Sentencia de la Corte Suprema de Justicia. 07-06-2017 (RECURSO DE RECLAMACIÓN EN LA CONTROVERSIA CONST. 85/2016-CA)

Sentido del fallo07/06/2017 1. ES PROCEDENTE PERO INFUNDADO. 2. SE CONFIRMA EL ACUERDO RECURRIDO.
EmisorPRIMERA SALA
Tipo de AsuntoRECURSO DE RECLAMACIÓN EN LA CONTROVERSIA CONST.
Número de expediente85/2016-CA
Fecha07 Junio 2017
Sentencia en primera instanciaPLENO)

RECURSO DE RECLAMACIÓN 85/2016-CA DERIVADO DE LA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 211/2016.



RECURSO DE RECLAMACIÓN 85/2016-ca DERIVADO de la CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 211/2016


RECURRENTE: AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE OAXACA



ponente: ministro arturo zaldívar lelo de larrea

secretariO: R.N.O.





SÍNTESIS



ACUERDO RECURRIDO: Acuerdo dictado el dos de diciembre de dos mil dieciséis por el Ministro instructor J.F.F.G.S. mediante el cual desechó de plano la Controversia Constitucional 211/2016.


RECURRENTE: A.ía Superior del Estado de Oaxaca.


SENTIDO DEL PROYECTO:


Antecedentes:


El primero de diciembre de dos mil dieciséis el A. Superior del Estado de Oaxaca promovió controversia constitucional en contra de los Poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado, mediante la cual impugnó el Decreto 2050 que reforma a los artículos 65 Bis, fracción IV de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca; 37, tercer párrafo y 38 de la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Oaxaca.


En esencia argumentó que el Decreto carece de fundamentación y motivación, limita sus atribuciones, transgrede su funcionamiento, su autonomía técnica y de gestión y afecta sus resoluciones, lo cual limita su facultad para ejercer sus responsabilidades relativas al Sistema Nacional Anticorrupción.


En concreto impugnó el artículo 65 Bis, fracción IV de la Constitución de Oaxaca pues le otorga facultad de iniciar procedimientos de responsabilidades ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo y de Cuentas, pero no para promover ante la Fiscalía Estatal de Combate a la Corrupción.


También impugna el artículo 37, tercer párrafo de la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Oaxaca ya que al establecer que las facultades de la A.ía Superior del Estado para fincar e imponer sanciones prescribirán en tres años, contraviene los artículos 74 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y 78 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.


Además impugna el artículo 38 de la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Oaxaca que establece que la A.ía Superior del Estado necesita autorización de la Junta de Coordinación Política para presentar querellas en contra de los funcionarios de elección popular señalados en el artículo 118 de la Constitución de Oaxaca. Considera que atenta contra su autonomía técnica y de gestión pues da lugar a una intromisión, dependencia o subordinación del Poder Legislativo sobre la A.ía Superior del Estado en sus funciones como integrante del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción.

Mediante acuerdo de uno de diciembre de dos mil dieciséis el Ministro P. ordenó formar el expediente con el número 211/2016 y lo turnó al Ministro José Fernando Franco González S. designándolo instructor del procedimiento.


Por acuerdo de dos de diciembre de dos mil dieciséis, el Ministro instructor desechó de plano la controversia constitucional al advertir una causa manifiesta e indudable de improcedencia, consistente en la falta de legitimación procesal activa de la promovente.


Inconforme con dicha resolución, el quince de diciembre de dos mil dieciséis la A.ía Superior del Estado de Oaxaca interpuso el recurso de reclamación que ahora se resuelve.


En su escrito de agravios argumentó, además de diversas cuestiones relativas al estudio de fondo de la controversia constitucional, que el acuerdo impugnado carecía de fundamentación y motivación pues la fracción VIII del artículo 19 de la Ley Reglamentaria de la materia no regula expresamente la causa de improcedencia por la que se desechó la demanda.


Por otra parte planteó que goza de un carácter análogo al de los organismos autónomos ya que entre ella y el Poder Legislativo local existe una separación técnica y de gestión. Al respecto mencionó que de acuerdo con los artículos 113, fracción I y último párrafo de la Constitución General y 36 de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción se trata de un órgano con autonomía constitucional integrante del Sistema Nacional Anticorrupción y no de la Legislatura local, por lo que tiene legitimación procesal activa.


En las consideraciones:



Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver el presente recurso de reclamación, el cual es procedente y además se presentó de forma oportuna por persona legitimada para ello.


El presente asunto se constriñe a analizar si es o no improcedente de manera manifiesta e indudable la controversia promovida por la A.ia Superior del Estado.


