Sentencia de la Corte Suprema de Justicia. 27-04-2016 (CONTRADICCIÓN DE TESIS 38/2016)

EmisorSEGUNDA SALA
PonenteJOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS
Sentido del fallo27/04/2016 • NO EXISTE LA CONTRADICCIÓN DE TESIS.
Número de expediente38/2016
Sentencia en primera instanciaPRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO DEL DÉCIMO PRIMER CIRCUITO (EXP. ORIGEN: R.A. 71/2014),PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO (EXP. ORIGEN: R.Q. 60/2013-865, 66/2013-967 Y 71/2013-1067))
Tipo de AsuntoCONTRADICCIÓN DE TESIS

CONTRADICCIÓN DE TESIS 38/2016

CONTRADICCIÓN DE TESIS 38/2016.

ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO DEL DÉCIMO PRIMER CIRCUITO.



PONENTE: MINISTRO JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS.

SECRETARIA: MAURA ANGÉLICA SANABRIA MARTÍNEZ.


Vo. Bo.

MINISTRO:


Ciudad de México. Acuerdo de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al veintisiete de abril de dos mil dieciséis.


COTEJÓ:

V I S T O S; Y

R E S U L T A N D O:


PRIMERO. Por oficio 136-C-I-2016, recibido el cuatro de febrero de dos mil dieciséis en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, los Magistrados integrantes del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, denunciaron la posible contradicción de criterios entre el sustentado por ese órgano colegiado al resolver los recursos de queja 60/2013, 66/2013 y 71/2013 y el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativas y de Trabajo del Décimo Primer Circuito al solventar la revisión fiscal 71/2014, del que derivó la tesis aislada XI.1o.A.T.69 A.


SEGUNDO. Mediante acuerdo de ocho de febrero de dos mil dieciséis, el Presidente de este Alto Tribunal ordenó registrar la denuncia de mérito con el número de expediente 38/2016, la admitió a trámite y solicitó a los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes que remitieran la versión digitalizada del original o, en su caso, copia certificada de la ejecutoria correspondiente e informaran si los criterios que sustentaron estaban vigentes.


Asimismo, ordenó turnar el asunto al señor Ministro José Fernando Franco González Salas para formular el proyecto de resolución respectivo.


TERCERO. Por acuerdo de veintitrés de febrero de dos mil dieciséis, esta Segunda Sala se avocó al conocimiento del asunto.


C O N S I D E R A N D O:


PRIMERO. Competencia. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis.1


SEGUNDO. Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima en términos del artículo 227, fracción II, de la Ley de Amparo2, en razón de que fue formulada por los Magistrados integrantes del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito.


TERCERO. Criterios contendientes. El contenido de las ejecutorias que participan en la contradicción de tesis, es el siguiente:


El Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el recurso de queja 60/2013, sostuvo en lo que interesa lo siguiente:


TERCERO. (…)

En vía de consecuencia, tal como lo sostiene la recurrente, la tesis jurisprudencial 2a./J. 74/2012 (10a.), de rubro: PENSIÓN OTORGADA POR EL ISSSTE. LA DETERMINACIÓN Y CÁLCULO DE LOS INCREMENTOS RESPECTIVOS, CON APOYO EN EL ARTÍCULO 57 DE LA LEY QUE RIGE A DICHO INSTITUTO, TIENE NATURALEZA POSITIVA, POR LO QUE CORRESPONDE AL QUEJOSO PROBAR SU EXISTENCIA CUANDO LA AUTORIDAD RESPONSABLE LO NIEGA, es inaplicable en la especie, dado que el acto reclamado no se hizo consistir en la aplicación retroactiva de las distintas reformas al artículo 57 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, sino en la omisión de aumentar la cuota pensionaria de la quejosa al mismo tiempo y proporción en que se han incrementado los sueldos básicos de los trabajadores en activo, acto de naturaleza omisiva que no es susceptible de impugnación en la vía anulatoria federal, como se explicará a continuación.

