Sentencia de la Corte Suprema de Justicia. 20-10-2020 (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 109/2019)

EmisorPLENO
PonenteJOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS
Sentido del fallo20/10/2020 “PRIMERO. Es procedente, pero infundada la presente acción de inconstitucionalidad. SEGUNDO. Se reconoce la validez de las porciones normativas ‘el cual será de carácter reservado’, contenidas en los artículos 61, párrafo último, 63, párrafo tercero y 66, párrafo quinto, de la Constitución Política del Estado de Jalisco, reformados mediante el Decreto Número 27296/LXII/19, publicado en el Periódico Oficial de dicha entidad federativa el diez de septiembre de dos mil diecinueve, en términos del considerando quinto de esta decisión. TERCERO. Publíquese esta resolución en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta”.
Número de expediente109/2019
Fecha20 Octubre 2020
Tipo de AsuntoACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD
<a href="https://vlex.com.mx/vid/sentencia-corte-suprema-justicia-847566896">ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 27/2019</a>

ARectángulo 1 CCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 109/2019





ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD

109/2019

P.: comisión nacional de LOS derechos humanos





ministro PONENTE: J.F.F.G. SALAS

SECRETARIA: ADRIANA CARMONA CARMONA




Ciudad de México. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al veinte de octubre de dos mil veinte.


V I S T O S; Y

R E S U L T A N D O:


PRIMERO. Presentación de la acción, autoridades emisoras y normas impugnadas. Por escrito presentado el diez de octubre de dos mil diecinueve en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, por conducto de su Presidente, promovió la acción de inconstitucionalidad que ahora se resuelve. Señaló como autoridades emisoras de la norma impugnada a los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Jalisco e impugnó los artículos 61, 63 y 66 de la Constitución Política de esa entidad, reformada mediante el Decreto 27296/LXII/19, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Jalisco el diez de septiembre de dos mil diecinueve.



SEGUNDO. Preceptos constitucionales y convencionales que se estiman violados y conceptos de invalidez. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos consideró violados los artículos 1° y 6º constitucionales, 1° y 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, así como el numeral 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.


TERCERO. Conceptos de invalidez. La promovente considera que las normas impugnadas, al establecer como reservada la totalidad de la información contenida en los expedientes laborales de los funcionarios del Supremo Tribunal de Justicia, así como de los Magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa, del Estado de Jalisco, constituye una restricción absoluta, indeterminada y previa en transgresión del principio de máxima publicidad en el ejercicio del derecho de acceso a la información pública, previsto en el artículo 6° constitucional, 13 de la Convención Americana y 19 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos. Al respecto refiere lo que a continuación se señala.


Las normas impugnadas establecen una reserva ex ante de toda la información contenida en los expedientes laborales de los funcionarios del Supremo Tribunal de Justicia, así como de los Magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco.


El derecho de acceso a la información tiene un carácter dual, pues se rige como derecho en sí mismo y como un medio o instrumento para el ejercicio de otros derechos.


La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado que, en relación con este derecho, toda la información en posesión de cualquier autoridad es pública y solo debe ser reservada temporalmente por razones de interés público en los términos que fijen las leyes; no es necesario acreditar interés alguno o justificar la utilización de la información; y que para la tutela de este derecho, se establecerán mecanismos de acceso a la información y procedimientos de revisión expeditos.


Por su parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en relación con este derecho, ha señalado que corresponde a toda persona sin necesidad de acreditar interés para su obtención; que conlleva las obligaciones del Estado de suministrar la información a quien la solicite y, de no hacerlo, dar una respuesta fundamentada; que se ejerce sobre la información en poder del Estado y debe regirse por el principio de máxima divulgación; y que los Estados deben garantizar un procedimiento adecuado para las solicitudes de información, con un recurso sencillo, rápido y efecto para determinar si se violó el derecho, para lo que deben adoptarse medidas legislativas necesarias para hacerlo efectivo.


