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Proyecto de decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

Fecha de presentación:31 de Julio de 2013
Estado actual:Concluida Art. 219
Tipo de iniciativa:Modificaciones a leyes existentes
 
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Iniciativas de Ciudadanos Legisladores

De la Sen. Ana Gabriela Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, la que contiene proyecto de decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

SE TURNÓ A LAS COMISIONES UNIDAS DE GOBERNACIÓN Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA DE LA CÁMARA DE SENADORES.

CONCLUIDA POR EL ACUERDO DE LA MESA DIRECTIVA, PARA LA CONCLUSIÓN DE LAS INICIATIVAS QUE NO HAN RECIBIDO DICTAMEN. (03-11-2016)

Ver Sinopsis Español:

Propone sancionar y vigilar la relación, con aspectos de gobernabilidad, que los funcionarios, empleados o personal de gobierno tienen al entrar en contacto con infantes y adolescentes se encuentre bajo el cuidado de respetar sus derechos humanos irrestrictamente.

La iniciativa adiciona una fracción al artículo 47 que refiere las obligaciones de los servidores públicos para establecer que todo servidor público deberá abstenerse de maltratar física, verbal, psicológica o emocionalmente a un menor de edad.

En materia de sanciones la iniciativas establece que cuando la inhabilitación se imponga como consecuencia de un acto u omisión que implique lucro o cause daño y perjuicios, será de un año hasta diez años si el monto de aquéllos no excede de doscientas veces el salario mínimo mensual vigente en el Distrito Federal, y de diez a veinte años si excede de dicho límite. Este último plazo de inhabilitación también será aplicable por conductas graves de los servidores públicos, y cuando infieran maltrato físico, psicológico, verbal o emocional a un menor de edad.

Sen. Ana Gabriela
Guevara Espinoza

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE REFORMAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDAD DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. (VS MALTRATO INFANTIL).

La Suscrita,ANA GABRIELA GUEVARA ESPINOZA,Senadora de la República, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en esta LXII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que me confiere el artículo 71 fracción II, de laConstitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,y los artículos 4, 8, numeral 1, fracción I, 164 y 169, delReglamento del Senado de la República,me permito someter a la consideración de esta Soberanía, la presenteINICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE REFORMAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS,al tenor de la siguiente:

E X P O S I C I Ó N D E M O T I V O S

En el mes de julio del presente, ocurrió un suceso en el Ayuntamiento de Centro en Tabasco, que fue difundido con la expansión y rapidez que las tecnologías de la información y las redes sociales permiten. Se trata de un video en el que se aprecia a un niño tirando dulces en la calle ante la mirada de un sujeto con gafete. Un funcionario municipal descubre a un niño vendiendo cigarros y dulces en la vía pública. En el video se aprecia al menor llorando mientras tira su mercancía a la calle; sólo cuando termina de vaciar la canasta el funcionario lo deja ir, pero se lleva los cigarrillos. El niño fue identificado como Manuel "N", tiene 10 años y es un estudiante huérfano de origen tzotzil. Es originario del Paraje Romerillo, San Juan Chamula, Chiapas. Vive con su tía María Díaz Díaz y vendía dulces en la calle para obtener recursos mientras estaba de vacaciones. El funcionario que se observa en el video, es Juan Diego López Jiménez, trabajador del ayuntamiento Centro, adscrito a la Coordinación de la Zona Luz. De acuerdo a la nómina de Juan Diego Jiménez López, su cargo no es inspector sino electricista, aun así agredió de manera verbal al vendedor menor de edad.

