Sentencia dictada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Acción de Inconstitucionalidad 141/2019, así como los Votos Particular y Concurrente del señor Ministro Presidente Arturo Zaldívar Lelo de Larrea.
| Fecha de publicación | 18 Octubre 2021 |
| Sección | UNICA. Poder Judicial |
| Emisor | SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION |
SENTENCIA dictada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Acción de Inconstitucionalidad 141/2019, así como los Votos Particular y Concurrente del señor Ministro Presidente Arturo Zaldívar Lelo de Larrea.
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Suprema Corte de Justicia de la Nación.- Secretaría General de Acuerdos.
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 141/2019
PROMOVENTE: INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
MINISTRO PONENTE: JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS
SECRETARIA: ADRIANA CARMONA CARMONA
COLABORARON: MARÍA GUADALUPE MONTOYA ALDACO Y JONATHAN MARTÍNEZ YLLESCAS
Ciudad de México. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación correspondiente al cuatro de mayo de dos mil veintiuno.
VISTOS; Y
RESULTANDO:
PRIMERO. Presentación de la acción, autoridades emisoras y normas impugnadas. Por escrito presentado el diecinueve de diciembre de dos mil diecinueve en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, por conducto de Miguel Novoa Gómez, en su carácter de Director General de Asuntos Jurídicos de dicho Instituto, promovió acción de inconstitucionalidad en la que señaló como normas generales impugnadas y órganos emisores los siguientes.
Autoridades emisora y promulgadora de la norma impugnada:
a) Congreso del Estado de Jalisco.
b) Gobernador del Estado de Jalisco.
Normas generales cuya invalidez se reclama:
"Decreto de reforma Número 27589/LXII/19, publicado el martes 19 de noviembre de 2019, en la Sección IV del Periódico Oficial del Estado de Jalisco, mediante el cual se expide la Ley de Archivos del Estado de Jalisco y sus Municipios, de la cual se reclaman de manera destacada los artículos 3, 6, segundo párrafo, 8, 21, 29, 31, 33, 39, 56, 73, 81, 85, 88, fracción IX, 115, segundo párrafo, 124, el artículo Segundo Transitorio, así como las omisiones que se imputan en lo general a dicha Ley; el Artículo Sexto del Decreto por el que se reforman los artículos 6°, 7° y 9° de la Ley de Registro Civil del Estado de Jalisco; así como el artículo 151 del Código Penal del Estado Libre y Soberano de Jalisco vigente, publicado también en el Periódico Oficial del Estado de Jalisco. Con respecto a las omisiones se refiere, ellas se detallan en los conceptos de invalidez, en los que se impugna, de manera genérica, una omisión de la Ley, no como tal un artículo en específico, mismas que constituyen omisiones relativas de ejercicio obligatorio [...]".
SEGUNDO. Preceptos constitucionales que se estiman vulnerados. El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales consideró violados los artículos 1°, 6º, apartado A, 16, 73, fracciones XXV, XXIX-S y XXIX-T, 109 y 124, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
TERCERO. Conceptos de invalidez. El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales hace valer, en síntesis, los argumentos siguientes.
En un primer apartado, la accionante señala que en el artículo quinto transitorio de la reforma constitucional en materia de transparencia de siete de febrero de dos mil catorce, el Poder Reformador de la Constitución ordenó a las legislaturas locales armonizar su normativa conforme al Decreto.
El artículo primero transitorio de dicho Decreto, al prever demás ordenamientos, se refiere a la Ley General de Archivos. Así, el Congreso de la Unión, conforme al artículo 73, fracciones XXIX-S y XXIX-T, expidió la tríada de leyes generales -Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y Ley General de Archivos- en las que, en su régimen transitorio, se ordenó a las legislaturas locales armonizar la legislación correspondiente, de tal manera que dicha armonización no debe verse de manera aislada, sino conjunta para la configuración normativa del derecho de acceso a la información, la protección de datos personales y la garantía de organizar, conservar y preservar los archivos para respetar el derecho a la verdad y el acceso a la información contenida en los archivos.
Señala que conforme al artículo 6º, fracción IV, apartado A, de la Constitución, los sujetos obligados deben preservar sus documentos en archivos administrativos actualizados y, por su parte, la Ley General de Archivos establece el deber del Estado Mexicano de garantizar la organización, conservación y preservación de archivos para respetar el derecho a la verdad y el acceso a la información.
Indica que el derecho a la verdad implica que las autoridades se abstengan de proporcionar información manipulada, incompleta o falsa, so pena de incurrir en violación de derechos humanos, por lo que este derecho se resume en la obligación de informar verazmente.
Refiere que la Ley General de Archivos tiene por objeto establecer los principios y bases generales para la organización conservación, administración y preservación homogénea de los archivos en posesión de las autoridades, cuya inobservancia implica la violación a los derechos de acceso a la información, protección de datos personales y derecho a la verdad.
En ese sentido, señala que la contravención de una ley de archivos local a lo dispuesto por la Ley General vulnera el sistema normativo e institucional establecido para garantizar y respetar el derecho de acceso a la información.
Primer concepto de invalidez
- El artículo 3, fracciones II, VII, XI, XII, XXIII, XXIV, XXVI, XXX y XXXVI, de la Ley General de Archivos del Estado de Jalisco y sus Municipios es contrario a los artículos 1°, 6°, 16, 73, fracción XXIX-S, y 124 de la Constitución Federal, al establecer definiciones diversas a las previstas en la Ley General de Archivos.
Señala que las definiciones de la Ley General de Archivos constituyen un mínimo irreductible en la armonización para implementar la misma terminología en las leyes locales, para que, quien los use, cuente con elementos semánticos comunes.
Sostiene que durante el proceso de armonización de la ley local con la Ley General de Archivos debían utilizarse los mismos términos y definiciones para que todo aquel que los utilice tenga el mismo entendido de qué se debe realizar, cómo se debe proceder, qué alcances tiene su aplicación normativa y en qué sentido es su regulación, a fin de evitar discrepancias.
Considera inconstitucional el hecho de que en la Ley de Archivos del Estado de Jalisco se establezcan términos y definiciones diversas a los previstos en la Ley General de Archivos.
Segundo concepto de invalidez
El artículo 6, segundo párrafo, de la Ley de Archivos del Estado de Jalisco y sus Municipios vulnera los artículos 1°, 6°, 16, 73, fracciones XXV, XXIX-S y XXIX-T, y 124 de la Constitución Federal, al establecer las calidades de "inalienabilidad, imprescribilidad e inembargabilidad" del patrimonio documental, cuando dicha atribución fue concedida a favor de la Federación, no de las entidades federativas.
Asimismo, sostiene que si bien existe libertad de configuración legislativa para que el Archivo General del Estado de Jalisco emita la declaratoria de patrimonio documental del Estado, en la ley local debe precisarse que ello es sin perjuicio de lo establecido en el artículo 84 de la Ley General de Archivos, esto es, de las facultades del Archivo General de la Nación para declarar esos mismos documentos como "patrimonio documental de la Nación".
Tercer concepto de invalidez
- El artículo 8 de la Ley de Archivos del Estado de Jalisco y sus Municipios es contrario a los artículos 1°, 6°, 16, 73, fracciones XXIX-S y XXIX-T, y 124 de la Constitución Federal, puesto que se omite la atribución del Archivo General del Estado de emitir la declaratoria de patrimonio documental, pues la Ley General de Archivos otorga dicha facultad al Archivo General de la Nación, en el artículo 106, fracción XXI, de la ley marco.
Además, el precepto es inconstitucional al atribuir al Ejecutivo...
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