La sentencia de Amparo Indirecto 355/2021 emitida 41 por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en relación con la prisión preventiva oficiosa
| Fecha | 01 Septiembre 2023 |
| Autor |
41
Doctrina
La sentencia del Amparo Indirecto
355/2021 emitida por la Suprema Corte
de Justicia de la Nación, en relación con
la prisión preventiva ociosa
Juan Antonio Castillo López*
Resumen:
Cuando la Corte realizó el estudio para resolver el juicio de amparo indirecto nú-
mero 355/2021 respecto de la prisión preventiva ociosa, retomó los criterios de
varios organismos internacionales que han manifestado su desacuerdo para que se
siga implementando esa gura jurídica en nuestro país, por transgredir los derechos
humanos de presunción de inocencia y el de libertad personal. Para tal efecto, la
Corte elaboró una argumentación contraria a los criterios jurisprudenciales vigentes
y al artículo primero constitucional, que son explícitos al establecer que si aparece
una restricción expresa al ejercicio de los derechos humanos, se deberá respetar lo
que indica el texto constitucional.
Abstract:
When the Court carried out the study to resolve the indirect amparo trial number
355/2021 regarding informal preventive detention, it took up the criteria of several
international organizations that have expressed their disagreement with the
continued implementation of this legal gure in our country, for violating the human
rights of presumption of innocence and personal f reedom. For this purpose, he made
an argument contrary to the current jurisprudential criteria and the rst article of
the Constitution, which are explicit in establishing that if an express restriction
appears on the exercise of human rights, what is indicated in the constitutional text
must be respected.
Sumar io: Introducción / I. Marco teórico / II. La averiguación previa / III. La
carpeta de investigación / IV. Inconsistencias de la resolución de la Suprema Corte
de Justicia de la Nación en el Juicio de Amparo Indirecto en revisión 355/2021 / V.
Tesis jurisprudenciales / VI. Opiniones de organismos internacionales / VII. Prisión
preventiva, restricción especial / VIII. Presunción de inocencia / IX. Conclusiones /
Fuentes de consulta
* Doctor en Derech o, Profesor-Investigador del Depart amento de Derecho, UAM-A.
42 alegatos, núm. 115, México, septiembre-diciembre de 2023
Introducción
Para abordar el estudio de la prisión preventiva debemos tener muy presen-
te el marco teórico utilizado por el juez que la impone para comprender sus
alcances. Al respecto, existen dos marcos de esta naturaleza. El primero, se
aplicaba con la integración de la averiguación previa realizada por el Minis-
terio Público, que necesariamente debía de cumplir con las características
de ser objetiva, minuciosa y metódica, originada en el proceso penal deno-
minado mixto y tradicional que data de la Constitución de 1917. El requisito
importante era tener por acreditados el cuerpo del delito y la posible respon-
sabilidad del indiciado para dictarle el auto de formal prisión. El segundo
marco teórico nace con las reformas integrales que proporcionaron las bases
para crear el sistema procesal penal acusatorio del 18 de junio de 2008. En
este sistema, el Ministerio Público realiza una carpeta de investigación en la
que presenta pruebas y argumentos fehacientes, objetivos y minuciosos que
expongan de manera motivada y fundada que se cometió un hecho señalado
como delito grave sancionado con pena privativa de libertad y que exista la
probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión para
imponerle la prisión preventiva justicada o de ocio.
Doctrinariamente, el trabajo ministerial debe ser aportado con estricto
apego a derecho y respetando los derechos humanos, las garantías constitu-
cionales y los tratados internacionales, y con fundamento en el artículo pri-
mero constitucional, su ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo
en los supuestos y condiciones que la Constitución reconozca. De tal manera
que al aparecer una restricción constitucional de carácter especial, como lo
es la libertad personal, la presunción de inocencia y el derecho pro persona,
de forma eminentemente excepcional se deberá dictar la prisión preventiva
con fundamento en el segundo párrafo del artículo 19 constitucional por los
delitos ahí enlistados.
Esto fue, en su momento, determinado por criterios jurisprudenciales que
indicaban que las restricciones constitucionales al goce y ejercicio de los dere-
chos y libertades deben prevalecer sobre la norma convencional sin dar lugar
a emprender algún juicio de ponderación posterior. Y que, en este supuesto,
los órganos jurisdiccionales no se debían abstener de ejercer sus facultades al
impartir justicia, inhibirse de aplicar los principios constitucionales o las res-
tricciones que prevé la Constitución; concediéndole a la norma fundamental
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