Con base en lo anterior, los artículos 61, último párrafo, 63, tercer párrafo, y 66, quinto párrafo, de la Constitución del Estado de Jalisco, en la porción normativa que dice “el cual será de carácter reservado” contravienen el derecho de acceso a la información y el principio de máxima publicidad.


Es así, porque disponen de forma absoluta, indeterminada y previa que toda la información contenida en los expedientes laborales de funcionarios judiciales, con independencia de su contenido y naturaleza, será reservada, sin que puedan clasificarse de manera casuística, aunado a que no permite que la reserva se sujete a una temporalidad, lo que constituye una regulación contraria al artículo 6º constitucional.


Los capítulos III y IV del Título Sexto de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública establecen los supuestos en los que puede reservarse la información, siempre que se funden y motiven en una prueba de daño.


No es correcto señalar que las normas impugnadas están encaminadas a salvaguardar datos personales o información confidencial, porque no están sujetos a temporalidad alguna y solo pueden acceder a ellos sus titulares, representantes y autoridades facultados para ello, aunado a que dicha información está protegida por ser confidencial al tratarse de datos personales.


Las normas impugnadas no encuadran en las hipótesis de reserva de información establecidas en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.


A diferencia de las normas impugnadas, el artículo 56, último párrafo, de la Constitución del Estado de Jalisco dispone que los resultados de las evaluaciones de evolución patrimonial, desempeño y probidad deberán publicarse de manera mensual con excepción de la información reservada conforme a las leyes de la materia.


Aunado a lo anterior, la reserva que establecen las normas impugnadas no está sujeta a una temporalidad concreta, la cual debe estar encaminada a salvaguardar el interés público, sin que en el caso pueda ser de manera permanente o indeterminada.


Si bien el derecho de acceso a la información admite restricciones, deben cumplir con sustento legal, tanto en sentido material como formal, y ser acordes a lo establecido en el marco constitucional y legal.


En el caso, es necesario realizar un examen de constitucionalidad de las normas impugnadas, a través del test de proporcionalidad, de tal manera que se corrobore que persiguen un fin constitucionalmente válido, que resultan idóneas para satisfacer su propósito constitucional; que no existen otras medidas igualmente idóneas pero menos lesivas del derecho, y que el grado de realización del fin perseguido sea mayor al grado de afectación provocado al derecho fundamental por la medida.


En el caso, la finalidad de la norma no es constitucionalmente válida porque la información contenida en los expedientes laborales de los funcionarios judiciales no es una categoría de información susceptible de ser reservada por cuestiones de orden público, de tal manera que resultan innecesarios los exámenes de idoneidad, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto.


Al resolver la acción de inconstitucionalidad 73/2017, la Suprema Corte de Justicia de la Nación hizo patente que en los artículos 100, 103, 104 y 108, la Ley General de la materia exige que todos los sujetos obligados para clasificar información como reservada, deben aplicar la prueba de daño.


CUARTO. Admisión y trámite de la acción de inconstitucionalidad. Mediante proveído de quince de octubre de dos mil diecinueve, el Ministro Presidente de esta Suprema Corte ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente acción de inconstitucionalidad, a la que le correspondió el número 109/2019 y, por razón de turno, designó al Ministro José Fernando Franco González Salas como instructor del procedimiento.


Por acuerdo de veintitrés de octubre de dos mil diecinueve, el Ministro instructor admitió a trámite el referido asunto, le requirió a los Poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado de Jalisco, rendir un informe y ordenó dar vista a la Fiscalía General de la República.


QUINTO. Certificación. El doce de noviembre de dos mil diecinueve, la Secretaria de la Sección de Trámite de Controversias Constitucionales y de Acciones de Inconstitucionalidad de esta Suprema Corte certificó que el plazo de quince días concedido a los Poderes Legislativo y Ejecutivo estatales para rendir su informe en la acción de inconstitucionalidad transcurriría del cinco al veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve.


SEXTO. Informe del Poder Legislativo del Estado de Durango. Por escrito presentado en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte, el...

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