Sentencia de la Corte Suprema de Justicia. 24-03-2011 (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 66/2009)

EmisorPLENO
PonenteJOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS
Sentido del falloPRIMERO. Es procedente pero infundada la presente acción de inconstitucionalidad. SEGUNDO. Se reconoce la validez del artículo 322 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, reformado mediante decreto publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el día diez de septiembre de dos mil nueve. TERCERO. Publíquese esta ejecutoria en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.
Sentencia en primera instancia )
Número de expediente66/2009
Tipo de AsuntoACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD
<a href="https://vlex.com.mx/vid/sentencia-corte-suprema-justicia-799701981">ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 38/2007</a>

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 66/2009

acción de inconstitucionalidad 66/2009.

promovente comisión nacional de los derechos humanos.




MINISTRO PONENTE: J.F.F.G.S..

SECRETARIo agustín tello espíndola.

elaboró javier ortiz flores.



Visto Bueno

Ministro:


México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día veinticuatro de marzo de dos mil once.



Cotejado:


V I S T O S; y,

R E S U L T A N D O :


PRIMERO. Por oficio presentado en las oficinas de la Secretaría General de Acuerdos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cual fue recibido el catorce de octubre de dos mil nueve en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia del mismo órgano judicial, J.L.S.F., en su carácter de Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, promovió acción de inconstitucionalidad en contra del artículo 322 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el diez de septiembre de dos mil nueve.


Dicho precepto establece lo siguiente:


“Artículo 322.- El que deba absolver posiciones será declarado confeso: 1º. Cuando se abstenga sin justa causa de comparecer cuando fue citado para hacerlo, en cuyo caso la declaración se hará de oficio, siempre y cuando se encuentre exhibido con anterioridad al desahogo de la prueba el pliego de posiciones; 2º. Cuando se niegue a declarar; 3º. Cuando al hacerlo insista en no responder afirmativa o negativamente.

En el primer caso, el juez abrirá el pliego y calificará las posiciones antes de hacer la declaración.”



SEGUNDO. El promovente de esta acción estima que las disposiciones legales impugnadas son violatorias de los artículos 1º, 6º y 7º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.


TERCERO. En los conceptos de invalidez en síntesis adujo, lo siguiente:


  1. En el primer concepto de validez sostiene que el artículo 322 del Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal es violatorio del artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos al no contemplar los casos en los que existe una justificación para no declarar en la prueba confesional.


Que el artículo 1º de la Constitución Política, establece que todo individuo gozará de las garantías que la misma otorga, prohibiendo todo tipo de discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.


Señala que el constituyente ha reconocido la igualdad como un derecho fundamental de todos los individuos de nuestro país. Por lo tanto, en aras de que el mismo sea respetado, se creó la prohibición de todos los tipos de discriminación que atenten contra la dignidad humana y anulen o menoscaben los derechos y libertades de las personas.


Que se debe de entender que bajo el principio de igualdad se encuentra el derecho a ser tratado de forma diferente cuando las circunstancias son distintas, de lo cual se desprende que las normas emitidas por los órganos legislativos deberán salvaguardar el derecho a la igualdad en esta otra concepción.


Que, en su opinión, el precepto impugnado realiza una discriminación por indiferenciación, pues tiene por confesa a todas aquellas personas que se abstengan sin justa causa de comparecer cuando fueron citadas para hacerlo, cuando se nieguen a declarar o cuando al hacerlo insistan en no responder afirmativa o negativamente.


Que el legislador debió tomar en consideración aquellos casos en los cuales ciertos individuos cuentan con una excusa que justifica su incumplimiento al mandato legal, como es el caso de los abogados, consultores técnicos y los notarios, respecto de los asuntos en los cuales hubieran intervenido y tengan información que deban reservarse para el ejercicio de su profesión; los ministros de cualquier culto, con motivo de las confesiones que hubieran recibido en ejercicio del ministerio que presten; y las personas o servidores públicos que desempeñen cualquier otro empleo, cargo, oficio o profesión, en virtud del cual la ley reconozca el deber de guardar reserva o secreto profesional.


  1. En su segundo concepto de invalidez aduce que el artículo 322 del Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal es violatorio de los artículos 6º y 7º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues al no excluir a los periodistas del cumplimiento de la obligación normativa de absolver posiciones, en virtud del secreto que su profesión demanda, viola el derecho a las libertades de expresión y de información.


Que debe hacerse una especial mención en el caso de los periodistas, respecto de los cuales es bien sabido que como consecuencia de la ética que exige el ejercicio de su profesión se encuentran impedidos para revelar sus fuentes, lo cual está íntimamente relacionado con las libertades de expresión e información.


Señala que la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su artículo 13, establece que todo individuo tiene derecho a la libertad de expresión, este mismo derecho está previsto en los artículos 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; IV de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.


Que de igual manera, el artículo 8 de la Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión señala que ‘todo comunicador social tiene derecho a la reserva de sus fuentes de información, apuntes y archivos personales y profesionales’, siendo uno de los pilares en el desarrollo de la labor periodística, lo que hace evidente que cualquier afectación a este derecho también lo es a la libertad de expresión.


Aduce que lo anterior ya ha sido motivo de análisis de la Comisión de Derechos Humanos en la Recomendación General No. 7, sobre las violaciones a la libertad de expresión de periodistas o comunicadores.


Que la violación de los derechos humanos de los periodistas no sólo acontece a la luz del derecho penal, sino que el acoso también se puede dar en el ámbito del derecho civil, como sucedió en la Recomendación 57/2009, que alude el acoso judicial contra un medio de comunicación como una forma de judicializar la libertad de expresión y el veto publicitario del gobierno federal como un método de castigo a los medios de comunicación por su línea editorial.


Que la situación especial del derecho a la libertad de expresión y su relación con el derecho a la información fueron ya analizados por la Suprema Corte, en el Amparo Directo en Revisión 2044/2008, el cual fue resuelto por la Primera Sala de dicho Tribunal el 17 de junio de dos mil nueve.


Finalmente arguye que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación debe recordar la trascendental función del periodismo en virtud de su íntima relación con el derecho a la libertad de expresión y derecho a la información. Apoya su argumento en la tesis cuyo rubro es el siguiente: “LIBERTAD DE LA PRENSA”.


CUARTO. Mediante proveído de catorce de octubre de dos mil nueve, el Presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente acción de inconstitucionalidad, a la que por razón de turno le correspondió el número 66/2009 y designó al M.J. de J.G.P. para que actuara como instructor en el procedimiento.


Por auto de quince de octubre siguiente, el Ministro instructor admitió la acción relativa y ordenó dar vista a la Asamblea Legislativa y al Jefe de Gobierno, ambos del Distrito Federal, los que respectivamente emitieron y promulgaron la norma impugnada, para que rindan sus respectivos informes dentro del plazo de quince días hábiles, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de dicho acuerdo.


QUINTO. Las autoridades emisora y promulgadora de la norma general impugnada, al rendir sus informes manifestaron en síntesis lo siguiente:


  1. Asamblea Legislativa del Distrito Federal (Presidente de la Mesa Directiva de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, V Legislatura)


  1. Respecto a las causales de improcedencia señala que no es válido que el promovente...

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