Sentencia de la Corte Suprema de Justicia. 11-06-2008 (RECURSO DE RECLAMACIÓN EN ACCIONES DE INCONST. 23/2008-CA)

EmisorSEGUNDA SALA
PonenteJOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS
Sentido del falloES PROCEDENTE Y FUNDADO EL PRESENTE RECURSO DE RECLAMACIÓN.- SE REVOCA EL AUTO RECURRIDO.
Tipo de AsuntoRECURSO DE RECLAMACIÓN EN ACCIONES DE INCONST.
Sentencia en primera instancia )
Número de expediente23/2008-CA
RECURSO DE RECLAMACIÓN 23/2008-CA Y SU ACUMULADO 24/2008

RECURSO DE RECLAMACIÓN 23/2008-CA, DERIVADO DE LA ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 74/2008 Y SU ACUMULADA 75/2008.

RECURSO DE RECLAMACIÓN 23/2008-CA DERIVADO DE LA ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 74/2008 Y SU ACUMULADA 75/2008.

RECURRENTE **********.


Vo Bo.

Ministro:


PONENTE MINISTRO JOSÉ F.F.G.S..

SECRETARIa: S.E.M.Q..

ELABORÓ: J.O.F..



México, Distrito Federal. Acuerdo de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día once de junio de dos mil ocho.

cotejado:


V I S T O S; y

R E S U L T A N D O:


PRIMERO. Presentación del recurso. Por escrito presentado el tres de mayo de dos mil ocho en el domicilio de la autorizada para recibir promociones fuera del horario de labores de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, **********, en su carácter de Presidente del Comité Ejecutivo Nacional de ********** interpuso recurso de reclamación en contra del auto de veintinueve de abril del año en curso, dictado en la acción de inconstitucionalidad 74/2008 y su acumulada 75/2008, promovidas, respectivamente, por **********, en su carácter de Presidente del Partido de la Revolución Democrática, y por **********, como Presidente del Comité Ejecutivo Nacional de **********, en el que se desecharon de plano, por notoriamente improcedentes, las acciones de inconstitucionalidad intentadas.


SEGUNDO. Auto impugnado. El auto materia del presente recurso de reclamación, en lo que interesa, es del tenor siguiente:


