Sentencia de la Corte Suprema de Justicia. 17-08-2011 (CONTRADICCIÓN DE TESIS 261/2011)

EmisorSEGUNDA SALA
PonenteLUIS MARÍA AGUILAR MORALES
Sentido del falloEXISTE LA CONTRADICCIÓN DE TESIS.-DEBE PREVALECER CON CARÁCTER DE JURISPRUDENCIA EL CRITERIO SUSTENTADO POR ESTA SEGUNDA SALA.
Sentencia en primera instanciaDEL DÉCIMO CUARTO CIRCUITO (EXP. ORIGEN: R.F. 199/2009),PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO (EXP. ORIGEN: R.F. 269/2011-4742))
Tipo de AsuntoCONTRADICCIÓN DE TESIS
Número de expediente261/2011
CONTRADICCIÓN 126/200/-SS

CONTRADICCIÓN DE TESIS 261/2011

Suscitada ENTRE EL primer Tribunal Colegiado en materia administrativa del primer circuito y EL Tribunal Colegiado en materias penal y administrativa del dÉcimo cuarto circuito.



PONENTE MINISTRO luis maría aguilar morales.

SECRETARIO AURELIO DAMIÁN MAGAÑA.



México Distrito Federal. Acuerdo de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación correspondiente al diecisiete de agosto de dos mil once.


V I S T O S; Y,

R E S U L T A N D O:


PRIMERO. Mediante oficio número 652-C-IV/2011, recibido en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el ocho de junio de dos mil once, el Secretario del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, remitió testimonio de la resolución pronunciada por ese órgano jurisdiccional, al resolver la revisión fiscal RF-269/2011-4742, con el objeto de que se resuelva la posible contradicción de tesis denunciada en dicha resolución por ese órgano colegiado, en relación con el criterio sustentado por el Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Cuarto Circuito, al resolver la revisión fiscal 199/2009 (foja 1 del presente toca).


SEGUNDO. Mediante oficio número SSGA-VIII-24940/2011, de diez de junio de dos mil once, el Subsecretario General de Acuerdos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, envió el oficio de denuncia y anexos al Secretario de Acuerdos de la Segunda Sala, por tratarse de un asunto en materia administrativa competencia de ésta (foja 16 del presente toca).


TERCERO. Por acuerdo de quince de junio de dos mil once, el Ministro Presidente de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ordenó formar y registrar la contradicción de tesis con el número 261/2011; a fin de integrar el presente expediente solicitó a los órganos jurisdiccionales contendientes diversas constancias relacionadas con la denuncia de contradicción de tesis (fojas 17 del presente toca).


CUARTO. En auto de veintisiete de junio de dos mil once, el Presidente de la Segunda Sala de este Alto Tribunal, tuvo por cumplimentado lo ordenado por esa Presidencia en el proveído mencionado en el resultando anterior; declaró la competencia de esta Segunda Sala para conocer de la posible contradicción de tesis sustentada entre los órganos jurisdiccionales contendientes; ordenó dar vista al Procurador General de la República, por el plazo de treinta días, para que por sí o por conducto del Agente del Ministerio Público que designe, si así lo estima pertinente, exponga su parecer; y, encontrándose el asunto en estado de resolución, lo turnó al señor Ministro Luis María Aguilar Morales (fojas 128 y 129 del presente toca).


QUINTO. El treinta de junio de dos mil once, el Subsecretario de Acuerdos de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación certificó que el plazo de treinta días concedido al Procurador General de la República, transcurre del uno de julio al veinticinco de agosto de dos mil once (foja 134 del presente toca).


El Agente del Ministerio Público de la Federación formuló pedimento a través del oficio número DGC/DCC/853/2011.


C O N S I D E R A N D O:


PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Federal; 197-A de la Ley de Amparo; 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos Segundo y Cuarto del Acuerdo General 5/2001, aprobado por el Tribunal Pleno el veintiuno de junio de dos mil uno, ya que el tema sobre el cual versa la contradicción se refiere a la materia administrativa, cuya especialidad corresponde a esta Segunda Sala.


SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis debe estimarse que proviene de parte legítima.


El artículo 197-A de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales establece que podrán denunciar la contradicción de tesis sustentada por Tribunales Colegiados de Circuito en juicios de amparo de su competencia, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el Procurador General de la República, los mencionados Tribunales o sus Magistrados, o las partes que intervinieron en los juicios en que tales tesis hubieran sido sustentadas.


