo fundado o infundado de dicha calificación, ello no excluye que esté dentro de los supuestos establecidos en los artículos 107, fracción IX, constitucional, 83, fracción V, 91, fracción I y 93 de la Ley de Amparo, y 10, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, siempre y cuando se cumpla con los demás requisitos previstos por dichos preceptos, es decir, que se trate de un tema de constitucionalidad que entrañe un criterio de importancia y trascendencia.

De tal manera que, no obstante que este Alto Tribunal al analizar la calificativa de ineficaz, insuficiente o inoperante del órgano colegiado estaría analizando una cuestión de legalidad, como lo es lo fundado o infundado de la sentencia al establecer cualquiera de dichos calificativos, lo cierto es que ello conlleva a un estudio que pueda trascender directa o indirectamente a la materia de constitucionalidad introducida en los conceptos de violación, solamente en los casos en que el tema propuesto sea de importancia y trascendencia.

Esto es, para que sea procedente el análisis de los conceptos de violación propuestos, no basta con que éstos se hayan declarado inoperantes, insuficientes o ineficaces, sino que es menester que además involucre un planteamiento de constitucionalidad que derive en un criterio de importancia y trascendencia.

En esa tesitura, se concluye que entre las cuestiones propiamente constitucionales que son materia del recurso de revisión en amparo directo, se encuentra la de fijar si efectivamente el argumento expuesto en el concepto de violación de la quejosa impide o no el análisis de un aspecto de constitucionalidad que pudiera derivar en un pronunciamiento de este Alto Tribunal sobre un tema de importancia y trascendencia para el país, lo cual conduce a que para poder analizar dichos planteamientos de constitucionalidad en un amparo directo en revisión en primer término se tenga que analizar una cuestión de legalidad como lo fundado o infundado de la sentencia del Tribunal Colegiado en relación con la calificativa de inoperancia, ineficacia o insuficiencia, en este caso, al estar relacionado con un aspecto de constitucionalidad, que entrañe un criterio importante y trascendente.

De ahí que al conocer este Alto Tribunal del referido recurso debe partir únicamente de la existencia de un planteamiento de constitucionalidad, que conlleve un criterio de importancia y trascendencia, esto es, que si se plantea en la demanda de garantías la inconstitucionalidad de un precepto, pero los argumentos realizados por la parte quejosa, son considerados por el cuerpo colegiado correspondiente como inoperantes, ineficaces o inatendibles, por las razones que éste estime pertinentes, y en recurso de revisión dichas consideraciones son combatidas, es procedente que este Alto Tribunal analice dicho pronunciamiento -siempre que cumpla con las demás condiciones para su procedencia-, pues de lo contrario se estaría admitiendo que éste se sujete al criterio seguido por cada uno de los diversos cuerpos colegiados para la calificación de los argumentos.

Lo anterior encuentra sustento en la tesis jurisprudencial emitida por el Pleno de este Alto Tribunal:

REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO. PROCEDE CUANDO EL TRIBUNAL COLEGIADO OMITE REALIZAR EL ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN DE CONSTITUCIONALIDAD PLANTEADA EN LA DEMANDA.-El artículo 10, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de mayo de mil novecientos noventa y cinco, que entró en vigor al día siguiente, establece que el recurso de revisión contra sentencias dictadas en amparo directo procede cuando se haya planteado en la demanda de garantías la inconstitucionalidad de una ley federal, local, del Distrito Federal, de un tratado internacional, o bien la interpretación directa de un precepto constitucional y en la sentencia recurrida se haya omitido decidir acerca de dichas cuestiones; esta última hipótesis se surte cuando, con violación al principio de congruencia, el Tribunal Colegiado haya desatendido en la sentencia los planteamientos de constitucionalidad que fueron expuestos en la demanda de garantías, o que los haya declarado inoperantes, insuficientes o inatendibles, ya que conforme a la citada disposición debe entenderse que la procedencia de dicho recurso se refiere a las cuestiones constitucionales reclamadas en la demanda de garantías, tomando en cuenta que la omisión en el estudio respectivo ocasiona a la recurrente un agravio que, de otra manera, sería irreparable y la dejaría en estado de indefensión.

Consecuentemente, por las razones que se expresan, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 195 de la Ley de Amparo, debe prevalecer el criterio sustentado por el Tribunal Pleno, y la tesis que debe quedar redactada, es la siguiente:

REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO. PROCEDE CUANDO EL TRIBUNAL COLEGIADO OMITE REALIZAR EL ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN DE CONSTITUCIONALIDAD PLANTEADA EN LA DEMANDA POR CALIFICAR DE INOPERANTE, INSUFICIENTE O INATENDIBLE EL CONCEPTO DE VIOLACIÓN RELATIVO.-De conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción IX constitucional, 83, fracción V, 91, fracción I y 93 de la Ley de Amparo, y 10, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como órgano terminal en materia de constitucionalidad de leyes, está facultada para conocer del recurso de revisión contra sentencias que en amparo directo pronuncien los Tribunales Colegiados de Circuito, cuando en la demanda de amparo se haya planteado la inconstitucionalidad de una ley o la interpretación directa de un precepto de la Constitución, que pudiera derivar en un criterio de importancia y trascendencia, y en la resolución se haya omitido su estudio. Esta última hipótesis incluye el supuesto en el que el motivo de la falta de estudio del concepto de violación en donde se efectuó un planteamiento de constitucionalidad se derivó de la calificativa de inoperancia, insuficiencia o ineficacia efectuada por parte del órgano colegiado, porque aun cuando previo al estudio del planteamiento de constitucionalidad se tuviera que analizar una cuestión de legalidad -como es lo fundado o infundado de la apreciación del órgano colegiado-, lo cierto es que ello conlleva a un estudio que puede trascender directa o indirectamente a la materia de constitucionalidad introducida en los conceptos de violación. Así, una cuestión técnica no podría limitar la potestad otorgada a este Alto Tribunal por el artículo 107, fracción IX de la Carta Magna para analizar las cuestiones de constitucionalidad, que pudieran derivar en un criterio de importancia y trascendencia.

En mérito de lo expuesto, se resuelve:

PRIMERO

Sí existe la contradicción de tesis que ha sido denunciada.

SEGUNDO

Debe prevalecer con carácter de jurisprudencia, el criterio sustentado por este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en los términos que han quedado precisados en el último considerando de esta resolución.

TERCERO

Remítase la tesis jurisprudencial que se sustenta en el presente fallo, a la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis, para su publicación en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, así como a la Primera S. y a la Segunda S. de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito, en acatamiento a lo dispuesto en el artículo 195 de la Ley de Amparo.

N.; en su oportunidad, archívese el presente toca como asunto concluido.

Así lo resolvió el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por unanimidad de once votos se aprobaron los puntos resolutivos; y por mayoría de seis votos de los señores Ministros G.D.G.P., J. de J.G.P., S.A.V.H., O.S.C. de G.V., J.N.S.M. y presidente G.I.O.M., quien razonó el sentido de su voto, se aprobó el criterio contenido en la tesis a que se refiere el punto resolutivo segundo; los señores M.S.S.A.A., J.R.C.D., M.L.R., J.F.F.G.S. y M.A.G. votaron en contra y reservaron su derecho para formular voto de minoría; y el señor M.G.D.G.P., reservó el suyo para formular voto concurrente.

El señor M.P.G.I.O.M. declaró que el asunto se resolvió en los términos propuestos.

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