Sentencia de la Corte Suprema de Justicia. 28-08-2013 (INCONFORMIDAD 402/2013)

INCONFORMIDAD 402/2013

QUEJOSO: **********

MINISTRO PONENTE: L.M.A. MORALES

SECRETARIO: J.C.D.O. MENA

México, Distrito Federal. Acuerdo de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al veintiocho de agosto de dos mil trece.

V I S T O S; y,

R E S U L T A N D O:

1. PRIMERO. Mediante escrito presentado el catorce de febrero de dos mil doce, ante la Oficialía de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Jalisco, **********, por su propio derecho, promovió juicio de amparo en contra del laudo de trece de diciembre de dos mil once, dictado por la Décimo Primera Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Jalisco, en el expediente **********.

2. El quejoso estimó violados en su perjuicio los artículos 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y expresó los conceptos de violación que consideró pertinentes.

3. SEGUNDO. El Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, a quien tocó conocer del asunto, mediante proveído de su Presidente, de treinta y uno de mayo de dos mil doce, admitió la demanda a trámite y ordenó su registro bajo el número D.A. ********** (cuaderno auxiliar **********)y, posteriormente, mediante acuerdo de ocho de agosto de ese año, remitió los autos al Tercer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, para el dictado de la resolución correspondiente, de conformidad con lo dispuesto en las circulares ********** y ********** suscritas por el Secretario Ejecutivo de Carrera Judicial, Adscripción y Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal.

4. El referido órgano auxiliar ordenó la formación del expediente respectivo (cuaderno auxiliar **********) y, previos los trámites legales, dictó sentencia el seis de septiembre de dos mil doce, en el sentido de conceder el amparo solicitado para los efectos ahí señalados.

5. TERCERO. Durante el desarrollo del acatamiento a dicho fallo, la Décimo Primera Junta Especial de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Jalisco, emitió Acuerdo de veintiocho de febrero de dos mil trece, de cuyo contenido se dio vista al quejoso, donde declaró lo siguiente:

1. Dejar insubsistente el laudo reclamado de fecha 13 de diciembre de 2011 y en su lugar;

2. Reponer el procedimiento a fin de llevar a cabo correctamente y en los términos indicados, la reinstalación que procede en virtud del ofrecimiento de trabajo y consabida aceptación por parte del trabajador.

3. Se deberá continuar con la secuela procesal del juicio y llegado el momento de pronunciar el laudo, calificar de mala fe el ofrecimiento de trabajo que hiciera el demandado ********** y con plenitud de jurisdicción, resuelva lo que en derecho proceda respecto de la acción correspondiente, desde luego, reiterando las consideraciones que no se estimaron incorrectas.

4. Al ocuparse de las prestaciones marcadas con los incisos e) y f), las analice y responda, resolviendo en congruencia con el planteamiento hecho por la parte actora.

6. CUARTO. Hecho lo anterior, por acuerdo de doce de junio de dos mil trece, el Tribunal resolutor determinó declarar cumplida la sentencia de amparo de mérito.

7. QUINTO. Tal resolución motivó la promoción de la inconformidad que se revisa, la que fue admitida por el Presidente de este Alto Tribunal mediante acuerdo de primero de julio de dos mil trece, donde, además, se dispuso que el asunto se turnara para su estudio al M.L.M.A.M., así como su envío a la Sala de su adscripción, a fin de que su Presidente dictara el trámite correspondiente.

8. El expediente quedó radicado ante esta Segunda Sala, mediante acuerdo de su Presidente de cinco de julio de dos mil trece y en ese proveído, se ordenó remitir los autos al Ministro Ponente.

C O N S I D E R A N D O:

9. PRIMERO.Competencia. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente inconformidad, en términos de lo dispuesto en los artículos 105, párrafo tercero, de la Ley de Amparo vigente hasta el dos de abril de dos mil trece; 21, fracción XI de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el punto Cuarto del Acuerdo 5/2001, el punto Cuarto del Acuerdo 12/2009 y el Tercero Transitorio del Acuerdo 5/2013, todos del Pleno de este Alto Tribunal, toda vez que se promueve en contra del acuerdo por el que se declaró cumplida la sentencia dictada en un juicio de amparo directo que causó estado con anterioridad al tres de abril de dos mil trece, fecha en que entró en vigor la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos del mes y año en comento.

10. En efecto, en el Artículo Tercero Transitorio del precitado ordenamiento legal se establece que “los juicios de amparo iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de la presente Ley, continuarán tramitándose hasta su resolución final conforme a las disposiciones aplicables vigentes a su inicio, salvo lo que se refiere a las disposiciones relativas al sobreseimiento por inactividad procesal y caducidad de la instancia, así como al cumplimiento y ejecución de las sentencias de amparo”.

10. Del numeral transcrito, se advierte que el legislador estableció que los juicios de amparo iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de la nueva Ley de Amparo continuarían tramitándose hasta su resolución final conforme a las disposiciones vigentes a su inicio, haciendo dos salvedades. Por un lado, la relativa al sobreseimiento por inactividad procesal y la caducidad de la instancia y, por otro lado, lo concerniente al cumplimiento y ejecución de las sentencias de amparo.

10. Al respecto, debe tomarse en cuenta que, el cuatro de octubre de dos mil once entró en vigor el Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de junio del referido año, por virtud del cual se reformaron y derogaron, entre otras, diversas disposiciones del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.En relación con la primera salvedad, destaca la derogación de su fracción XIV en la que se establecía tanto el sobreseimiento como la caducidad de la instancia de revisión por inactividad procesal así como la modificación del último párrafo de la fracción XVI del citado precepto constitucional, para eliminar la caducidad por inactividad procesal de los procedimientos relativos al cumplimiento de las sentencias de amparo.

10. Por cuanto se refiere a la segunda excepción, debe considerarse que la fracción XVI del artículo 107 de la Constitución General de la República se modificó únicamente para precisar las facultades de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en materia de cumplimiento de las sentencias de amparo como lo son, entre otras, otorgar un plazo razonable para que las responsables den cumplimiento al fallo protector, o bien, imponer las sanciones correspondientes “de acuerdo con el procedimiento establecido en la ley reglamentaria”.

10. En ese contexto, para fijar el alcance de la salvedad prevista en el artículo Tercero Transitorio de la Ley de Amparo, en el sentido de que las disposiciones relativas “al cumplimiento y ejecución de las sentencias de amparo” son aplicables a los juicios de amparo iniciados con anterioridad a su entrada en vigor, es menester tener en cuenta los siguientes aspectos fundamentales:

• Que en términos de lo previsto en el artículo 192 de la Ley de Amparo el procedimiento para el cumplimiento de una sentencia concesoria inicia una vez que causa ejecutoria, etapa perfectamente diferenciable al proceso que le dio origen.

• La situación procesal en la que se ubicaron las partes cuando la sentencia concesoria causó estado antes del tres de abril de dos mil trece y, por ende, la consecuencia de que el respectivo procedimiento de ejecución se haya sujetado a lo previsto en la legislación de amparo vigente en aquel momento.

• Que tanto el procedimiento de ejecución de las sentencias de amparo como los medios de impugnación relativos que prevé la nueva legislación, son sustancialmente distintos a los que regula la ley anterior. Entre las principales diferencias destacan:

a) La imposición de multa a las autoridades responsables y, en su caso, a su superior jerárquico, por no informar sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo en el plazo otorgado para ello;

b) El...