En principio, debe tenerse presente que de los artículos 14 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa y 2 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo se observa que el juicio de nulidad federal, competencia del referido órgano jurisdiccional, es procedente contra resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos que versen sobre las materias que se encuentran ahí enlistadas, que se refieren, esencialmente, al ámbito fiscal; a multas administrativas; a comercio exterior; a las reclamaciones promovidas con fundamento en la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado; a la interpretación y cumplimiento de contratos de obras públicas, adquisiciones, arrendamientos y servicios celebrados por las dependencias y entidades de la administración pública federal, y a las que se dicten en materia de pensiones civiles con cargo al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

Si bien, a priori, podría asumirse que la omisión de aumentar la cuantía pensionaria de un jubilado del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado al mismo tiempo y proporción en que se han incrementado los sueldos básicos de los trabajadores en activo se ajusta a la hipótesis prevista por el artículo 14, fracción VI, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, al versar sobre una pensión con cargo a dicho organismo descentralizado, no debe perderse de vista que el juicio anulatorio es procedente contra actos positivos, es decir, decisiones de las autoridades administrativas federales materializadas en actos concretos definitivos, entendidos como aquellos que constituyen el producto final de la manifestación de la voluntad de la autoridad administrativa, que suele expresarse de dos formas: a) como última resolución dictada para poner fin a un procedimiento, o b) como manifestación aislada que no requiere de un procedimiento que le anteceda para poder reflejar la voluntad final de la autoridad.

Como se adelantó, en el juicio del que deriva este recurso, el acto reclamado no tiene naturaleza positiva, dado que no se trata de una resolución ni es resultado de un procedimiento administrativo, sino que es de carácter negativo en tanto entraña una abstención, pues consiste en la omisión de aumentar la cuantía pensionaria del quejoso al mismo tiempo y proporción en que se han incrementado los sueldos básicos de los trabajadores en activo.

Si se toma en cuenta que el juicio contencioso administrativo únicamente procede contra actos positivos, como son resoluciones, actos administrativos y procedimientos, es claro que la abstención reclamada no es impugnable ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa; por tanto, la instancia idónea para combatirla es, precisamente, el amparo indirecto competencia de un juez de distrito.

Lo anterior resulta lógico si se tiene en consideración que la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo exige que, con la demanda, el accionante debe exhibir la resolución combatida, requisito que sería imposible cumplir tratándose de la impugnación de un acto omisivo, pues, por su propia naturaleza, no se encuentra materializado en resolución alguna.

No pasa inadvertido que, en términos de la fracción XIV del artículo 14 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el juicio anulatorio es procedente contra las resoluciones que se configuren por negativa ficta, al transcurrir el plazo legal correspondiente, en las materias contenidas en el propio precepto; sin embargo, aunque dicha resolución emanada de una ficción legal encuentre su origen en una omisión por parte de la autoridad, lo cierto es que ello atiende, necesariamente, a la existencia de una petición o recurso hecho valer contra determinado acto, es decir, su presupuesto lo constituye una acción instada por el gobernado y se actualiza ante la inactividad de la autoridad.

De ahí que no pueda equipararse la omisión reclamada, de carácter simple, a una resolución negativa ficta respecto de la cual es procedente el juicio contencioso administrativo, dado que tienen una génesis y naturaleza distintas.

En mérito de lo anterior, son fundados los agravios en que la inconforme aduce que el a quo fijó inexactamente el acto reclamado y, por tanto, no se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo; en consecuencia, el juez debe emitir un nuevo proveído en que, de no advertir la actualización de diversa causa de improcedencia, admita la demanda de garantías.

(…)”.



Las mismas consideraciones se sostuvieron por el Tribunal Colegiado al resolver los recursos de queja 66/2013 y 71/2013.


Por su parte, el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, al resolver la revisión fiscal 71/2014, sostuvo lo siguiente:



SÉPTIMO. Estudio de fondo. Los agravios a estudio son infundados.

Así lo son los argumentos (6.1 a 6.12) donde la autoridad recurrente sostiene que la sentencia es incongruente porque no podía declarar la prescripción de los créditos fiscales cuando no existía un pronunciamiento previo del tema por parte de la...

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