Sentencia de la Corte Suprema de Justicia. 21-06-2012 (CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 11/2011)

EmisorPLENO
PonenteLUIS MARÍA AGUILAR MORALES
Sentido del falloPRIMERO. Es parcialmente procedente y parcialmente fundada la presente controversia constitucional. SEGUNDO. Se sobresee respecto de los actos de aplicación impugnados por la parte actora, en términos de lo precisado en el considerando segundo de este fallo. TERCERO. Se reconoce la validez del artículo 64, fracción XXI, párrafo segundo, de la Constitución Política del Estado de Baja California Sur, contenido en el Decreto número 1883, mediante el cual se reforman y adicionan varios artículos, fracciones y párrafos de ese ordenamiento y de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Baja California Sur, en términos de la interpretación conforme contenida en el considerando décimo de la presente resolución; así como la validez de los artículos 93, fracción I, de la propia Constitución y Segundo Transitorio del referido Decreto, acorde con lo establecido en los considerandos décimo primero y décimo segundo, respectivamente, de este fallo. CUARTO. Se declara la invalidez del artículo 64, fracción XXI, párrafo primero, de la Constitución Política del Estado de Baja California Sur, contenido en el Decreto número 1883, mediante el cual se reforman y adicionan varios artículos, fracciones y párrafos de ese ordenamiento y de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Baja California Sur, en las porciones normativas que indican: “soberana y discrecionalmente” y “soberanamente”. QUINTO. Publíquese esta sentencia en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en el Diario Oficial de la Federación y en el Periódico Oficial del Estado de Baja California Sur.
Número de expediente11/2011
Sentencia en primera instancia )
Tipo de AsuntoCONTROVERSIA CONSTITUCIONAL

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 11/2011.

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 11/2011.

ACTOR: PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR.


MINISTRO PONENTE: luis maría aguilar morales.

SECRETARIO alejandro manuel gonzález garcía.



México Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al veintiuno de junio de dos mil doce.


V I S T O S; y,

R E S U L T A N D O:


PRIMERO Por oficio recibido el uno de febrero de dos mil once, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Humberto Montiel Padilla, quien se ostentó con el carácter de Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Baja California Sur, promovió controversia constitucional en la que demandó la invalidez de los actos que más adelante se precisan, imputados a las autoridades que a continuación se señalan:


1.- Autoridades demandadas: a) Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Baja California Sur, así como Secretario General de Gobierno de la Entidad. b) XIII Ayuntamiento de Mulegé, VI Ayuntamiento de Loreto, XIII Ayuntamiento de Comondú, XIII Ayuntamiento de la Paz y X Ayuntamiento de los Cabos, todos del Estado de Baja California Sur.


2.- Actos cuya invalidez se demanda: La aprobación promulgación, autorización y publicación, respectivamente, del Decreto número 1883, mediante el cual se reforman los artículos 64, fracción XXI, primero y segundo párrafos, y 93; se adicionan los artículos 92, 93 Bis y 99 Bis, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Estado de Baja California Sur y, se adicionan un segundo y tercer párrafos al artículo 5º y un artículo 11 BIS a la Ley Orgánica del Poder Judicial de dicha entidad, así como su aplicación y consecuencias.


SEGUNDO. Antecedentes. El actor hizo coincidir el contexto de su pretensión, sin más, alrededor de la emisión del decreto que controvierte, cuya entrada en vigor, a su entender, deja de lado los principios constitucionales de autonomía e independencia que tutela el artículo 116, fracción III, de la Constitución Federal constitucional.


TERCERO. Conceptos de invalidez. En la demanda inicial, el Poder promovente sostiene, esencialmente, que el decreto impugnado carece de validez constitucional porque:


a) En el procedimiento legislativo que le dio origen no se respetaron los artículos 14 y 16 constitucionales, en tanto que en el desarrollo para su aprobación no se incluyó la participación del Poder Judicial del Estado, como lo exigen los artículos 64, fracción XVII, 97, fracción XII, y 166 de la Constitución Local, al tratarse de una materia que incidía en la administración e impartición de justicia, concretamente lo relativo a la elección, remoción y reelección de los magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Baja California Sur.


b) Su aplicación, materializada a través del oficio signado por el Presidente de la Diputación Permanente del Segundo Periodo de Receso del Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la XII Legislatura al Congreso del Estado de Baja California Sur, recibido el trece de enero de dos mil once en la Secretaría General del Pleno y la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia de esa Entidad, por el que se requiere diversa información relacionada con el procedimiento de reelección en su cargo de magistrado, acarrea la transgresión de los artículos 14 y 16 constitucionales, al haberse emitido sobre la base de normas inconstitucionales y, en consecuencia, por una autoridad incompetente.


