Sentencia de la Corte Suprema de Justicia. 27-05-2015 (CONTRADICCIÓN DE TESIS 344/2014)

Sentido del fallo27/05/2015 1. NO EXISTE CONTRADICCIÓN DE TESIS.
EmisorPRIMERA SALA
Tipo de AsuntoCONTRADICCIÓN DE TESIS
Fecha27 Mayo 2015
Número de expediente344/2014
Sentencia en primera instanciaSEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO (EXP. ORIGEN: A.D. 226/2008),CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SEGUNDO CIRCUITO (EXP. ORIGEN: R.R. 9/2013 Y A.D. 198/2013))
384/2010



CONTRADICCIÓN DE TESIS 344/2014.


CONTRADICCIÓN DE TESIS 344/2014 SUSCITADA ENTRE EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMiNISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO Y EL CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SEGUNDO CIRCUITO.



PONENTE: MINISTRO arturo zaldívar lelo de larrea.

SECRETARIA: carmina cortés rodríguez.



Visto Bueno

Sr. Ministro:




México, Distrito Federal. Acuerdo de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente a la sesión del día veintisiete de mayo de dos mil quince.



Cotejó:



V I S T O S, para resolver los autos del expediente de contradicción de tesis 344/2014; y,


R E S U L T A N D O:


PRIMERO. Mediante oficio de fecha veintidós de septiembre de dos mil catorce, recibido el día catorce de octubre de la misma anualidad en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, **********, denunció la posible contradicción de criterios entre los sustentados por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, al resolver el amparo directo ********** y el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, al fallar el recurso de reclamación **********.


SEGUNDO. Por acuerdo de dieciséis de octubre de dos mil catorce, el P. de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó la formación y registro del expediente relativo a la presente denuncia de contradicción de tesis, bajo el número 344/2014.


TERCERO. Mediante auto de fecha cuatro de noviembre de dos mil catorce, el P. de la Suprema Corte de Justicia de la Nación hizo constar que los tribunales contendientes remitieron la versión digitalizada de las ejecutorias relativas al recurso de reclamación ********** y el amparo directo ********** de sus respectivos índices, por lo que el presente asunto se encuentra debidamente integrado.


CUARTO.- Previo dictamen del Ministro ponente, el presente asunto quedó radicado en la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos de emitir la resolución respectiva.


C O N S I D E R A N D O:


PRIMERO. Competencia. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver el presente asunto de conformidad con lo dispuesto en los artículos 94, párrafo octavo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 225 y 226, fracción II, de la Ley de Amparo; y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el punto Tercero del Acuerdo Plenario 5/2013, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de mayo de dos mil trece, toda vez que se trata de una contradicción de tesis sustentada entre dos Tribunales Colegiados de Circuito de diferente circuito y especialización y no resulta necesaria la intervención del Tribunal Pleno.




Lo anterior tiene sustento en el criterio emitido por el Pleno de este Alto Tribunal, contenido en la tesis 1/2012 de rubro: “CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE DIFERENTE CIRCUITO. CORRESPONDE CONOCER DE ELLAS A LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN XIII, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LSO ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEREDERACIÓN EL 6 DE JUNIO DE 2011)”1.



SEGUNDO. Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, en términos de lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 227, fracción II, de la Ley de Amparo, toda vez que fue formulada por **********, quien promovió el recurso de reclamación **********, del índice del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito.


TERCERO. Criterios en contradicción. Con el fin de verificar la posible existencia de la contradicción de criterios denunciada, es menester destacar las consideraciones sustentadas por los Tribunales Colegiados contendientes en las ejecutorias respectivas.


A) El Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, al resolver por unanimidad de votos el recurso de reclamación **********, se pronunció sobre la legalidad del auto de Presidencia por virtud del cual se admitió a trámite una demanda de amparo directo, pero no se acordó de conformidad la petición del quejoso de tenerlo ofreciendo una prueba documental, consistente en copias certificadas de la causa penal **********. Al respecto, el Tribunal Colegiado determinó lo siguiente:


El agravio que expone el recurrente es infundado.