La recurrente argumentó que el acuerdo impugnado carecía de fundamentación y motivación pues la fracción VIII del artículo 19 de la Ley Reglamentaria de la materia no regula expresamente la causa de improcedencia por la que se desechó la demanda.


Lo anterior es infundado toda vez que pues si bien el precepto referido no prevé literalmente la falta de legitimación procesal activa de la A.ia Superior local, lo cierto es que ésta causa de improcedencia se desprende de los artículos 10, fracción I y 11, primer párrafo de la Ley Reglamentaria de la materia, en relación con el 105, fracción I de la Constitución General.


Por otra parte, la recurrente sostuvo de acuerdo con los artículos 113, fracción y último párrafo de la Constitución General y 36 de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, se trata de un órgano con autonomía constitucional integrante del Sistema Nacional Anticorrupción y no de la Legislatura local, por lo que tiene legitimación procesal activa.


Tal agravio también es infundado pues la promovente no es un órgano primario del Estado, por lo que carece de legitimación activa para promover controversia constitucional. De acuerdo con los artículos 116, fracción II, párrafo sexto, 65 bis de la Constitución local, 61 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo local, 2°, fracción I y 6° de la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Oaxaca y 1° del Reglamento Interior de la A.ía Superior del Estado de Oaxaca, la A.ía Superior del Estado de Oaxaca es el órgano técnico del Congreso local y tiene autonomía presupuestal, técnica y de gestión para decidir sobre su organización interna, funcionamiento y resoluciones.


De igual forma es infundado que se trate de un órgano con autonomía constitucional ajeno a la Legislatura local pues los artículos 113, fracción I y último párrafo y 116 de la Constitución General no le reconocen tal carácter.


Aunado a lo anterior dicha entidad fiscalizadora no reviste las características de órganos constitucionales autónomos analizadas en el precedente Controversia Constitucional 32/2005, concretamente no tiene relaciones de coordinación con los otros Poderes ni autonomía orgánica respecto de éstos, sino que pertenece al Poder Legislativo.


En efecto, conforme al precedente Controversia Constitucional 115/2014 son órganos del Congreso que pertenecen a éste y que dentro de él, con autonomía técnica y de gestión llevan a cabo la función de analizar el gasto, lo cual se ve reflejado en que sus determinaciones pasan al conocimiento del Congreso siendo éste al que la Constitución General le otorga la facultad expresa y final para revisar y fiscalizar la cuenta pública. Consecuentemente no es un órgano constitucional autónomo y carece de legitimación procesal activa.



En los puntos resolutivos:



PRIMERO. Es procedente pero infundado el presente recurso de reclamación.


SEGUNDO. Se confirma el auto de dos de diciembre de dos mil dieciséis dictado en la controversia constitucional 211/2016.


Tesis que se citan en el proyecto:

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. NO ES EXTEMPORÁNEA AUN CUANDO SE PRESENTE EL MISMO DÍA EN QUE EL PROMOVENTE TENGA CONOCIMIENTO, SE OSTENTE SABEDOR O HUBIERE SIDO NOTIFICADO RESPECTO DEL ACTO, O BIEN, SE PUBLIQUE LA NORMA O SE PRODUZCA SU PRIMER ACTO DE APLICACIÓN.


CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. PARA EL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA SU IMPROCEDENCIA DEBE SER MANIFIESTA E INDUDABLE.


CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA" PARA EL EFECTO DEL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA.


CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EN EL ACUERDO QUE ADMITE O DESECHA LA DEMANDA, POR SER DE MERO TRÁMITE, NO ES POSIBLE DETERMINAR CUESTIONES RELATIVAS AL FONDO DEL ASUNTO.


CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 19, FRACCIÓN VIII, DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LA MATERIA, ÚNICAMENTE DEBE RESULTAR DE ALGUNA DISPOSICIÓN DE LA PROPIA LEY Y, EN TODO CASO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.


CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LEGITIMACIÓN ACTIVA Y LEGITIMACIÓN PASIVA.


CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA TUTELA JURÍDICA DE ESTA ACCIÓN ES LA PROTECCIÓN DEL ÁMBITO DE ATRIBUCIONES QUE LA LEY SUPREMA PREVÉ PARA LOS ÓRGANOS ORIGINARIOS DEL ESTADO.


ÓRGANOS CONSTITUCIONALES AUTÓNOMOS. SUS CARACTERÍSTICAS.


CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. LA FALTA DE LEGITIMACIÓN DE LA PARTE ACTORA CONSTITUYE CAUSA DE IMPROCEDENCIA.




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