c) La facultad reconocida en el artículo 64, fracción XXI, reservada al Congreso del Estado para que de manera soberana y discrecional resuelva respecto a la elección, remoción y reelección o no de los magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Baja California Sur, provoca de manera directa la alteración del sistema de división de poderes, al permitir la intromisión clara de un poder ajeno en la organización y funcionamiento de la actividad del Poder Judicial Local y, en consecuencia, la transgresión de los principios de autonomía e independencia judicial que consagran los artículos 17 y 116, fracción III, constitucionales.


d) El carácter soberano y discrecional con el que se califica a la facultad del Congreso Local para resolver sobre la elección, remoción y reelección o no de los magistrados del Tribunal Superior de Justicia de esa Entidad, rompe de tajo con la fundamentación y motivación que conforme al artículo 16 constitucional debe imperar en ese tipo de actos y, al mismo tiempo, vulnera el artículo 116, fracción III, de la propia norma federal.


e) La inatacabilidad con que se califica a las decisiones del Congreso Local en los ámbitos descritos, eliminando la procedencia de recursos o medios de defensa ordinarios o extraordinarios en su contra, contradice el artículo 73 constitucional, que sólo faculta al Congreso de la Unión a fijar los supuestos sobre la procedencia o no de los medios de control constitucional a través de las leyes reglamentarias relativas.


f) Carece de fundamentación y motivación, al no tener razón práctica o social que lleva a sostener su legalidad.


g) El esquema previsto en su artículo 93, concretamente por cuanto a la fijación del término de doce años en el ejercicio del cargo de magistrado como supuesto de retiro, causa perjuicio a quienes antes de su entrada en vigor se encontraban ratificados en el cargo de mérito y gozaban de inamovilidad, no pudiendo regirse por ese nuevo sistema, pues de lo contrario se incurriría en una aplicación retroactiva de la norma.


h) El artículo Segundo Transitorio se traduce en una ley privativa, la que, derivado de la excepcional situación particular de su nombramiento, redujo el plazo para exhibir elementos de convicción tendentes a demostrar su eficaz desempeño en la función para los efectos de su reelección, a diferencia de los que acontece en la generalidad de los casos, siendo que, además, omite señalar el tiempo en que deberá resolverse al respecto.


CUARTO. Artículos constitucionales que se aducen violados. Los preceptos 14, 16, 17 y, 116, fracción III, y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.


QUINTO. Admisión y Trámite. Por acuerdo de tres de febrero de dos mil once, el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente controversia constitucional, a la que le correspondió el número 11/2011 y, por razón de turno, designó al Ministro Luis María Aguilar Morales para que instruyera el procedimiento y formulara el proyecto de resolución respectivo.


Mediante proveído de cuatro de febrero siguiente, el Ministro instructor admitió la demanda de controversia constitucional, en donde tuvo como autoridades demandadas únicamente a los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Baja California Sur, así como al Secretario General de Gobierno de esa Entidad, a quienes ordenó emplazar para que formularan su respectiva contestación. Igualmente mandó dar vista al Procurador General de la República para que manifestara lo que a su representación correspondiera.

SEXTO. Por escrito de catorce de febrero de dos mil once, recibido en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Poder actor amplió la demanda en contra de los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Baja California Sur, así como del Secretario General de Gobierno de dicha Entidad, respecto de actos que calificó de supervenientes, concretamente el dictamen de evaluación emitido el once de febrero de dos mil once por la Comisión de Asuntos Políticos del Congreso Local, donde se determinó su no reelección como Magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Baja California Sur, así como sus efectos, como podría ser el nombramiento de un nuevo magistrado para ocupar su cargo.


Después de hacer algunas consideraciones personales alrededor de la perjudicial trascendencia del decreto reclamado, por cuanto a la situación de ciertos Magistrados del Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Baja California Sur, el promovente reiteró los motivos de invalidez desplegados en la demanda inicial, ahora en relación al dictamen de evaluación controvertido.


En ese sentido añadió que dicho acto, que propiciara su no reelección en el cargo de magistrado del órgano en mención, se había emitido en un procedimiento en el que no se habían respetado los artículos 14 y 16 constitucionales, en donde, además, lejos de satisfacerse la fundamentación y motivación exigida para ese tipo de actos, se había acudido a elementos subjetivos, así como a medios de convicción ilegales y sin eficacia jurídica (incluso obtenidos de modo ilícito y en violación a una suspensión obtenida en diversa instancia); lo que a fin de cuentas se traducía en una vulneración de los artículos 17 y 116,...

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