En efecto, de lo plasmado por el recurrente en la constancia de notificación por la cual interpuso el recurso de mérito, se advierte que se opone a lo sostenido por el presidente del tribunal, ya que considera que el artículo 75 de la Ley de Amparo es contrario al artículo 10 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, en que se prevé la posibilidad de reparar el error judicial.


De tal argumento se infiere que lo que pretende el quejoso al ofrecer como prueba las copias certificadas de la causa penal 20/2006, del índice del Juzgado Decimosegundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Distrito Federal, es demostrar que en el dictado del acto reclamado existió un error judicial susceptible de ser reparado por esta autoridad de amparo.


Pues bien, a efecto de evidenciar lo infundado del citado argumento del inconforme, es conveniente transcribir los citados dispositivos legales.


De esta forma, la Ley de Amparo establece:


Artículo 75. (se transcribe)


Por su parte, la Convención Americana sobre Derechos Humanos señala:

Artículo 10. Derecho a Indemnización (se transcribe)



De tales transcripciones claramente se desprende que en las sentencias de amparo, el acto reclamado se apreciará tal y como aparezca probado ante la autoridad responsable, sin que sea posible admitir o tomar en consideración pruebas no rendidas ante esa autoridad.


Esto implica que la ley no permite la admisión de pruebas en el juicio de amparo, ni aun las “supervenientes”. Lo anterior, obviamente, hecha la excepción de aquellas que tiendan a acreditar una causal de improcedencia que determine el sobreseimiento del juicio de garantías, situación que no se presenta en el caso concreto.


El artículo citado establece el principio de limitación de la prueba que rige al juicio de amparo, ante el cual no obsta que la prueba ofrecida por el quejoso tenga el carácter de superveniente y que por tal motivo no haya tenido oportunidad de ofrecerla en el juicio de origen; pues si por esa razón tuviera que ser admitida y valorada en el juicio de amparo, se permitiría que este órgano colegiado analizara la legalidad de la sentencia reclamada sobre la base de una prueba que modifica la situación jurídica que imperaba al momento de su emisión, y que por tanto, altera la litis constitucional.


Luego, admitir una prueba de esta índole y tomarla en consideración para resolver el juicio de amparo, implicaría analizar si la sala responsable violó derechos de la parte quejosa, tomando como base para ello, hechos y circunstancias que se desprenden de un documento que no tuvo la oportunidad de valorar, y que por ende, no fueron motivo de su decisión.


Ante tal mandamiento legal expreso, la interpretación que se haga del mismo, por muy extensiva que ésta sea, no puede llevar a una conclusión contraria a su espíritu.


En el caso que nos ocupa, el acto reclamado está constituido por la sentencia de trece de marzo de dos mil tres, dictada en el toca de apelación **********, del índice del ahora Quinto Tribunal Unitario del Segundo Circuito. Siendo que en la demanda de amparo, el ahora reclamante aduce que exhibió la citada documental pública como prueba superveniente, a fin de robustecer los conceptos de violación con los que combate la sentencia reclamada.


Luego, es correcto que el Magistrado P. de este tribunal no admitiera la documental exhibida por el impetrante, pues como se ha expuesto, el indicado artículo 75 de la Ley de Amparo no permite la exhibición de elementos novedosos en relación con el juicio natural, esto es, del ofrecimiento de pruebas que no hubiesen estado a la vista de la autoridad responsable; y, en este tenor, la decisión aquí recurrida se ajusta a derecho, en la medida en que la parte quejosa no está en aptitud de introducir elementos probatorios ajenos a dicho juicio natural, para que sean valorados en el juicio de amparo.


Ahora bien, este órgano colegiado concluye que es infundado el argumento del quejoso respecto a la inconvencionalidad del citado artículo 75 de la Ley de Amparo, pues es evidente que este dispositivo no imposibilita que, en caso de acreditarse un error judicial en contra de un gobernado, éste sea indemnizado conforme a lo establecido en el artículo 10 de la Convención Americana de Derechos Humanos.


Esto es así, porque en el caso de amparo directo, cuando aparecen pruebas posteriores a las que sirvieron para dictar la...

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