Ejecutoria, Tribunales Colegiados de Circuito

Número de registro17618
Fecha01 Junio 2003
Fecha de publicación01 Junio 2003
MateriaDerecho Fiscal,Derecho Procesal
Número de resoluciónI.4o.A. J/25

AMPARO DIRECTO 151/2003. CENTRO UNIVERSITARIO GRUPO SOL CEM, S.C.

CONSIDERANDO:

QUINTO

La quejosa aduce, medularmente, que la sentencia dictada por la Sala Fiscal es violatoria de los artículos 14 y 16 constitucionales porque no debió dictarse una nulidad para efecto de reponer el procedimiento fiscalizador, atento que, de conformidad con el artículo 46-A del Código Fiscal de la Federación, la revisión que dio origen a la resolución impugnada en el contencioso administrativo, se debió entender concluida fuera del plazo de seis meses, al haberse declarado que la autoridad demandada no notificó legalmente el oficio de observaciones relativo y que, por tanto, la nulidad que debía decretarse era la llamada lisa y llana.

Resulta parcialmente fundado el concepto de violación expresado, en atención a las consideraciones siguientes:

La Sala responsable declaró la nulidad de la resolución impugnada, con fundamento en la fracción III del artículo 239 del Código Fiscal, es decir, para el efecto de que la autoridad demandada repusiera el procedimiento a partir de la ilegalidad advertida, en virtud de que el acta de notificación de cuatro de septiembre de dos mil uno, a través de la que se notificó el oficio de observaciones resultado de la revisión practicada al contribuyente, había sido efectuada sin observar las reglas de los artículos 134 y 137 del Código Fiscal de la Federación, al no levantarse el acta respectiva debidamente circunstanciada.

Ahora bien, para determinar si los efectos que dio la Sala Fiscal a la nulidad que declaró fueron los correctos, deben hacerse las consideraciones siguientes:

En relación con lo anterior, debe decirse que si bien es cierto que la diligencia de notificación del oficio de observaciones cuya ilegalidad se declaró en el juicio contencioso administrativo y que a su vez motivó la declaración de nulidad de todo el procedimiento de fiscalización, proviene de la facultad discrecional de comprobación que la autoridad fiscalizadora ejerció en términos de lo previsto en el artículo 48 del multicitado código tributario, al solicitar diversa documentación e información al contribuyente mediante el oficio 324-SAT-R8-L63-4-4-a-77825 de veintitrés de abril de dos mil uno, también lo es que el plazo y forma en que debe notificarse dicho oficio de observaciones constituyen facultades regladas, cuyas formalidades se encuentra obligada la autoridad administrativa a observar en términos de lo previsto en el primer y último párrafos del artículo 46-A, 134, fracción I y 137 del Código Fiscal, respectivamente, que regulan el plazo en que deberá concluirse la visita en el caso de que ésta se lleve a cabo en el domicilio fiscal del contribuyente o la revisión de la contabilidad que se efectúe en las oficinas de las propias autoridades, que será de un plazo máximo de seis meses contados a partir de que se les notifique a los contribuyentes el inicio de las facultades de comprobación, así como las formalidades que deben observarse en la notificación del oficio de observaciones, cuyo incumplimiento dará lugar a que se dé por concluida la visita o revisión dependiendo del caso específico, quedando sin efectos la revisión y las actuaciones que de ella se derivaron.

Es por ello que cuando exista un vicio formal en el procedimiento administrativo de fiscalización, la Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa debe declarar la nulidad en términos de lo previsto por los artículos 238, fracciones II y III, en relación con el 239, fracción III y párrafo final, todos del código federal tributario, esto es, para el efecto de que si la autoridad se encuentra en posibilidad legal de hacerlo se inicie de nueva cuenta el procedimiento administrativo de fiscalización o revisión.

Se dice lo anterior, toda vez que el artículo 239, fracción III, del Código Fiscal de la Federación, en su primera parte establece la regla de que la sentencia puede declarar la nulidad para determinados efectos, teniendo obligación el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en tal supuesto, de precisar claramente la forma y términos en que la autoridad debe cumplirla.

Por tanto, tratándose de la actualización de los supuestos establecidos en las fracciones II (ausencia de formalidades) o III (vicios de procedimiento) del artículo 238, el tribunal en cita debe ordenar a la autoridad administrativa que, en uso de sus atribuciones y en virtud de que únicamente fueron objeto de estudio violaciones de carácter formal, emita una nueva resolución, cumpliendo con las formalidades de que ha de estar revestido el acto, o bien, que reponga el procedimiento para que la nueva resolución se dicte después de reunirse todos los requisitos que deben existir previamente al pronunciamiento de la decisión correspondiente.

Ahora bien, la segunda parte de la fracción III y el último párrafo del artículo 239 establecen una excepción o salvedad a la regla, a saber, cuando se trate de facultades discrecionales de la autoridad administrativa.

Por lo que, para poder determinar cuándo debe obligar la sentencia de nulidad a...

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