Iniciativa Legislativa del Sen. Armando Ríos Piter, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones del Reglamento del Senado de la República, para regular la recepción y tramitación de Iniciativas Ciudadanas., de 28 de Febrero de 2013

INICIATIVA POR LA QUE SE REFORMA DIVERSAS DISPOSICIONES DEL REGLAMENTO DEL SENADO DE LA REPÚBLICA PARA REGULAR LA RECEPCIÓN Y TRAMITACIÓN DE INICIATIVAS CIUDADANAS.

El suscrito, Armando Ríos Piter, Senador integrante de la LXII legislatura del H. Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que me confieren los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 8 numeral 1, fracción I, 169 y 171 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta asamblea la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA DIVERSAS DISPOSICIONES DEL REGLAMENTO DEL SENADO DE LA REPÚBLICA PARA REGULAR LA RECEPCIÓN Y TRAMITACIÓN DE INICIATIVAS CIUDADANAS , misma que se presenta en conjunto con la Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para regular la recepción y tramitación de Iniciativas Ciudadanas; siendo la presente una consecuente reglamentación de las disposiciones superiores que en ella se contienen; al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El pasado 21 de febrero, las senadoras y los senadores a la LXII legislatura, tuvimos el honor de atestiguar la presentación de la primer iniciativa ciudadana que, fruto de la reforma política de 2012, expresa una renovada relación del ciudadano con sus representantes y fortalece el pacto socialal establecer canales directos y efectivos de comunicación entre el pueblo y el gobierno.

Este importante vínculo, que en muchos otros aspectos de la vida pública se nota desgastado o francamente roto, constituye un orgullo del Poder Legislativo y particularmente del Senado, que ha logrado mostrarse como una Cámara abierta a la ciudadanía y sensible de sus necesidades. Esa es la imagen que se esforzado en construir el Grupo Parlamentario al que represento y más particularmente, la que mi obligación moral me dicta por la alta responsabilidad que en mi han confiado los ciudadanos.

En este sentido, la iniciativa ciudadana cumple además con el propósito de llamar nuestra atención sobre un tema de la mayor importancia, que es la necesidad de instrumentar el ejercicio del derecho reconocido al ciudadano, dando reglas claras al actuar del legislador en la tramitación de las iniciativas ciudadanas que le sean presentadas. La iniciativa que desde ahora tenemos como pendiente de dictaminación, acciona al legislador en dos sentidos: el de establecer el andamiaje que permita a los mexicanos gozar de un servicio público de internet libre, y el de superar las lagunas que padece nuestro orden jurídico interno para dar curso a esa y cualquier otra iniciativa ciudadana que llegue al Congreso.

Bajo esta tesitura considero que las reglas que nos demos no pueden ni deben constituir una camisa de fuerza a un derecho de la mayor trascendencia, que redefine la forma de legislar;por el contrario, nuestra tarea es hacer las reglas tan accesibles al ciudadano como nos sea posible, incentivando la presentación de más y más iniciativas ciudadanas. Si logramos que dentro de poco tiempo la agenda legislativa nos sea definida mediante sendas propuestas ciudadanas,habremos hecho historia.

Quizá esto preocupe o atemorice a algunos de quienes detentan el poder, pero el origen mismo de nuestro pacto social aspira a ello. El hecho de habernos constituido como República Representativa y Democrática, cuyo poder político dimana de la voluntad popular, dicta la capacidad colectiva de los mexicanos para conducir su destino. En este entendido, los poderes constituidos no somos tutores del mexicano ni podemos hablar de una población no emancipada; por el contrario, somos depositarios de la confianza de un pueblo que toma la determinación trascendente de elegir a quienes mejor representan sus intereses y se reserva por tanto el derecho de marcarle el rumbo cuando es necesario.

Así, aparece la iniciativa ciudadana como un mecanismo de democracia directa que permite al ciudadano influir al gobierno, dándole una propuesta particular que por su utilidad social pretende convertirse en un mandato público. La iniciativa ciudadana es en pocas palabras un mandato directo de la voluntad popular.

Asumiendo entonces que el Estado se democratiza sólo si permite que su modernización no sea impuesta, sino colectivamente construida, es decir, surgiendo de o siendo legitimada por la voluntad popular; tenemos que reconocer que hacen falta mecanismos para acercar la democracia a la ciudadanía; para armonizar la voluntad ciudadana y la toma de decisiones públicas.

En este tenor, la presente iniciativa tiene por objeto superar una laguna que hasta cierto punto afecta a las iniciativas ciudadanas. Debe reconocerse que si bien es cierto que ante la ausencia de reglas particulares, debe prevalecer la regla general, por lo que bajo el esquema actual éstas propuestas recibirían el tratamiento de cualquier otra propuesta de similar naturaleza; no menos cierto es que la regla general deja sin resolver importantes cuestionamientos -que abordaré en los próximos párrafos- que si bien pueden ser resueltos mediante acuerdos parlamentarios, no garantizan las mismas reglas para todos los que ejerzan el mismo derecho.

El primer gran planteamiento que debe resolverse estriba en la naturaleza de la iniciativa, pues a partir de ello podemos definir su tramitación. La iniciativa ciudadana es cualitativamente distinta pues...

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