En el caso existe un motivo manifiesto e indudable de improcedencia que conduce a desechar de plano la presente acción de inconstitucionalidad, de conformidad con los artículos 25, 59 y 65 de la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por las siguientes razones: --- De los citados preceptos legales se deduce que: --- a) En las acciones de inconstitucionalidad, el Ministro instructor puede invocar las causas de improcedencia aplicables a las controversias constitucionales previstas en el artículo 19 de la citada Ley Reglamentaria con las salvedades que el propio precepto establece, cuando sean manifiestas e indudables en términos del artículo 25 de la misma ley. --- b) Las acciones de inconstitucionalidad son improcedentes cuando ello resulte de alguna disposición de la ley, lo cual permite considerar el conjunto de disposiciones que integran la Ley Reglamentaria de la materia, en relación con la fracción II, inciso f), del artículo 105 constitucional. --- Así, de la revisión integral de la demanda y sus anexos se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción VIII del artículo 19 de la Ley Reglamentaria de la materia, en relación con el artículo 105, fracción II, inciso f), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. --- En ese sentido, el citado precepto constitucional, en su fracción II, establece de manera limitativa y expresa quiénes son los sujetos legitimados para promover una acción de inconstitucionalidad. Los partidos políticos con registro ante el Instituto Federal Electoral, por conducto de sus dirigencias nacionales, sólo están legitimados para solicitar la invalidez de ‘leyes electorales federales o locales’. De este modo, si en este asunto la norma impugnada no es de naturaleza electoral entonces los partidos políticos promoventes carecen de legitimación, como se señala en la tesis de jurisprudencia P./J. 7/2007 que lleva por rubro: ‘ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. QUIÉNES SE ENCUENTRAN LEGITIMADOS PARA PROMOVERLA ATENDIENDO AL ÁMBITO DE LA NORMA IMPUGNADA’ --- En relación con la materia electoral, este Alto Tribunal sustentó la jurisprudencia P./J.25/99, que a la letra dice (se añade énfasis): --- ‘ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. MATERIA ELECTORAL PARA LOS EFECTOS DEL PROCEDIMIENTO RELATIVO. En la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de diciembre de mil novecientos noventa y cuatro, se instituyó este tipo de vía constitucional en el artículo 105, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pero se prohibió su procedencia en contra de leyes en materia electoral; con la reforma a dicho precepto fundamental publicada en el mismo medio de difusión el veintidós de agosto de mil novecientos noventa y seis, se admitió la procedencia de la acción en contra de este tipo de leyes. Con motivo de esta última reforma, la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del Artículo 105 de dicha Constitución prevé reglas genéricas para la sustanciación del procedimiento de la acción de inconstitucionalidad y reglas específicas cuando se impugnan leyes electorales. De una interpretación armónica y sistemática, así como teleológica de los artículos 105, fracción II, y 116, fracción IV, en relación con el 35, fracciones I y II, 36, fracciones III, IV y V, 41, 51, 56, 60, 81, 115, fracciones I y II, y 122, tercer párrafo, e inciso c) base primera, fracciones I y V, inciso f), todos de la propia Constitución, se llega al convencimiento de que las normas generales electorales no sólo son las que establecen el régimen normativo de los procesos electorales propiamente dichos, sino también las que, aunque contenidas en ordenamientos distintos a una ley o código electoral sustantivo, regulan aspectos vinculados directa o indirectamente con dichos procesos o que deban influir en ellos de una manera o de otra, como por ejemplo, distritación o redistritación, creación de órganos administrativos para fines electorales, organización de las elecciones, financiamiento público, comunicación social de los partidos, límites de las erogaciones y montos máximos de aportaciones, delitos y faltas administrativas y sus sanciones. Por lo tanto esas normas pueden impugnarse a través de la acción de inconstitucionalidad y, por regla general, debe instituirse el procedimiento correspondiente y resolverse conforme a las disposiciones específicas que para tales asuntos prevé la ley reglamentaria de la materia, pues al no existir disposición expresa o antecedente constitucional o legal alguno que permita diferenciarlas por razón de su contenido o de la materia específica que regulan, no se justificaría la aplicación de las reglas genéricas para unas y las específicas para otras. --- Como puede verse, en este criterio se determinó que las normas generales en materia electoral no sólo son las que establecen el régimen normativo de los procesos electorales propiamente dicho, sino también las que regulan ‘aspectos vinculados directa o indirectamente con dichos procesos’. El criterio arroja luz sobre lo que éstos ‘aspectos’ significan con los siguientes ejemplos: --- Distritación o redistritación --- Creación de órganos administrativos para fines electorales --- Organización de las elecciones --- Financiamiento público --- Comunicación social de los partidos --- Límites de las erogaciones y montos máximos de aportaciones, y --- Delitos y faltas administrativas y sus sanciones. --- En el criterio es notable que estos ‘aspectos electorales’ ciertamente no se refieren al ‘regimen normativo de los procesos electorales propiamente dichos’; sin embargo, no puede negarse que tienen una referencia inequívoca con ellos, es decir, en todo caso giran en torno a dichos procesos. --- De este modo es posible hacer una distinción entre dos ámbitos: el electoral en todo su espectro, y el de los procesos electorales. La extensión del primero es obviamente mayor que la del segundo, puesto que lo incluye. El criterio de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, como puede verse, gira en torno al segundo de los ámbitos especificando que abarca algo más que el proceso ‘electoral propiamente dicho’, sin que ello se amplíe a toda la extensión del ámbito de lo electoral. La norma impugnada es del tenor siguiente: --- ‘Artículo 80.- Para ser Gobernador del Estado se requiere: --- 1.- Ser ciudadano mexicano por nacimiento, nativo de la entidad o hijo de padre o madre nacido en la entidad, y con residencia efectiva y vecindad en el Estado de cuando menos diez años inmediatamente anteriores al día de la elección. A falta de los requisitos antes señalados, ser ciudadano mexicano por nacimiento y con residencia efectiva y vecindad en el Estado no menor de veinte años inmediatamente anteriores al día de la elección.’ --- Como puede apreciarse, la norma impugnada no se vincula directa o indirectamente con los ‘procesos electorales’, sino exclusivamente con los requisitos que deben reunir quienes, en su momento, aspiren a ser Gobernador del Estado de Q.R.. --- Se trata de un...

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