Gracias a la velocidad y amplitud de las redes computacionales el caso generó atención nacional y se convirtió en un suceso que propició reacciones inmediatas gracias a la presión de las redes sociales y los medios de comunicación. A las pocas horas el ayuntamiento publicó un comunicado para informar que el funcionario había sido separado del cargo y ya se preparaba el despido definitivo. Las entidades públicas, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tabasco y la Comisión Nacional de Derechos Humanos intervinieron en el caso. Tal es el comunicado de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el 26 de julio del presente. Ahí se informa que, “por instrucciones de su presidente, el doctor Raúl Plascencia Villanueva, se inició una queja de oficio y atrajo el caso de un menor de edad que fue agraviado por un servidor público del Ayuntamiento de Centro en Tabasco. Se trata del caso ocurrido en la capital del estado de Tabasco, donde un servidor público obligó a un menor de edad, de origen indígena, a tirar al suelo los dulces que ofrecía, para vender, en una canasta y se apropió, al parecer, de unos cigarros que llevaba con el argumento de que los estaba vendiendo un menor de edad. Desde el momento en el que los medios de comunicación dieron a conocer el hecho, personal de este Organismo nacional acudió al lugar para buscar a la víctima y recabar testimonios. Asimismo, personal de la oficina regional en la entidad se puso en contacto con la Comisión Estatal de Derechos Humanos que había iniciado ya un expediente de queja. La Comisión Estatal informó que al desconocerse el paradero del menor, solicitó la colaboración de la Procuraduría del Menor y la Familia del estado de Tabasco a fin de investigar en dónde está hoy el menor que, se dijo, había regresado al estado de Chiapas, lugar en el que nació. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha planteado, en reiteradas ocasiones, la necesidad de que la sociedad y las autoridades de los tres ámbitos de gobierno sumen esfuerzos para preservar la integridad personal, la seguridad y el pleno ejercicio de los derechos humanos de la niñez mexicana y ha hecho hincapié en que resulta inaceptable toda forma de violencia contra los menores, en especial contra los indígenas que constituyen uno de los grupos de la población más vulnerables de nuestro país. Esta Comisión Nacional investigará el caso y dará seguimiento a las pesquisas que hagan, la Procuraduría del Menor y la Familia y demás autoridades de Tabasco, a fin de proteger a la víctima, y en su momento determinará lo que a derecho corresponda.

Estamos en tiempos en donde la velocidad y la libertad de las redes sociales han creado fenómenos sociales insólitos que escapan de la administración informativa que generaciones anteriores de ciudadanos no experimentaron. Sucede así que, gracias a ello, las instituciones de gobierno y diversas estancias reaccionan a velocidades insospechadas para sumarse a la presión ciudadana y responder a la legitimidad de las demandas; sin embargo este suceso posee una riqueza mucho más amplia de significados que describe la calidad política y cultural del sistema mexicano. En primer lugar el hecho, ya acostumbrado en esta sociedad de desigualdad, de que un niño venda dulces en vía pública. De sólo esta imagen se desprende ya una calificación del sistema que genera, sistemáticamente, cientos de miles de infantes vendiendo en la calle, ejerciendo una actividad que se tiene por retributiva como limpieza de parabrisas, o apostando por el entretenimiento, en el mejor de los casos cuando no se trata de otras actividades degradantes para los infantes.

El suceso fue atendido y como colofón una institución del gobierno estatal ofreció una beca, antes se buscó a la parentela del niño y se presentaron las posiciones de diversos actores políticos; sin embargo este suceso dice mucho más, entre ello la vigilancia que practican los funcionarios municipales o delegacionales del comercio informal que en nuestro país generan millonarias entradas producto de la extorsión o el permiso para vender; segundo, que los funcionarios que están eventualmente en contacto con la realidad social no están preparados para tratar con los grupos vulnerables, que son, en muchos casos, quienes recurren a la venta pública informal. Tercero la evidencia de los gobiernos municipales, muchos de los cuales, se sirven de los trabajadores de diversas áreas a atender áreas de cuidado extremo, como el caso que nos ocupa y cuarto, la opción hacia la informalidad que es una opción, casi siempre la última, de conseguir dignamente, -aunque ilegal mientras se esté fuera de los grupos corporativos de ambulantaje muchas veces asociados a las corruptelas de gobiernos-, una retribución. Y cuarto, la falta de una legislación adecuada o inoperante en los términos de maltrato infantil.

Cuando se trata de presentar una iniciativa se tiene la costumbre de presentar diversos recursos argumentales que representan una influencia positiva para que los plenos camarales acepten materializar una ley. Tal es el caso, en este ejemplo de las diversas legislaciones que se tejen alrededor de una propuesta; sin embargo, esta propuesta de iniciativa tiene un cimiento de legitimidad poderosa, se trata de sancionar fuertemente a funcionarios públicos que ejerzan cualquier tipo de maltrato hacia los infantes, se encuentren en la instancia gubernamental en que se encuentren. Los...

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