En el caso, la denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, en razón de que fue formulada por los Magistrados integrantes del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que emitieron uno de los criterios que se denuncian como opositores.


TERCERO. Con el propósito de establecer si existe o no contradicción de tesis denunciada, se estima conveniente transcribir, para su posterior análisis, las consideraciones en que se apoyaron las respectivas resoluciones de los Tribunales Colegiados contendientes.


El Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver la revisión fiscal RF-269/2011-4742, en sesión de veintiséis de mayo de dos mil once, consideró, en la parte que interesa, lo siguiente (fojas 5 vuelta a 9 vuelta del presente toca):


“QUINTO.

(…)

De los razonamientos expuestos por la recurrente se advierte que no es materia de la litis en este recurso que desde de la fecha en que se decretó la firmeza de la sentencia de veintinueve de mayo de mil novecientos noventa y nueve, emitida por la sala del conocimiento en el juicio de nulidad 9821/98, a aquella en que se diligenció el mandamiento de ejecución de tres de octubre de dos mil cinco, transcurrieron los cinco años a que hace referencia el artículo 146 del Código Fiscal de la Federación, pues tal evento es aceptado por la propia autoridad en sus agravios.

Lo que está a debate es la circunstancia de que, a juicio de la recurrente, es factible que se interrumpa el plazo de prescripción en los casos en que, no obstante que hubieran transcurrido cinco años, la autoridad lleve a cabo con posterioridad una gestión de cobro que no sea impugnada por el contribuyente, pues este hecho implica la pérdida para hacer valer en vía de acción o de excepción la actualización de esta institución.

(…)

El artículo 146 del Código Fiscal de la Federación regula la institución de la prescripción de créditos fiscales a cargo de los contribuyentes de la manera siguiente:

‘Artículo 146. (Se transcribe).'

Del numeral transcrito se advierte que el plazo en que se actualiza la institución de la prescripción es de cinco años y se cuenta a partir de que pudo ser legalmente exigido, supuesto que, interpretado conjuntamente con el diverso 2190 del Código Civil Federal, permite afirmar que un crédito fiscal es exigible cuando conforme a derecho no puede rehusarse su pago.

Por otro lado, de la norma en estudio también se desprende que el plazo de prescripción es susceptible de ser interrumpido, entre otros supuestos, cuando el acreedor gestiona el cobro de la deuda, o bien, en el caso en que el deudor la reconozca expresa o tácitamente.

(…)

Retomando lo que establece el artículo supratranscrito, la declaratoria de prescripción de los créditos fiscales puede hacerse de oficio por la autoridad fiscal, o bien, a petición del contribuyente; además, prevé la posibilidad de que estos últimos puedan solicitar la declaratoria de prescripción en vía acción, como también pueden hacerla valer en algún medio de defensa, vía excepción.

Aplicando lo anterior al caso se llega a la conclusión de que no le asiste razón a la inconforme, pues al haber transcurrido el plazo de prescripción ello implica, necesariamente, que la facultad que tenía la autoridad de exigir el pago del crédito fiscal se hubiera extinguido por el simple transcurso del tiempo, es decir, la prescripción del crédito fiscal cuyo pago requirió la demandada no está sujeta a que alguna autoridad, sea administrativa o jurisdiccional, decrete que al haberse consumado el plazo de cinco años ha prescrito la citada facultad, sino que basta que dicho plazo haya transcurrido para que esa institución jurídica se actualice.

Lo anterior se robustece con el propio texto del artículo 146 del Código Fiscal de la Federación al establecer, por un lado, que los créditos fiscales se extinguen ‘… por prescripción en el término de cinco años…’ y, por el otro, que dicho plazo se interrumpe ‘…con cada gestión de cobro que el acreedor notifique o haga saber al deudor o por el reconocimiento expreso o tácito de éste respecto de la existencia del crédito...’, pues esto implica que para la prescripción de un crédito fiscal sólo se requiere que hayan transcurrido cinco años de forma ininterrumpida.

De esta manera, aun cuando la actora no hubiera impugnado un acto de ejecución una vez que transcurrió el plazo de prescripción, tal hecho no puede tener como efecto interrumpir un lapso que ya se había extinguido, porque considerar lo contrario atentaría contra la lógica y la naturaleza de esa institución jurídica que, como se anticipó, salvaguarda los principios de seguridad y certeza jurídicas, que se ven reflejados en el establecimiento de un plazo que limita el ejercicio de la facultad de cobro.

Además de conformidad con el artículo 146 del Código Fiscal de la Federación, el plazo de prescripción sólo podrá...

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