Sentencia de la Corte Suprema de Justicia. 23-11-2006 (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 36/2006)

EmisorPLENO
PonenteGENARO D. GÓNGORA PIMENTEL
Sentido del falloPRIMERO.- ES PROCEDENTE PERO INFUNDADA LA PRESENTE ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SEGUNDO.- SE RECONOCE LA VALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS 93 Y 207 DEL CÓDIGO ESTATAL ELECTORAL DE DURANGO, DE ACUERDO CON LO EXPUESTO EN LOS CONSIDERANDOS QUINTO Y SEXTO DE ESTE FALLO. TERCERO.- PUBLÍQUESE ESTA SENTENCIA EN EL SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN Y SU GACETA.
Número de expediente36/2006
Sentencia en primera instancia )
Tipo de AsuntoACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD
<a href="https://vlex.com.mx/vid/sentencia-corte-suprema-justicia-799597985">ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 33/2005</a>

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 36/2006

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 36/2006.


PROMOVENTE: PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.



MINISTRO PONENTE: G.D.G.P..

SECRETARIOS: M.S.D..

MARAT PAREDES MONTIEL.

rómulo amadeo figueroa salmorán.



México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al veintitrés de noviembre de dos mil seis.


Vo. Bo.

Sr. Ministro


V I S T O S; y,

R E S U L T A N D O:

Cotejó:


PRIMERO.- Presentación de la acción, autoridades (emisora y promulgadora) y normas impugnadas. Por oficio recibido el veintinueve de septiembre de dos mil seis, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, M. de Jesús Espino Barrientos, ostentándose como P. Nacional del Partido Acción Nacional, promovió acción de inconstitucionalidad en la que solicitó la invalidez de la norma general que más adelante se señala, emitida y promulgada por los órganos que a continuación se mencionan:


II) Órgano Legislativo y Ejecutivo que emitió y promulgó las normas generales impugnadas.- El órgano legislativo es la Honorable Sexagésima Tercera Legislatura del Estado de Durango, y el Ejecutivo lo es el C.G. de Durango, así como el S. General de Gobierno del mismo Estado, en términos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango.--- III) N. General cuya invalidez se reclame y el medio oficial en que se hubiere publicado.- La contenida en el Decreto 290 que se diera a conocer a través del Periódico Oficial del Estado correspondiente al día 30 de agosto del 2006, porque ilegal e inconstitucionalmente se aprueban los artículos 93 y 207 del Código Estatal Electoral, referente a la fórmula para asignación de prerrogativas de los partidos políticos y al procedimiento de fiscalización de los mismos, en el Estado de Durango.”


SEGUNDO.- Conceptos de invalidez. El promovente esgrimió, en síntesis, los siguientes conceptos de invalidez:


a) Que el Congreso del Estado de Durango no dio cumplimiento a lo dispuesto por los preceptos 115 y 116 de la Constitución Federal, en cuanto a que la legislación electoral debe ser suficiente y congruente y no delegar a los órganos electorales la aprobación de los reglamentos que contengan las disposiciones a cumplir por los partidos políticos.


b) Que el Congreso del Estado de Durango omitió legislar respecto del contenido del artículo 25 de la Constitución local, delegando al órgano administrativo electoral la facultad para que reglamente lo relativo a las reglas y procedimientos sobre el financiamiento y fiscalización de los ingresos y egresos de los partidos políticos, sin que previamente exista una ley en donde se establezcan las reglas y procedimientos respectivos.


c) Que el artículo 25 de la Constitución local, en cumplimiento al mandato de los artículos 115 y 116 de la Constitución Federal, señala que las leyes de la materia establecerán las reglas y procedimientos a que se sujetarán el financiamiento público y privado de los partidos políticos, los límites y topes a las erogaciones de campaña, así como las sanciones por incumplimiento de las reglas aplicables. En consecuencia, la facultad de reglamentar la fiscalización de los recursos de los partidos políticos y agrupaciones políticas es atribución exclusiva del Órgano Legislativo Estatal, por lo que su delegación a otro órgano resulta inconstitucional.


Que son aplicables las tesis de jurisprudencia de rubro: “FACULTAD REGLAMENTARIA. SUS LÍMITES.”, “DELEGACIÓN DE FACULTADES PARA LEGISLAR. COMPETENCIA DE LAS SECRETARÍAS DE ESTADO.”, “DIVISIÓN DE PODERES. SISTEMA CONSTITUCIONAL DE CARÁCTER FLEXIBLE.” y “FACULTADES EXTRAORDINARIAS, SON INCONSTITUCIONALES LAS CONCEDIDAS AL GOBERNADOR DE UN ESTADO, FUERA DE LOS CASOS PERMITIDOS POR LA CONSTITUCIÓN (LEY NÚM. 6 DE PLANIFICACIÓN PARA EL ESTADO DE VERACRUZ-LLAVE).”.


d) Que el citado artículo 93, al otorgar al Consejo Estatal Electoral la facultad de aprobar el Reglamento de referencia, la cual es una facultad extraordinaria por no estar prevista en la Constitución de Durango, contraviene los artículos 1, 25, 29, 51, 55, 70, fracción II, 121, 124 y 130 de la Constitución local.


