Voto num. XVIII.1o.5 L, Tribunales Colegiados de Circuito

EmisorTribunales Colegiados de Circuito
Número de ResoluciónXVIII.1o.5 L
Fecha de Publicación 1 de Mayo de 2008

AMPARO DIRECTO 605/2007. INSTITUTO NACIONAL DE SALUD PÚBLICA.

CONSIDERANDO:

QUINTO

Algunos de los conceptos de violación son infundados; sin embargo, otros son fundados y suficientes para conceder el amparo solicitado.

El quejoso aduce que la condena impuesta por la autoridad responsable es incompleta e incongruente, porque al fijar los conceptos que deben pagarse no estableció que la cantidad correspondiente debería ser menos los impuestos aplicables, no obstante que al contestar la demanda así lo solicitó; aunado a que es obligación del patrón realizar la retención de los impuestos que genere la condena, pues de otro modo se consentiría una evasión.

Como apoyo a este criterio, el demandante de amparo cita la jurisprudencia de la Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "IMPUESTO SOBRE LA RENTA. OBLIGACIÓN DEL PATRÓN DE RETENERLO, CUANDO LAS PERSONAS SUJETAS A UNA RELACIÓN LABORAL, OBTIENEN PRESTACIONES DERIVADAS DE LA MISMA."

Es desacertado el argumento anterior, porque si bien debido al vínculo laboral y a las prestaciones económicas relacionadas con él se origina el pago de contribuciones, como es el impuesto sobre la renta u otros, lo cierto es que su retención es una obligación del patrón, una vez fijado el importe total, para entregarlo a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, lo cual podrá efectuarse al cumplir con la condena impuesta, esto es, en otra etapa del proceso, sin que deba ser materia de pronunciamiento en el laudo por parte de la autoridad responsable, dado que ese aspecto atiende a disposiciones fiscales.

Además, la función de la autoridad laboral se circunscribe a decidir sobre la procedencia o no de las prestaciones reclamadas, a la luz de las disposiciones sustantivas y adjetivas de carácter laboral, pero en modo alguno está obligada a realizar en el laudo una declaración sobre responsabilidades fiscales de las partes, pues aquéllas provienen de lo establecido en las normas aplicables en esa materia.

Esta conclusión, no implica desconocer el contenido de la tesis jurisprudencial sustentada por la Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que cita el quejoso, pues de su texto y de la ejecutoria que le dio origen (la cual aparece publicada en la página 166 del Tomo X, correspondiente a octubre de 1992, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época), relativa a la contradicción de tesis suscitada entre el Primer y Segundo Tribunales Colegiados del Cuarto Circuito, se aprecia que el motivo de la contradicción consistió en que el primero de ellos sostenía que, los términos de los artículos 77, fracción X, 79 y 80 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, el patrón está obligado a retener el tributo respectivo por los ingresos obtenidos por las personas que han estado sujetas a una relación laboral en el momento de la separación, salvo pacto en contrario, independientemente de que la separación haya sido justificada o injustificada; y, por su parte, el segundo de los tribunales contendientes consideraba que cuando se trata de una condena a cargo del patrón decretada por un órgano jurisdiccional originada por despido injustificado, no son aplicables los artículos 77, fracción X, 79 y 80 del citado ordenamiento, dado que la suma que el empleado recibe no proviene de una remuneración por la prestación de un servicio personal subordinado, sino de una pena por concepto de indemnización, salarios caídos y otras prestaciones derivadas de las acciones intentadas, ya sea por despido o rescisión del contrato, conforme a los artículos 48 y 50 de la Ley Federal del Trabajo, ya que las hipótesis a que se refieren esos numerales se dan cuando una persona física está sujeta a una relación laboral en el momento de la separación, es decir, cuando decide retirarse de su empleo por renuncia voluntaria, jubilación, enfermedad, etcétera, no así cuando existe una condena; por tanto, concluyó que la patronal no tenía por qué retener los impuestos respectivos.

De ahí que la Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación definiera el punto de contradicción estableciendo que sí es procedente que el patrón realice la retención del impuesto, independientemente de la justificación o no del despido.

Lo anterior pone de manifiesto que la tesis jurisprudencial de referencia en ningún momento se orienta a determinar que la Junta esté obligada a establecer en el laudo la obligación de retención derivada de la ley fiscal, como pretende la quejosa, ni tampoco se establece así en el criterio aislado del Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito que también invocó, y por ello resulta infundado el concepto de violación en estudio.

En otro concepto de violación se hace valer que la autoridad responsable omitió considerar las documentales ofrecidas por el demandado bajo los apartados 4 y 5, que no fueron objetadas por la actora, y con las cuales se acreditó que ésta se encontraba inscrita ante las instituciones de seguridad social y, por tanto, tiene la facultad de acudir ante ellas para solicitar los informes y documentos que sirvan de comprobante de aportaciones; de modo que la condena resulta incongruente y alejada de la verdad sabida.

Es infundado este argumento, en principio, porque los documentos del apartado 4, relativo al ofrecimiento de pruebas del demandado (hoja 91), consistió en "... dos recibos más de pago ellos (sic) a favor de la C. Blanca Estela Aldana Alejandre ...", con el que pretendió demostrar "... que el instituto hoy demandado cubrió el pago del aguinaldo del ejercicio fiscal 2004 ...", de tal forma que esos documentos no se refieren a la inscripción a las instituciones de seguridad social.

Por cuanto hace al documento número 5, es cierto que consistió en el formato oficial del aviso de alta del trabajador ante el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (hoja 87).

Sin embargo, la sola existencia de esa constancia no hace inconstitucional la condena a la entrega de constancias de aportaciones de A. y F. que decretó la Junta, pues dicha prueba indica que la trabajadora fue inscrita ante el ISSSTE, pero es insuficiente para justificar que así permaneció durante toda la relación de trabajo anterior al conflicto laboral.

Además, la finalidad de la condena a esta prestación no es la mera exhibición de las constancias de aportaciones para efecto de su conocimiento por parte del trabajador, porque evidentemente podría tener acceso a ellas si es asegurado, como lo alega el quejoso, sino que su objetivo principal es que el patrón acredite haber cumplido con las obligaciones que tiene en esa materia, por lo que válidamente puede constreñírsele a cumplir con esa prestación, no obstante que haya justificado que la trabajadora en su momento fue inscrita ante el ISSSTE, aunado a que sí cumplió con realizar las aportaciones oportunamente, ningún perjuicio le irrogará la condena a exhibir los comprobantes.

El demandante de amparo alega también que la autoridad responsable omitió dar pleno valor probatorio al recibo de pago correspondiente al periodo del dieciséis al treinta y uno de marzo de dos mil cinco, con el cual se acreditó que la trabajadora no pudo ser despedida el treinta de marzo de ese año, precisamente porque recibió su salario hasta el treinta y uno, por lo que si a la actora se le revirtió la carga de la prueba sobre el despido y no lo justificó, más ayuda este comprobante a los intereses del instituto demandado.

El concepto de violación es por una parte...

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