Que, en consecuencia, tanto la aprobación de la reforma al Código Estatal Electoral realizada por el Congreso del Estado de Durango, como la orden de publicación realizada por el Gobernador del Estado resultan afectadas de inconstitucionalidad de origen, la que por ser de mayor grado, abarca a las demás actuaciones realizadas, como sus efectos y consecuencias.


e) Que la legislación electoral reformada resulta violatoria de garantías, porque los partidos políticos en lugar de estar sujetos a lo que dispone la Constitución del Estado de Durango en cuanto a que gozarán de financiamiento en las formas y términos de ley, serán regulados por un reglamento, sin contar con una ley emitida por autoridad competente que previamente determine las reglas y procedimientos básicos, y sin que se haya otorgado consulta a los partidos políticos previo a su aprobación, dejándolos, en consecuencia, sin audiencia previa en la labor legislativa y en estado de indefensión.


Que sirven de apoyo las tesis de jurisprudencia de rubro: “AUDIENCIA, GARANTÍA DE. OBLIGACIONES DEL PODER LEGISLATIVO FRENTE A LOS PARTICULARES.” y “FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO.”.


f) Que se priva a los partidos políticos registrados en el Estado de Durango de opinar, siendo que tienen derecho a que se les legisle conforme a su marco jurídico y a contar con un sistema legal que prevea la fiscalización del financiamiento y erogaciones de las actividades ordinarias y de campaña política, así como de las sanciones a las que se harán acreedores en caso de incumplimiento.


g) Que la delegación de facultades que hace el Congreso del Estado a favor del Instituto Estatal Electoral para la emisión del “Reglamento de Fiscalización, procedimientos y demás disposiciones de carácter general que regulen los procedimientos, sistemas o normas relativas con el desempeño de sus facultades”, sin mediar una Ley Reglamentaria de los artículos 25, 26, 51, 55, 121, 124 y 130 de la Constitución local, vulnera el principio de división de poderes consagrado por la Constitución Federal en sus artículos 49 y 116.


h) Que de acuerdo con el artículo 25 de la Constitución local, el Instituto Estatal Electoral es un organismo autónomo que debió estar facultado expresamente en la Ley Reglamentaria que emitiera el Congreso local, para la Fiscalización del Financiamiento público y, en ese supuesto, dentro de la órbita de atribuciones que la ley le concediera, podría emitir disposiciones reglamentarias tendentes a la realización de los objetivos que le son propios.


i) Que además, la circunstancia de que el Congreso del Estado de Durango no haya señalado las sanciones aplicables a quienes infrinjan lo relativo a la fiscalización del financiamiento, dejando esa función a la autoridad administrativa electoral estatal, atenta contra el artículo 116, fracción IV, inciso i), de la Constitución Federal.


j) Que la autoridad electoral tiene la obligación de conocer y sustanciar las irregularidades que se produzcan en relación con el proceso electoral, por lo que, si durante el mismo no se cuenta con legislación expedida por el órgano competente, no se aplicarían las sanciones que prevé el artículo 116, fracción IV, inciso i), de la N. Suprema, con lo que se dejaría de impartir justicia en forma pronta y expedita, vulnerándose lo dispuesto por el artículo 17 de la Constitución Federal.


k) Que la fórmula para fijar los topes de gastos de campaña, prevista en el artículo 207 del Código Electoral, es contraria a los artículos 41 y 116 constitucional, ya que permite que el financiamiento privado supere al público.


l) Que el artículo 207, en relación con el 93, fija un excedente gravoso, ya que el financiamiento privado que podrían recibir y gastar los partidos políticos es excesivo, cantidad que el Estado de Durango no podrá cubrir como financiamiento público, lo que permite que el financiamiento privado supere al público, violentándose con ello el artículo 41 constitucional, que establece que debe prevalecer el financiamiento público sobre el privado.


m) Que en el artículo 207 impugnado se fija un tope excesivo, ya que al aplicar la fórmula del tope de gastos de campaña para la elección de gobernador, un solo partido podría gastar el doble del presupuesto público autorizado para todos los partidos políticos en la última elección que fue de cuarenta y seis millones, con lo que se contraviene la disposición relativa a que el financiamiento privado debe ser menor al público.


n) Que la reforma a la legislación electoral debe invalidarse por haberse violado en su aprobación lo dispuesto en los...

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